Isidoro Yescas / Dudas que matan

Oaxaca, Oax. 13 de diciembre de 2010 (Quadratín).- El gran reto que tiene el gobernador Gabino Cué para preservar la credibilidad y el liderazgo político que se ganó a pulso como opositor al viejo régimen es, por supuesto, gobernar para todos, sin exclusiones ni revanchismos, y acatar fielmente el mandato ciudadano de combatir a fondo la corrupción, el tráfico de influencias, la ineficacia, el abuso de poder y la impunidad que tanto dañaron el tejido social de Oaxaca.
No es una tarea fácil pues, como ya se ha observado en los primeros días de su gobierno, todo proyecto de cambio político requiere no solamente de un nuevo arreglo institucional, sino sobre todo de una nueva cultura política y de un equipo de colaboradores eficientes, honestos y con experiencia en la administración pública.
Las bases de ese nuevo arreglo institucional están resumidas en la iniciativa de reforma del Estado que el jefe del poder ejecutivo ha enviado a la LXI Legislatura, en donde se abordan temas torales para la democratización y la gobernabilidad de Oaxaca. Que tal proyecto se hubiese presentado durante la primera semana de su gobierno habla bien del compromiso asumido por Gabino Cué con los electores y el pueblo de Oaxaca.
Sin embargo, lo que empieza a provocar ruido – que, por supuesto, ha sido bien aprovechado y magnificado por la nueva oposición tricolor y sus aliados-, son los errores de cálculo, el descuido y la falta de oficio político con el que se han conducido algunos de sus colaboradores.

Tres casos ejemplifican esta situación:

Uno, el descuido de la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, para integrar debidamente su expediente, error que nuevamente colocó en una situación ventajosa a la fracción parlamentaria del PRI al poner prácticamente contra la pared a sus homólogos de las otras fracciones. Al final de una larga y atropellada sesión el acuerdo de la ratificación de la funcionaria puso a salvo su permanencia en el cargo, pero no su ética política. Y peor aún: a costa de dañar la imagen del nuevo gobierno.
Dos, las inoportunas declaraciones del director general del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares, al romper públicamente con la sección 59 del SNTE en un intento por congraciarse con laSección 22 del SNTE. La torpeza tuvo que ser corregida rápidamente por el mismo gobernador Gabino Cué al aclarar que su gobierno será respetuoso de todas las expresiones sindicales.
Tres, las prisas del secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para ratificar a 12 funcionarios de la pasada administración, sin antes revisar pendientes y expedientes y proceder a una evaluación de su trabajo y probidad. Tal vez porque Tenorio entró por una puerta diferente a los otros secretarios, o por ingenuidad, lo cierto es que al hacerlo sin el consentimiento del jefe del poder ejecutivo lo que provocó fue la reacción airada de la cúpula sindical, cuyos dirigentes acusaron a Tenorio de solapar a funcionarios corruptos, en su mayoría militantes del PRI.
A través de las redes de internet, llovieron cargos en contra de los 12 funcionarios ratificados por Tenorio Vasconcelos, que luego fueron invalidados para proceder a su revisión caso por caso.

Solo para muestra tres ejemplos:

-Marcelo Fidias Noguera Sánchez, subsecretario de Innovación y Calidad en el gobierno de URO. Junto con Gerardo Flores, subdirector de Programación, Información y Evaluación, y Miguel Ángel Colmenares Martínez, director de Planeación y Desarrollo (14 años en el cargo, según la fuente electrónica), formaron un trío para resolver todo tipo de asuntos personales y políticos, descuidando sus responsabilidades como funcionarios públicos. A estos médicos se les acusa de tráfico de influencias.

-Hugo Luis LLaguno, ha sido jefe jurisdiccional en las regiones de la Sierra, la Mixteca y Valles Centrales. Como coordinador de las Caravanas de la Salud utilizó toda la infraestructura de la SSA para promover y apoyar a los candidatos del PRI. Se le acusa de desvío de recursos públicos.
-José Antonio Correa Argüello, fue secretario Técnico al inicio del sexenio de José Murat. Después ha ocupado diversos cargos administrativos en la SSA. No obstante que los trabajadores de la SSA (no la dirigencia sindical que extrañamente avaló su ratificación) presumen que está involucrado en actos de corrupción, pues sus ingresos y estilo de vida son de un funcionario de primer nivel (abultadas cuentas bancarias, bienes muebles por doquier, con hijos estudiando en el extranjero) permanecerá en el negocio (perdón, la Secretaría) como Subdirector General de Administración y Finanzas.
Y como señalaba al principio de esta columna, para preservar la credibilidad del nuevo gobierno y afianzar su presencia en la sociedad se hace necesario someter a cada funcionario (o aspirante) al escrutinio de las instancias institucionales para evaluar su probidad y capacidades, pero también al polígrafo ciudadano, ese que no necesita de antidoping para evaluar y señalar trayectorias obscuras y conductas negativas que puedan denigrar la imagen del nuevo gobierno. Por lo mismo en el caso de la SSA y de otras secretarías con problemas similares el veredicto de las cúpulas sindicales no debe ser la última palabra.
El polígrafo ciudadano se hace necesario por dos razones elementales: porque para garantizar un buen gobierno (léase: eficaz, honesto y responsable) y gobernabilidad es indispensable fortalecer al poder ejecutivo, pero al mismo tiempo también hace falta definir muy bien el nuevo papel del poder legislativo, y sobre todo, de los legisladores coaligados que hasta la fecha no saben si asumirse como partidos-gobierno, colaboradores y aliados críticos del poder ejecutivo o mantenerse en la vieja línea de la subordinación y, por lo tanto, esperar que todos los asuntos de su competencia los resuelva el jefe del Poder Ejecutivo.