Isidoro Yescas/Sociedad y Política ¿Y después de la Guelaguetza?

Oaxaca, Oax., 6 de agosto del 2011(Quadratín).- Concluidas las festividades pagano-religiosas del mes de julio, y colocados de nueva cuenta en la dura realidad oaxaqueña, ahora es tiempo de irse preparando para conocer de las primeras modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, acuerdo que habría de tomar la LXI Legislatura antes de que concluya su segundo periodo ordinario de sesiones. Bajo dicha circunstancia también se esperaría que, derivado de las nuevas disposiciones legales, y sobre todo porque ya se está haciendo tarde para ello, se den a conocer los ajustes y reajustes del gabinete legal y ampliado.
Sin que hasta ahora hubiese cumplido su cometido de asegurar un gabinete de alto perfil y rendimiento, al grado de que sus integrantes estuviesen entregando buenas cuentas a los ciudadanos, la Ley Orgánica aprobada en diciembre del 2010 sufrirá modificaciones sustanciales no solamente en lo que corresponde al tamaño de la administración pública centralizada sino también en lo que hace a las funciones y atribuciones de un buen número de secretarías y órganos auxiliares del poder ejecutivo.
En otras palabras, alguna o algunas de las catorce secretarías podrían desaparecer y algo similar ocurriría con los nueve órganos auxiliares (coordinaciones); pero, al mismo tiempo, también la cirugía significará el acotamiento y/o la ampliación en las atribuciones de éstas. De hecho, ya un primer avance en esta “reorganización” administrativa se operó en los dos últimos meses con el recorte de un tres por ciento del personal de confianza de toda la administración pública estatal, afectando con esta medida, entre otras, a las instituciones educativas del nivel medio superior y superior.
Si bien es cierto que el adelgazamiento y reajuste del aparato administrativo estatal persigue generar ahorros presupuestales, que parecerían de alcance mínimo frente a los mil 600 millones erogados solamente para el 2011 para atender el pliego petitorio de la sección 22 del SNTE, el mar de fondo para modificar la Ley Orgánica es rectificar errores, justificar el fin de los compromisos políticos adquiridos en la campaña electoral y proceder a integrar un gabinete a modo, pero cuidando que los cambios y enroques garanticen eficacia, lealtad y plusvalía político- electoral.
Esa es la ruta a corto plazo trazada por el poder ejecutivo, pues en el legislativo aún no se tiene certeza sobre la estrategia a seguir para darle seguimiento y cerrar con broche de oro el proceso iniciado hace poco más de tres meses con la aprobación de las reformas constitucionales que teóricamente estarían sentando las bases para un nuevo andamiaje institucional. En este caso también el factor tiempo opera en contra de los legisladores aliados al gobierno y del mismo jefe del poder ejecutivo, emplazados como están a concluir en buenos términos lo que hasta ahora constituye uno de los principales logros del nuevo régimen para iniciar, por lo menos formalmente, el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático.
El plebiscito, la revocación de mandato, el referéndum, y todas las figuras de democracia directa incorporadas a la Constitución local, solo tendrán valor real cuando los legisladores aprueben las normas y reglamentos que garanticen su instrumentación a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño. Y esa es la tarea en la que ya debieran estar avanzando.
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