Isidoro Yescas / Presuntos implicados

Oaxaca, Oax., 16 de julio del 2011(Quadratín).- ¿Qué lecturas se pueden hacer del procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para colocar en el banquillo de los acusados a más de 30 exfuncionarios de la pasada administración bajo la sospecha de haber quebrantado los recursos públicos de Oaxaca y, en consecuencia, de incurrir en probables delitos que pudieran ameritar su encarcelamiento?
En primer lugar no debe perderse de vista que uno de los factores que más influyeron en el triunfo electoral de Gabino Cué fue el hartazgo ciudadano hacia el abuso de poder y la corrupción a gran escala registrada durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Era vox populi que los hombres más cercanos al exgobernador se habían enriquecido a manos llenas y, por tanto, prácticamente se convirtió en un clamor popular que el nuevo gobierno procediera penalmente en contra de esta cleptocracia.
Durante los primeros meses no hubo señales claras en ese sentido, salvo las intermitentes denuncias periodísticas sobre los saqueos y daños al patrimonio público cometidos por la nomeklatura ulicista y algunos de sus más fieles aliados. Sin embargo, a partir de la detención del extitular de la COTRAN, Gonzalo Ruiz Cerón, el escenario empezó a modificarse radicalmente. Sin tratarse de un pez gordo, su abierta identificación y lealtad con el viejo régimen prendió los focos rojos en las filas del ulisismo.
En segundo lugar, es un hecho que frente a las inercias, resistencias y tropiezos sufridos en varios frentes por el nuevo gobierno era urgente buscar fórmulas de reposicionamiento mediático y político de corto plazo para no concluir el primer año con magros resultados. Y la vía más eficaz para reposicionarse fue agilizar las auditorías abiertas en prácticamente todas las dependencias gubernamentales para de ahí derivar una primera lista de presuntos implicados en diversas irregularidades administrativas que de no solventarse debidamente estarían abriendo paso al ejercicio de la acción penal.
El dilema que ahora enfrenta el gobierno de Cué, y hacia allí se dirige la tercera lectura, es que al abrir el expediente negro del ulisismo y colocar en el banquillo de los acusados lo mismo a conocidos políticos priistas enriquecidos al amparo del cargo público, que a burócratas que solamente siguieron indicaciones de sus superiores, se corre el riesgo de enfrentar un michoacanazo, es decir, que al final de este pleito todos o buena parte de los involucrados en presuntos exonerados o libres por falta de pruebas.
Que esto no suceda será responsabilidad de la parte acusadora y de las autoridades judiciales. Pero al margen de la ruta legal que siga cada caso, lo cierto es que una determinación como la que ya se decidió tomar tiene y tendrá implicaciones políticas y electorales de corto y mediano plazo. Y solo el tiempo y los nuevos escenarios a nivel nacional y local qué magnitud e intensidad.
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