Isidoro Yescas / Juicio político ¿Para qué?

19 de octubre de 2009

11:43

Isidoro Yescas

Oaxaca, Oax. 19 de octubre de 2009 (Quadratín).- ¿Procedería el juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz que ahora es exigido por los partidos de oposición que pretenden conformar una coalición electoral para el 2010?
¿Qué efectos legales y políticos puede tener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que solamente hiciera responsable de los violentos sucesos ocurridos en el 2006 y 2007 al gobernante oaxaqueño y exonerara al ex presidente Vicente Fox y otros exfuncionarios federales así como a líderes de la APPO?
El juicio político no procederá simple y llanamente porque ni en el Congreso Local ni en el Congreso federal los votos de los diputados del PAN, PRD, PT y PC serían suficientes para obtener la mitad más uno de los votos que se requerirían para aprobar tal solicitud.
En la LX Legislatura local los votos de estos partidos suman un total de 15, más uno del PSD otro del PANAL y uno más de PUP arrojan un gran total de 18 votos que corresponden a un número igual de diputados de oposición, aunque nada garantiza que todos votarían a favor del juicio político. Solo el PRI tiene 25 diputados con lo que evitaría cualquier sorpresa en este sentido.
En el Congreso federal la correlación de fuerzas es más cerrada pero en alianza con el PVEM el PRI puede asegurar un total de 258 votos a su favor contra 241 del PAN, PRD, PT, PC y PANAL.
Además, en la comisión y subcomisiones responsables de dar trámite a solicitudes de ésta naturaleza el PRI es mayoría por lo que es muy probable que el asunto ni siquiera se trate en una plenaria.
¿Por qué insistir entonces, y de nueva cuenta como en el 2006, en el juicio político?
Porque es evidente que lo que se pretende es potenciar al máximo el efecto electoral de una decisión de carácter judicial no vinculatoria aprobada por la SCJN y, por otro lado, legitimar las demandas sociales y políticas del 2006.
En menos de tres semanas se inicia formalmente el proceso electoral local y una determinación de la naturaleza tomada por el máximo tribunal judicial del país impactará en mayor o menor medida en la imagen y posicionamiento electoral del PRI así como en el proyecto transexenal del gobernador Ulises Ruiz.
Lo saben sus adversarios políticos y de ahí la andanada de declaraciones de dirigentes nacionales y estatales de los partidos de oposición para pronunciarse por el juicio político y el ejercicio de la acción penal en contra de algunos funcionarios de su gabinete y exjefes policíacos.
Con ello no solamente legitiman- a posteriori- la demanda de la renuncia de URO enarbolada en el 2006 sino que se reivindican con la APPO, la sección 22 del SNTE y todas las organizaciones sociales que protagonizaron el movimiento sociopolítico de entonces y en donde el perredismo oaxaqueño prácticamente se ausentó mientras que el PAN terminó por apoyar la permanencia de URO.
Hoy, ante la posibilidad de construir una coalición electoral amplia y plural que le otorgue a la oposición partidista un mayor grado de competitividad frente al PRI, la demanda de un juicio político representa una vía para sumar y multiplicar apoyos ciudadanos, sobre todo de aquellos sectores sociales y sindicales que, como la sección 22 del SNTE, han sido tradicionalmente renuentes a la participación electoral, pero que para el 2010 parecerían dispuestos a apostarle a un cambio de régimen por la vía de las urnas.
Sin embargo, ni el gobierno del estado ni los priistas a nivel estatal y nacional se han quedado con los brazos cruzados. Repuestos de la sorpresa y luego de un mutismo y acuertelamiento de 24 horas, el PRI-gobierno y sus aliados han empezado trazar un mapa de ruta para medir fuerzas con sus adversarios tanto en los tribunales judiciales como en los medios de información y en el terreno político-electoral.
Un primer nivel de respuesta, del que se han hecho eco legisladores, empresarios amigos y algunos comentaristas de medios nacionales, es poner en duda la imparcialidad y credibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y razón no les falta pues existen evidencias de que en los hechos de violencia registrados entre mayo y noviembre de 2006 no solamente tuvo responsabilidad el Poder Ejecutivo del gobierno del estado sino también los grupos radicales de la APPO y, por omisión, el gobierno federal.
El segundo nivel de respuesta está orientado a movilizar a todo el aparato gubernamental y la estructura partidista a nivel estatal y nacional para salir en defensa del gobernador Ulises Ruiz, por un lado, y denunciar con nombres y apellidos a los exgobernadores, dirigentes políticos, sociales y sindicales que alentaron el conflicto del 2006, por el otro.
Y el primero que salió a enfrentar los hechos ha sido el propio gobernador quien ya puso en claro que no va a solicitar licencia porque, en broma, dice que ni siquiera ha solicitado su licencia de manejo- y que permanecerá en el cargo hasta el 1 de diciembre del 2010.
Y un tercer nivel que resultará indispensable atender será el estrictamente electoral. Un control de daños generados a partir de la resolución de la SCJN estaría obligando al Gran Elector a modificar su estrategia para el 2010, sobre todo en relación al perfil del candidato a gobernador. A la siempre difícil búsqueda del sucesor leal y eficaz ahora debe valorar hasta donde su candidato in pectore que durante buena parte de lo que va del sexenio ha cumplido el papel de Jefe de Gabinete y que ahora despacha en la presidencia del CDE del PRI, debe ser sustituido por otro aspirante que evite el sobrecalentamiento del proceso electoral y ponga nuevamente en riesgo la gobernabilidad de la entidad.
Paradójicamente, el aspirante mejor posicionado en el ánimo del Gran Elector y que inclusive tendría ya el visto bueno de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, ahora podría ser el primer damnificado de una resolución judicial con dedicatoria política para un gobierno incómodo para la Presidencia de la República.
No es cosa menor si se asume que detrás de cada designación política de ésta trascendencia se encuentran una compleja red de intereses económicos, políticos y complicidades personales que no siempre resulta fácil recomponer.
A final de cuentas el mensaje que el presidente Felipe Calderón envió a URO con la resolución de la SCJN es que el adversario a vencer en el 2010 y en el 2012 es el PRI.
Y en el 2010 en Oaxaca estarán en juego no solamente la gubernatura, el Congreso local y 152 ayuntamientos, sino la continuidad de un proyecto de gobierno gatopardiano, excluyente y autoritario iniciado en 1998 o la alternancia partidista que necesariamente deberá ir acompañado de un proyecto político, económico y social para garantizar la transformación democrática de Oaxaca.