Isidoro Yescas / El factor Copala

Oaxaca, Oax. 6 de junio de 2010 (Quadratín).- Pese a la negligencia gubernamental para otorgarle todas las garantías de seguridad a los miembros de la caravana de activistas de derechos humanos y legisladores de oposición que este 8 de junio marcharán pacíficamente hacia el municipio de San Juan Copala, todo indica que la decisión no será aplazada.
Como se sabe del clima de creciente violencia que se ha vivido en este municipio triqui y en su entorno han dado cuenta no solamente organismos de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional sino también representantes de gobiernos extranjeros y la propia ONU.
No obstante, hasta la fecha, ninguno de los arteros crímenes cometidos en contra de los activistas de la primera caravana ni tampoco el doble asesinato del fundador del MULTI, Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro, han sido esclarecidos.
Tal parecería que frente al clima de impunidad que ha prevalecido y prevalece en la zona de conflicto, en donde los grupos armados del MULT, MULTI y UBISORT se disputan poder político y territorio, ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han podido ahondar en las investigaciones para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables, ni mucho menos han sido capaces de restablecer el orden institucional.
Solo declaraciones, promesas oficiales de que los crímenes no quedarán impunes, pero lo cierto es que los avances en ese sentido son casi nulos.
Y en ese contexto y, por supuesto, con el explosivo ingrediente del factor electoral de por medio, ahora se anuncia una nueva marcha, con nuevos actores que insistirán en
llamar la atención sobre la ausencia de garantías constitucionales en San Juan Copala y la violación de los derechos humanos de sus habitantes.
A insistencia de algunos de sus asesores y del legislador federal del PRI, Manuel García Corpus, el gobernador intentó, apenas iniciadas las campañas electorales de gobernador, someter al Congreso local la aprobación de una iniciativa de ley para crear una Comisión de Paz para la zona triqui. Sin embargo, extrañamente, cuando ya todo parecía encaminado al logro de tal propósito, el proyecto fue detenido bruscamente. Una versión extraoficial no confirmada señaló que quien terminantemente se opuso a la creación de la citada Comisión de Paz fue el líder moral del MULT-PUP, Heriberto Pazos Ortiz. Se ignoran los motivos, pero lo cierto es que a partir de entonces el gobierno del estado se olvidó de la iniciativa de ley, pero tampoco hizo gran cosa para que desde la Procuraduría de Justicia y la Secretaría General se diera curso rápido y eficaz a las investigaciones.
Hoy, a poco menos de un mes de que se lleven a cabo una de las jornadas electorales que más han llamado la atención a nivel nacional, el gobierno del estado o no le interesa o no sabe cómo hacer frente a tan delicado problema que, si se le escapa de las manos, es probable que tenga efectos colaterales de índole electoral.
Pero todo parece indicar que no se dimensiona de esta manera en la sede del poder ejecutivo. Ocupados como están en movilizar todo el aparato gubernamental para hacer proselitismo a favor de los candidatos del PRI, no le han dedicado el tiempo suficiente a un asunto que ya no solamente es competencia del gobierno del estado sino también del gobierno federal.
No es cosa menor lo que está en juego: es el respeto al orden constitucional; es la estabilidad política de Oaxaca, ya de por sí frágil y sometida a prueba nuevamente con el movimiento magisterial; es evitar la pérdida de más vidas humanas.
En fin, es anticipar que para el 4 de junio exista paz y tranquilidad para que los ciudadanos salgan a votar.
Al menos que lo que se busque es precisamente que este tipo de conflictos, o como el magisterial, ahuyenten el voto ciudadano para que la abstención le abre paso al continuismo.