Isidoro Yescas / Reforma Constitucional: Alcances y limitaciones

Oaxaca, Oax. 11 de abril de 2011 (Quadratín).- Fruto de una iniciativa gubernamental y de negociaciones cupulares entre las fracciones de la LXI Legislatura y de éstas con el Poder Ejecutivo, las reformas constitucionales representan un logro sustancial del gobierno de Gabino Cué y un paso trascendental para empezar a transitar hacia un nuevo orden político e institucional, pero no al grado de que pudieran compararse a una reforma constitucional profunda e integral, equiparable a una nueva Constitución Política, o a pretender que con ello se acabará por decreto con las instituciones y la cultura política del viejo régimen.
En estricto sentido, las reformas aprobadas por la LXI Legislatura apuntan fundamentalmente a una reconfiguración parcial del viejo andamiaje jurídico y, específicamente, en lo que se refiere al otorgamiento y reasignación de facultades de los poderes ejecutivo y legislativo, a una relación más armónica e institucional entre los tres poderes, a cambios más de forma que de fondo en los órganos autónomos y a la ratificación y apertura de mecanismos institucionales de participación ciudadana. De ahí que estén ausentes temas tan importantes como la reforma educativa, la equidad de género, el respeto a los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas y el desmantelamiento de las estructurales verticales y antidemocráticas del viejo régimen.
No estamos, entonces, ante una reforma de Estado ni mucho menos frente a una nueva Constitución y, por tanto, resulta exagerado, si no es que pretencioso, compararlo con los procesos y acuerdos que dieron origen a las tres constituciones políticas que ha tenido Oaxaca, la primera en 1825, la segunda en 1857 y la tercera en 1922, vigente hasta ahora.
Además, el contexto sociopolítico y el incipiente desarrollo institucional de antaño no admite una comparación de esa naturaleza.
Sin embargo, estos juicios de valor, intenciones democratizadoras que dieron origen a la iniciativa de ley ni tampoco los trabajos desarrollados por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXI Legislatura para consultar, negociar y reelaborar el proyecto original con la asesoría de expertos en derecho constitucional como el Doctor Elisur Arteaga, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A contrario sensu, sí cabe el reclamo de un proceso lineal y de escasa apertura a la sociedad seguido tanto por el poder ejecutivo como el legislativo para diseñar y aprobar las citadas reformas, así como las tácticas dilatorias y maniobras orquestadas por la fracción parlamentaria del PRI para acotar los propósitos y alcances políticos de la propuesta gubernamental. En ese sentido resulta falso y demagógico el posicionamiento público de dicha fracción que una vez aprobadas las reformas ha pretendido sin éxito alguno autoproclamarse como el artífice de las mismas.
En teoría, las reformas constitucionales deberían abrirle las puertas al nuevo régimen para reestructurar a las viejas instituciones, promover la creación de otras y fomentar una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, sin embargo, y lamentablemente, los escenarios políticos de Oaxaca no apuntan en ese sentido, pues el éxito o fracaso de lo hasta ahora festejado y magnificado por el poder ejecutivo y legislativo seguirá dependiendo en buena medida de la voluntad política e intereses de los líderes y grupos de interés que mantienen el control de los aparatos partidistas y de sus fracciones parlamentarias, así como de la capacidad de organización y compromiso social del círculo rojo del gabinismo.
Y, por supuesto, de la propia respuesta que las citadas reformas encuentren entre las organizaciones sociales y otros actores sociales y políticos.
Por lo pronto, habrá que dejar correr por lo menos otros seis meses para que las nuevas disposiciones constitucionales se traduzcan en leyes secundarias para, enseguida, proceder a la reestructuración de las viejas instituciones y la creación de otras y, finalmente, dar paso a su integración orgánica.
Sin embargo, desde ahora se puede anticipar que los llamados órganos autónomos no serán reestructurados en el corto plazo y una suerte similar pueden correr otras instituciones en donde el viejo régimen está atrincherado.
Y es precisamente en este tipo de acuerdos políticos en donde se corre el riesgo de que los objetivos y metas de la reforma constitucional pierdan fuerza, se acoten o de plano se reorienten en un sentido contrario a los intereses y reclamos de la sociedad.
Que esto no ocurra dependerá en mucho que desde el poder ejecutivo y legislativo se reflexione y asuma que los cambios políticos y sociales que reclamamos los oaxaqueños deben ser resultado de un proceso de interacción permanente entre gobernantes y gobernados y no de acuerdos cupulares.
La fuerza y legitimación del nuevo régimen y las posibilidades del cambio pasan por un nuevo marco constitucional, pero de poco podrá servir tener leyes de avanzada si en la práctica persisten y se reproducen bajo un nuevo discurso los estilos y vicios del pasado reciente.
Y ese es el reto que aún tiene pendiente el gobierno de Gabino Cué para refrendar su compromiso con la sociedad.

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