Isidoro Yescas / El viejo poder legislativo no ha muerto

Oaxaca, Oax. 14 de enero de 2011 (Quadratín).- Son ya varios los acuerdos y señales de la LXI Legislatura que apuntan en sentido contrario a que las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PC y PT se comprometieron en el mes de julio cuando suscribieron sus “Diez compromisos por la transición democrática de Oaxaca”.
La misma constitución y vigencia de la coalición legislativa hoy no solo se pone en duda en cada sesión camaral sino que tal pareciera que se enfila hacia su descarrilamiento ante la preeminencia de los acuerdos cupulares y excluyentes que han dado pie a expresiones públicas de desacuerdo de no pocos legisladores. En muy corto tiempo los líderes de las fracciones parlamentarias coalicionistas, sobre todo los del PRD y del PAN, han tomado distancia (en los hechos, no en el discurso) de sus compromisos con la transición democrática y un nuevo ejercicio del quehacer parlamentario para privilegiar prácticas propias del viejo régimen como el cuotismo, la simple y llana distribución de espacios administrativos en el Congreso – descuidando perfiles y trayectoria – y acuerdos con la fracción parlamentaria del PRI que han vulnerado la autonomía municipal y socavado la pretensión de profesionalizar y garantizar la autonomía e independencia del Tribunal Estatal Electoral.
Tan censurable resultó que por acción u omisión, o por las propias limitaciones de la legislación electoral, el Instituto Estatal Electoral abonara las condiciones para el conflicto post-electoral y la ingobernabilidad en cerca de 30 municipios, en su gran mayoría de usos y costumbres, como el acuerdo que tomaron las fracciones parlamentarias de la LXI Legislatura para asumir el nombramiento de administradores municipales como una oportunidad para colocar en dichos cargos a cuadros partidistas. El costo ya está a la vista: frente al desprestigio de los administradores municipales, tan útiles al viejo régimen para controlar municipios, propiciar cacicazgos, y desviar los recursos de los ayuntamientos para fines electorales y personales, ahora la LXI Legislatura y el gobierno del estado se enfrentan a la oposición de 20 municipios (según lo ha reconocido la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro) para aceptar a esos hombres y mujeres designados para presuntamente permanecer tres meses como encargados de los ayuntamientos en conflicto.
En el fondo lo que subyace en ésta oposición es una defensa de la autonomía municipal, pero también el hartazgo de las comunidades hacia determinaciones en donde no se les toma en cuenta y, todavía, se retrasan o difieren sus exigencias de carácter administrativo, agrario y político, trátese de demandas legítimas o enarboladas solo con el propósito de evitar a toda costa la imposición de los administradores municipales.
En el caso de la integración del Tribunal Estatal Electoral y la selección de los magistrados, la fórmula del cuotismo partidista y el intercambio de favores políticos se volvió a imponer sobre cualquier intento para darle vigencia al proyecto de integrar el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral bajo criterios de transparencia, experiencia en la materia e independencia política. No se respetó ni el espíritu de la ley ni el compromiso para democratizar a las viejas instituciones al punto que la mayoría de los diputados del PC, PT y dos del PRD expresaron públicamente su desacuerdo.
Ignoro si el Tribunal Superior de Justicia cumplió al pie de la letra con su parte, pero la Constitución es muy clara en su artículo 261 cuando establece que las ternas de magistrados y suplentes se integrarán previo examen de oposición. Tal requisito no aplicó en la designación de los integrantes del Tribunal Estatal Electoral que presidió Porfirio Sibaja ni en los que le antecedieron porque el mismo texto constitucional facultaba al jefe del poder ejecutivo para hacer los nombramientos. Y esta facultad fue más que suficiente para que las decisiones se tomaran en función de lealtades y compromisos político-partidistas.
Hoy, para sorpresa de propios y extraños, con un texto constitucional que delega en el poder legislativo tal facultad, ocurre exactamente lo mismo, pero ahora inducido por la fracción parlamentaria del PRI y aceptado por una parte de los líderes de las fracciones parlamentarias coalicionistas que se habían comprometido con sus electores a luchar por el cambio, a no interpretar a modo la ley y legislar con sentido social y de Estado.
Malas señales para la transición democrática y ni tan buenas para la simulación porque el gran error de partidos y legisladores que le apostaron al fin del viejo régimen y ahora reculan y se mimetizan es pretender engañar a una ciudadanía despierta y crítica. Más tarde que temprano esa sociedad civil, esa ciudadanía y sus organizaciones, ahora extrañamente pasivas, reaccionarán y harán valer su fuerza y capacidad de convocatoria para que lo nuevo permanezca y se consolide y lo viejo desaparezca.
OTRO MAL EJEMPLO
Obras inconclusas, contratismo, nepotismo, corrupción: ese fue el signo de la administración de la presidenta municipal de Putla de Guerrero, Iraís Francisca González, con un expediente abierto durante el 2008 y 2009 en la Auditoría Superior del Estado por este motivo, de acuerdo a la versión de vecinos de esa municipio inconformes con su designación como Coordinadora del Módulo de Desarrollo (antes delegación de gobierno) del distrito de Putla.

Foto: Archivo