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Respuestas
Oaxaca, Oax., 19 de octubre de 2011 (Quadratín).- No resultaron suficientes 180 días para que los poderes legislativo y ejecutivo establecieran puentes de diálogo y comunicación intermitentes y eficaces de tal suerte que en este período se pudieran registrar avances sustanciales en la presentación y aprobación de las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales aprobadas por la LXI Legislatura local el 15 de abril del 2011. Y todo parece indicar que tampoco les alcanzará la prórroga de 30 días más para que ambos poderes, o terceros interesados, elaboren, revisen y acudan ante el Congreso local para terminar la tarea o presentar nuevas iniciativas, todas por supuesto derivadas de las reformas constitucionales ya citadas.
El costo de esta negligencia e irresponsabilidad están a la vista: exactamente en el último día del plazo establecido por la LXI Legislatura, no para recibir iniciativas de leyes secundarias sino para ya tenerlas aprobadas, el consejero jurídico del gobierno del estado, Victor Hugo Alejo Torres, se presentó a la sede del poder legislativo para hacer entrega de un paquete de 22 iniciativas de ley.
Los temas: cuatro leyes sobre las relaciones entre el poder legislativo y ejecutivo; seis sobre el poder judicial; cinco sobre los órganos autónomos; tres más sobre mecanismos de democracia directa y cuatro sobre gestión pública.
Pero a la negligencia e irresponsabilidad también se sumó la improvisación: No habían transcurrido 24 horas de la fecha de entrega del paquete de iniciativas cuando trascendió ( y de este suceso dieron cuenta algunos portales informativos) que la Comisión Permanente de la LXI Legislatura se había negado a turnar a comisiones cinco iniciativas. Otras versiones señalaron que lo que en realidad sucedió fue que desde el propio poder ejecutivo se había ordenado retirarlas.
En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que a comisiones ya no llegaron algunas iniciativas, entre éstas la que proponía modificar solamente los artículos 14 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
¿Por qué se rechazaron o retiraron? De una revisión aleatoria de las 22 iniciativas lo que queda claro es que hubo un notable descuido de quién o quienes redactaron los documentos (que para efectos de responsabilidad institucional quién la asumió públicamente fue la Consejería Jurídica) para cuidar la forma y el fondo en la redacción y presentación de algunas iniciativas.
En el caso de la que propone modificaciones al CIPPEO lo más grave ocurrió con el texto correspondiente al cuarto transitorio en donde se faculta al Congreso local para renovar nuevamente el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), no obstante que apenas en el mes de abril el órgano electoral fue renovado en medio de fuertes controversias políticas y legales. Sin embargo en el mismo documento se observan dos anotaciones marginales en el artículo 85 que revelan dudas sobre cómo debió finalmente redactarse este artículo.
En lo que hace a los proyectos de Ley Orgánica del Poder Legislativo y Justicia Administrativa los yerros más visibles tienen que ver con errores gramaticales que van desde el uso incorrecto de las comas hasta la falta de acentos a un buen número de palabras y títulos de capítulos.
Y en donde la pésima redacción solamente provoca confusión es con la Ley del Consejo Consultivo del Estado, sobre todo en el apartado correspondiente a los requisitos que deben reunir los miembros de dicho Consejo y su proceso de integración.
Es muy probable que las prisas y falta de atención al equipo redactor de las iniciativas de ley hubiese provocado que se incluyeran proyectos que estaban apenas a nivel de borradores porque no se puede explicar de otra manera, por ejemplo, que en el caso de la Ley de Participación Ciudadana se hubiese incluido entre el artículo 6 y el artículo 7 la siguiente nota aclaratoria: Tengo duda con este artículo ¿propósito?.
El daño que estos descuidos en la forma y el contenido de las iniciativas de ley ya está hecho: ha vulnerado el profesionalismo de un destacado abogado y funcionario público como es Victor Hugo Alejo, pero también la imagen del jefe del poder ejecutivo, responsable, a final de cuentas, de lo que hasta se ha hecho y dejado de hacer en relación a las reformas constitucionales y sus leyes secundarias. Pero también estos desarreglos evidencian que un tema de vital importancia para modificar el marco legal e institucional del viejo régimen no ha sido ni parece ser un tema prioritario en la agenda de las fracciones parlamentarias que integran la LXI Legislatura. ¿Qué hicieron en los seis meses que se pusieron de plazo para avanzar en ese sentido? Poco o nada.
La salida coyuntural y colateral a todos estos desencuentros e improvisaciones ha sido conceder una prórroga que vence el 13 de noviembre. Y esperemos que para entonces ya se hayan aplicado correctivos a los yerros y omisiones que hemos comentado. Empezando por generar procedimientos que le permitan a la sociedad conocer y participar de estos asuntos que, por supuesto, son de interés público.
TE RÍES Y TE VAS
Impopular como contados ex gobernantes de la entidad, Ulises Ruiz regresó no por la silla que perdió ni para solventar su deuda social, económica y política con los oaxaqueños, sino para respaldar la precandidatura de su amigo y cómplice Hector Pablo Ramírez Puga. El viejo PRI estuvo así de plácemes. Y las fotos no mienten.
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