Isidoro Yescas / Reforma electoral, democracia y medios de comunicación

Isidoro Yescas Martínez *
En el México de hoy, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de los medios de comunicación.
Partidos, candidatos gobiernos e instituciones electorales han sostenido un permanente vínculo con la prensa, radio, televisión y, mas recientemente, con los medios digitales, para difundir sus actividades entre la sociedad y los electores.
Por eso siempre será oportuno y conveniente ventilar la relación de dichos medios con todos los actores de los procesos electorales porque el cumplimiento de la ley nunca estará contrapuesta al diálogo público y a una revisión crítica de los alcances y limitaciones de las disposiciones legales en la materia.
Por eso hoy buscamos compartir con ustedes algunas reflexiones generales sobre las reformas electorales aprobadas en el 2007 y de la nueva relación entre medios, órganos electorales y partidos políticos.
Por principio, entonces, lo que hay que reconocer es que esa apertura y pluralidad que ahora se refleja en la mayoría de los medios de comunicación en el tratamiento de los asuntos político- electorales no tiene más de dos décadas. Para ser más precisos, tiene su punto de inflexión con la elección presidencial de 1988 pues todavía en este proceso, como ya venía ocurriendo con anterioridad, los medios electrónicos, pero todo sobre la televisión con cobertura nacional, otorgaron un trato privilegiado y faccioso al partido oficial.
Según lo documentó en su oportunidad un estudio de la Universidad de Guadalajara, en ese año la televisión destinó el 91.7 de sus espacios noticiosos para difundir las campañas del PRI mientras que los otros partidos ni siquiera alcanzaron el 4 por ciento. (Arredondo, Pablo, Ude G: 1991).
Esta inequidad en el accceso a los medios y el hecho mismo de que la estructura del máximo órgano electoral estuviera todavía bajo control gubernamental, sumado a todas las irregularidades de la elección presidencial que hicieron crisis con la conocidísima “caída del sistema”, se constituirían rápidamente en los factores que dieron impulso a una fuerte corriente de opinión para promover una segunda generación de reformas electorales que se concretaron entre 1991 y 1996.
La lección de 1988 para los medios había sido muy clara: para ganar credibilidad, lectores, radioescuchas o televidentes los medios debían abrirse a todas las expresiones políticas y voces ciudadanas, incorporarse, en síntesis a la naciente pluralidad política de México y eso ocurriría progresivamente en los siguientes años.
Si con la primera generación de reformas electorales aprobadas en 1977 se había otorgado prioridad a un sistema electoral mixto con dominante mayoritario, es decir, la integración de la Cámara de Diputados por 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, facilitando así la consolidación de los partidos de oposición y el surgimiento de nuevas formaciones partidistas, con las reformas aprobadas en la primera mitad de la década de los noventa , pero sobre todo con la de 1996, se avanzó notablemente en la autonomía y fortalecimiento del órgano electoral y en la equidad e igualdad en las contiendas electorales en una doble vertiente: por un lado, mediante la modificación a las reglas y fórmulas para el otorgamiento e incremento del financiamiento público a los partidos políticos y, por el otro, con las disposiciones para ampliar los espacios partidistas y del propio órgano electoral en los medios de comunicación.
Este nuevo modelo de financiamiento permitiría, entonces, junto con las nuevas reglas en materia de medios, que todos los partidos políticos empezaran a canalizar buena parte de sus prerrogativas por este concepto a la compra de espacios publicitarios en la radio y la televisión.
Para tener una idea de los montos recibidos antes y después de la reforma electoral de 1996, solamente basta señalar que en las elecciones federales intermedias de 1997 el monto total del financiamiento público destinado a los partidos políticos ascendió a 2 mil 111 millones de pesos, cinco veces mas que el recibido en 1994.
Y esta cantidad se fue incrementando al punto que para las elecciones del 2006, el monto global se situó sobre 4 mil 171 millones de pesos, de los cuáles, con cifras ya redondeadas, 1 227 millones correspondieron al PRI, 1 129 al PAN, 722 millones al PRD y el resto a los otros 5 partidos políticos ( Woldenberg: 2007).
Bajo estas condiciones los partidos y sus candidatos a cargos de elección popular empezaron a canalizar buena parte de sus prerrogativas económicas hacia los medios electrónicos para la compra de espacios publicitarios. De esta manera para las elecciones del año 2000 poco más de la mitad de dichos recursos se destinaron para comprar publicidad en radio y televisión.
Habrá que precisar que las reformas en materia de medios básicamente estuvieron vinculadas a garantizar una mayor equidad en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, a procurar objetividad en el manejo de la información durante las campañas y a refrendar el respeto a la libertad de expresión.
Bajo estas condiciones, en lo sucesivo, además de la ampliación de las prerrogativas para el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión y la compra de spots por parte del IFE, se institucionalizaron los monitoreos de los noticieros y de los anuncios adquiridos por los partidos en radio y televisión.
Asimismo, se aprobaron un conjunto de lineamientos generales aplicables a noticieros electrónicos, con el visto bueno de todos los partidos y de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, disposiciones que, por cierto, no siempre se habrían cumplido a cabalidad por tratarse mas que nada de un acuerdo administrativa que de carácter legal.
De acuerdo al contenido de las reformas de 1996, solamente los partidos y solo ellos podrían contratar publicidad en radio y televisión, eximiendo de este derecho a terceras personas.
Y fue al amparo de esta prerrogativa, como ya señalamos anteriormente, que los partidos políticos iniciaron la era de las intensas y profusas campañas mediáticas para disputarse el voto del electorado promoviendo así escenarios de mayor competencia y equidad en las contiendas pero al mismo tiempo abriendo una fuerte discusión sobre el alto costo de las campañas electorales.
Esas “terceras personas”, que por ley estaban impedidas para contratar publicidad electoral, no siempre resultaron respetuosas de la norma y en los hechos a algunos actores no les resultó suficiente contratar spots para alentar el voto hacia determinados candidatos sino también para descalificar a otros. Lo que en la elección presidencial del 2006 sucedió con los spots del Consejo Coordinador Empresarial para descalificar al candidato opositor de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, no solamente evidenció el incumplimiento de la norma ya citada sino la necesidad de revisar estas y otras disposiciones electorales para preservar la equidad en las campañas, asegurar la imparcialidad y certeza de los procesos y, por otro lado, acotar la influencia del monopolio televisivo en los procesos electorales.
Los principales cambios que se han originado en México en materia electoral generalmente han estado precedidos de coyunturas de crisis política y, en algunos casos, de inconformidad social. Así ocurrió en 1997 y en 1996 y con las reformas del 2007, calificadas por algunos analistas como de tercera generación, también estuvieron precedidas de este tipo de escenarios.
Tres fueron los grandes ejes o temas sobre los giraron las reformas electorales aprobadas el 13 de noviembre del 2007 y que modificó siete artículos de la Constitución, adicionó el 134 y derogó un párrafo del artículo 97.
La eficacia en el funcionamiento de las instituciones electorales.
El fortalecimiento del IFE y los partidos frente a los poderes informales, y
La gobernabilidad de los procesos electorales fundado en partidos políticos fuertes.
Para el tema que hoy nos ocupa, me detengo en los dos primeros para desarrollarlos con mayor detalle.
En lo que hace al primer eje lo que mas importa destacar por ahora es la facultad que se otorga al IFE para constituirse en “autoridad única” para la administración de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión para destinarlo a sus fines y al de los partidos políticos, tanto en elecciones federales como locales.
Para dar cumplimiento a esta disposición constitucional, en el COFIPE se establece que el IFE se apoyará en un Comité de Radio y Televisión que, entre otras responsabilidades está obligada a elaborar y difundir un catálogo de todas las estaciones de radio y canales de televisión así como su alcance efectivo (artículo 62, incisos 5 y 6).
Asimismo este mismo Comité es la instancia responsable de definir las pautas de los programas y mensajes de todos los partidos políticos en radio y televisión, prohibiendo expresamente a los concesionarios de estos medios “alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Comité,” estableciendo como sanciones la amonestación pública y la aplicación de multas en casos de incumplimiento (artículo 354, inciso f).
De esto último ya el Consejo General del IFE demostró que el duopolio televisivo sigue constituyendo un verdadero cuarto poder en la vida política de nuestra país y que aunque fue evidente que en el mes de enero alteraron por dos días el pautaje de los mensajes partidistas no les fue aplicada ninguna sanción, sino que se optó por la salida de firmar de un acuerdo de colaboración y el compromiso en corto de no reincidir en conductas de esta naturaleza. Sin embargo con otros medios menos poderosos se aplicaron rigurosamente las sanciones previstas en el COFIPE.
En cuanto al catálogo de las estaciones de radio y televisión, ya en la página de internet del IFE aparece publicado, pero valdría la pena conocer de parte de la autoridad electoral si se considera suficiente este mecanismo de difusión o habría que aprovechar los tiempos oficiales de los que dispone el IFE en las estaciones radiofónicas de cada entidad federativa para ampliar su difusión.
La autoridad electoral debería también aclarar por qué no aparecen en el catálogo todas las radiodifusoras y sobre la base de los propios reglamentos y acuerdos que el Consejo General ha aprobado sobre el particular, conocer sus resoluciones sobre los lineamientos aplicables a los medios digitales.
En relación a este punto me parece que existe un vacío de información o escasa comunicación pero el caso es que al menos en Oaxaca ya se están aplicando algunas disposiciones administrativas para regular la publicidad partidista en medios digitales, aun cuando estos no están considerados para tal efecto en el COFIPE y, en todo caso, si existiera un acuerdo expreso en tal sentido lo recomendable sería que se diera a conocer a los interesados.
Por otro lado, me parece que un obstáculo de carácter operativo al que se van a enfrentar las autoridades electorales a nivel local y distrital en la aplicación de estas disposiciones es que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 del COFIPE, los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los niveles local y distrital solamente tienen funciones auxiliares en esta materia.
En todo caso, hay que remitirse a las facultades que se otorgan a los consejos locales y distritales, para “vigilar la observancia” del COFIPE y de los “acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales”, para que a través de estas instancias los concesionarios y propietarios de medios locales y regionales puedan tener un canal de interlocución para así aclarar sus dudas o sugerir, como me parecería lo mas adecuado, acuerdos de mutua colaboración antes del inicio formal de las campañas, sobre la base de que hay que acatar la ley pero también evitar que una incorrecta aplicación de ésta, o de algún reglamento o acuerdo, derive en conflictos de otra índole.
Sobre el segundo eje temático de las reformas del 2007, lo que hay que destacar es la disposición que prohíbe a los partidos políticos, o a terceras personas, contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión, como también para que “ninguna otra persona física o moral contrate propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Este apartado, como se sabe, despertó y sigue despertando los más enconados debates y desacuerdos porque en el mismo están a discusión la libertad de expresión, el acceso y uso de los medios de comunicación y el dinero.
Durante los comicios federales del 2000, 2003 y 2006 más de la mitad del dinero público recibido por los partidos políticos fueron a parar a las arcas de los concesionarios de medios electrónicos, fundamentalmente las televisoras.
En el caso específico de la elección del 2006 el monto fue de poco mas de 2 mil 500 millones de pesos, casi el 70 por ciento de los 3 mil 510 millones que recibieron por concepto de gastos de campaña.
Estos datos explican por sí solos, entonces, la reacción adversa que suscitó en los llamados poderes fácticos o informales la nueva disposición .Y si a esto sumamos la prohibición para que terceras personas, llámense empresarios o simplemente simpatizantes de algún partido político o candidato, contraten propaganda con fines electorales en estos mismos medios, pues casi resultó natural el tamaño de su indignación y condena a lo que se juzgó como un atentado a la libertad de expresión.
Este como otros temas siguen abiertas al análisis y la discusión pública porque están de por medio fuertes intereses económicos y políticos, pero también la definición de un sistema electoral que garantice mayor credibilidad, certeza y que se oriente a promover una mayor participación ciudadana y una relación equilibrada e institucional con los medios de información, sin deferencias para unos, y exclusiones para otros. En síntesis, un sistema electoral, que nos permita a ciudadanos y partidos consolidar nuestra todavía frágil democracia política y electoral.
Con las reformas electorales del 2007 sin duda se registraron grandes avances al limitar el peso del dinero en las campañas políticas, reducir los tiempos de dichas campañas, regular las precampañas y otorgarle mayores facultades al IFE para fiscalizar los recursos de los partidos políticos y ser autoridad única en materia de medios de comunicación.
Sin embargo, en este último punto persisten dudas e inquietudes entre concesionarios y representantes de los medios de información locales y regionales sobre las diversas fases operativas y administrativas de las nuevas disposiciones.
Por ejemplo, en el caso del monitoreo de la información y publicidad generada en precampañas y campañas preguntaría de qué manera se bajan e instrumentan los acuerdos tomados por el Consejo General del IFE a nivel de la junta local y las juntas distritales y en todo esto que papel juegan o jugarán los llamados Centros de Verificación y Monitoreo.
En el caso de los medios impresos: qué acuerdos expresos existen para registrar la publicidad de los partidos políticos y sus candidatos, toda vez que tampoco están regulados en el COFIPE pero sí constituyen un medio de prueba para fiscalizar los gastos de campaña y precampaña partidista.
El foro que hoy han convocado la Asociación de Comunicadores de Oaxaca y la Junta Local del IFE constituyen una buena señal sobre el interés que existe por parte de los representantes de los medios de comunicación y la autoridad electoral para conocer y revisar la nueva legislación electoral y, en esa medida, proponer medidas y acuerdos que le permitan a prensa, radio y televisión informar y publicitar las actividades de precampaña y campaña con la seguridad de que cada una de las partes sabrá cumplir con sus responsabilidades.
Parafraseando a Woldenberg, concluyo mi intervención expresando que de la calidad y eficacia de nuestro sistema electoral y del trabajo de los medios masivos de comunicación dependerá en buena medida la calidad de nuestra democracia.

* Isidoro Yescas es investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IISUABJO), ha sido integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y consejero suplente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este documento fue preparado para el seminario “Reforma y medios de comunicación”, realizado el 27 de febrero de 2009