José Cárdenas / Monje Loco. Enchilada placera

MÉXICO, DF. 9 de abril de 2014 (Quadratín).-“Aquí vive el Presidente, pero el que manda vive enfrente”.

Aquella vieja frase del maximato callista –escrita sobre los muros del Castillo de Chapultepec en 1931– se desempolva y cobra vigencia… 83 años después.

Por el momento, no hay duda: en Michoacán, el gobernador constitucional se llama Fausto Vallejo… y el inconstitucional, quien da órdenes a Alfredo Castillo Cervantes.

Vallejo podrá despachar en el Palacio moreliano de Gobierno, pero quien manda en Michoacán es un embajador extraordinario y plenipotenciario de Palacio Nacional.

La insoportable levedad del ser ha esfumado la figura de Vallejo; ese gobernador sólo cuenta para fotos, protocolos de cartón… y taparle el “ojo al macho”; su rol es simular una normalidad institucional en la cual nadie cree a estas alturas.

La caída de Jesús Reyna lo confirma.

Nadie avisó al señor Gobernador de las pesquisas contra su segundo. El Procurador General de la República “usó” a don Fausto; le mencionó una grave urgencia de hablar con el Secretario de Gobierno; envió dos emisarios y un helicóptero a las oficinas… y se lo trajo al DF.

Según confiesa el mandatario michoacano, se enteró –con sorpresa– de la detención de Reyna cuando la noticia fue difundida –el viernes nochecito– en los medios de comunicación.

¿Usted cree que Vallejo nunca sospechó de su valido porque le tenía confianza absoluta, por haber sido un gran operador político en la campaña por la gubernatura… y “colaborador eficiente”?.

A su regreso de un retiro semestral –forzoso por un trasplante hepático– el Gobernador rechazó la renuncia de su interino –al menos de dientes pa’fuera– quien en ese momento contaba con apoyos inconfesables, incluidos –al parecer– cuantiosos caudales de dinero aportados por la cúpula empresarial templaria, con quien solía reunirse, según revela el Procurador General de la República.

Por cierto, Jesús Murillo Karam, adelanta: el caso de Jesús Reyna no es el único…

A propósito, el líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, afirma que en el gobierno michoacano todavía hay “muchos” funcionarios involucrados quienes a río revuelto han solapado el arribo de miembros del Cártel del Golfo y sus enemigos Zetas. La advertencia de los “rebeldes” –quienes resisten a desarmarse hasta en tanto el Gobierno limpie Michoacán de sabandijas– enciende más focos de alerta; son recordatorios de una paz vislumbrada sólo en la lejanía.

Ante el negro panorama las preguntas inquietan: ¿Dónde estaban ayer los agentes del CISEN de Gobernación y la PGR, los comandantes militares y otros funcionarios federales quienes debieron alertar a tiempo sobre el desastre michoacano?; ¿Por qué nadie hizo caso a las denuncias de Luisa María Calderón y decenas de empresarios secuestrados por la extorsión y la violencia?; ¿Por qué el poder federal no se dio cuenta de que esas acusaciones llevaban un sedimento, si no de certeza, por lo menos de verosimilitud?; ¿Cuánto pesaron las necesidades electorales y pleitos políticos por lo cuales se prefirió disimular entonces?

Hoy, separar lo legal de lo ilegal, lo político de lo judicial y poner al alto a quienes tenían el siga, no es algo tan simple como una sabrosa enchilada placera…

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