Isidoro Yescas / Superar inercias, redefinir estrategias

Oaxaca, Oax. 7 de febrero 2011 (Quadratín).- La semiparálisis político-administrativa que vive el poder Ejecutivo, sumado a la exigencia ciudadana para que se castigue a los principales responsables del saqueo del erario público, así como el notable retraso observado en el poder Legislativo para empezar a procesar y debatir el proyecto de reforma política del gobernador Gabino Cué, empiezan a impactar en forma negativa en el ánimo y la percepción de algunos sectores sociales que creyeron y siguen creyendo en la posibilidad de que la alternancia se traduzca en cambios políticos e institucionales de fondo pero también en un nuevo trato entre gobernantes y gobernados.
El problema para el nuevo bloque gobernante es que una de las banderas izadas a toda asta durante la campaña electoral fue el compromiso de librar una lucha frontal en contra del autoritarismo y la corrupción, pero ahora o no ha podido o le ha faltado voluntad para iniciar esta difícil faena de vencer las inercias del viejo régimen.
Esas inercias tienen que ver con lo poco que hasta ahora se ha hecho a nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial para combatir y desmantelar la estructura político- administrativa heredada del priato, es decir, el clientelismo, el uso faccioso y electorero del poder público, la represión- cooptación de liderazgos sindicales, partidistas y sociales y la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
Hasta ahora, en la historia contemporánea de nuestro país, ninguna experiencia de alternancia política ha podido superar este tipo de inercias.
Lo que en el año 2000 se presentó como una gran oportunidad para tal propósito, quedó en una experiencia fallida y la continuidad del PAN en la silla presidencial en el año 2006 ya no representó ninguna garantía para modificar el viejo orden heredado del PRI. Y lo mismo ocurrió con los gobiernos surgidos del PRD o de alianzas electorales encabezadas por el mismo partido en estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
La excepción a la regla, pero sin que necesariamente configure un escenario de un gobierno de transición democrática, ha sido el Distrito Federal.
Es un hecho que en buena parte de estos estados se abrió paso a una mayor pluralidad política y a gabinetes de composición, pero ya no se pudo avanzar de manera sustancial en un nuevo diseño institucional ni mucho menos en reformas constitucionales y una cultura política que sentaran las bases para instaurar la transición democrática.
Y hasta ahora ese es el escenario que se vive en Oaxaca: el gabinete gubernamental es, por su composición, plural, pero desdibujado en perfiles, trayectorias, honorabilidad y capacidades personales y profesionales.
Hay de todo en la viña del señor, pero en el primer y segundo círculo, y sobre todo en el área política y en la administrativa-financiera – las de mayor importancia estratégica para desmantelar la estructura del viejo régimen- no se observa un equipo sólido, coordinado y lo suficientemente experimentado y sensible socialmente para dar respuesta al proyecto político y social del gobernador Gabino Cué , garantizar la gobernabilidad del estado y sobre todo para responder a los reclamos de una ciudadanía y un pueblo ansioso de cambios profundos y de una nuevo trato entre gobernantes y gobernados.
La natural pero no siempre razonada desconfianza que priva en la mayoría de las secretarías de gobierno hacia el personal de confianza y la burocracia administrativa de pasados gobiernos , ha sido “solucionada “ o con el congelamiento de decenas si no es que centenares de empleados de todos los niveles, o con el despido intermitente de personal calificado y su relevo por hombres y mujeres que en muchos casos no cubre los perfiles ni la experiencia para desempeñar un cargo en la administración pública. Y el resultado de este original ajuste burocrático ha sido la virtual parálisis de algunas áreas de la administración pública y la falta de respuesta inmediata a todo tipo de contingencias, pasivo que ha sido magnificado y en ocasiones tergiversado por esa prensa que pretende que las reglas no escritas del viejo régimen permanezcan vigentes.
Por supuesto que también han incidido en esto último el saqueo masivo de documentos administrativos, contables y todo tipo de información relacionada con el quehacer gubernamental realizada con premeditación y alevosía por el ulisiato y la labor de zapa que llevan a cabo funcionarios reciclados de dudosa reputación, pero con una clara identidad partidista y evidente complicidad con grupos de poder y camarillas políticas.
En el flanco de la LXI Legislatura tampoco la coalición legislativa del PRD, PAN, PC y PT (por lo menos formalmente sigue vigente) ha podido superar sus diferencias y, sobre todo, coincidir en una agenda que deje a un lado las improvisaciones, ocurrencias y protagonismos para dar paso a definiciones de fondo con reformas constitucionales que apuntalen la transición democrática. Y estas definiciones necesariamente deben orientarse hacia la discusión en comisiones y con expertos en cada tema del proyecto de reforma política que desde el mes de diciembre del 2010 presentó el gobernador Gabino Cué.
El balance de lo que hasta ahora se ha hecho en la LXI Legislatura no arroja buenas cuentas en este sentido y el problema es que la agenda de la sucesión presidencial y el consiguiente realineamiento partidista puede retrasar aún más la discusión y, en su caso, aprobación de cada una de las reformas propuestas y que tienen que ver con la integración de los órganos autónomos, el fortalecimiento del poder judicial,la Ley de Participación Ciudadana, una reforma administrativa y una nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El primer período ordinario de sesiones de la LXI Legislatura concluye el último día del mes de marzo, es decir, en menos de dos meses. Si para entonces ni siquiera se ha iniciado la revisión y debate, dentro y fuera del Congreso, sobre la iniciativa del ejecutivo, lo más probable es que al iniciarse el segundo período ordinario de sesiones en el mes de junio ya la dinámica de la sucesión presidencial podría estar sepultando los intentos de sacar adelante una reforma política consensada, por principio, entre las fracciones parlamentarias aliadas al gobierno gabinista y, luego, entre éstas y la fracción parlamentaria del PRI.
Es evidente, entonces, que tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, hace falta vencer inercias y redefinir estrategias para consolidar la alternancia y enseguida dar paso a un nuevo diseño institucional que se constituya en el pilar para instaurar un régimen democrático y popular.
Resultaría funesto para Oaxaca quedarnos en el simple relevo de personas en los tres niveles de gobierno o en reformas gatopardianas, pues también contra eso se votó el 4 de julio.

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