Día 18. Genaro, víctima de la seguridad nacional de EU
MÉXICO, DF. 17 de julio de 2014 (Quadratín).-A más tardar la semana entrante, el pleno del Senado aprobará las leyes reglamentarias de la reforma más importante ocurrida en los últimos 75 años en materia energética.
Lo que viene en los próximos días tampoco será un día de campo. En su largo y sinuoso camino, la discusión pasará a la Cámara de Diputados, y de ahí, no lo dude, ganarán las calles…
Priistas y panistas cumplen puntualmente el pronóstico y logran imponer mayoría. Los perredistas hacen y harán lo suyo, aunque saben de antemano el resultado de su legítimo reclamo legislativo.
Mientras, quedará pendiente la decisión de la Suprema Corte para avalar o rechazar la controversia planteada por las izquierdas que para frenar la reforma energética por la vía de la Consulta Popular.
Además de la atención merecida por este debate político, que a ratos parece un gran teatro, hemos de vislumbrar el impacto de la reforma, lo que vendrá en el corto y mediano plazo con las nuevas reglas del juego energético.
¿Dónde se concentrarán los primeros beneficios? ¿Cuáles serán las áreas de negocio más lucrativas? ¿Quién y cuándo vendrán a invertir?
Para el periodista y analista financiero Luis Miguel González, director del diario El Economista, hay que mirar dos escenarios, uno geográfico y otro económico.
La reforma energética no va a pegar igual a todo el país. Los estados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua van a ser los ganadores directos, porque las grandes reservas de hidrocarburo no convencional, conocido como gas y petróleo shale (lutita, se le llama en español) se localizan precisamente en esa zona. No son yacimientos tan grandes, sino bolsas más pequeñas que se explotan mediante la inyección de agua a alta presión. Cientos de empresas texanas, la mayoría medianas y pequeñas, vendrán a la caza de ese oro negro contenido en el subsuelo rocoso del norte mexicano. Houston, la capital del mundo petrolero, tiene registradas cinco mil empresas de ese tipo…
“También hay empresas mexicanas que han experimentado en Texas y ahora van a regresar con lo que aprendieron allá. El caso más claro es Grupo Alfa, que ha tenido inversiones constantes en el sur de Texas y ahora buscará repatriarse. Otra empresa que caería este supuesto es Mexichem, que ya tiene un acuerdo con Pemex en materia de petroquímica”, explica Luis Miguel González.
Se da por hecho que la explotación petrolera en “aguas profundas” quedará reservada para empresas petroleras consolidadas, como Chevron, Shell, BP, Petrobras, Repsol, las cuales tienen recursos y tecnología suficiente para embarcarse en semejante aventura.
Con las nuevas leyes energéticas, viene un impacto enorme. La extracción traerá consigo la multiplicación de empresas proveedoras de servicios de construcción, mantenimiento y especialistas financieros, entre otros rubros. Cientos de consorcios, de todos tamaños, operarán alrededor de los centros de explotación… será una especie de multiplicación de “Oceanografías”, reguladas con lupa para evitar vicios, fraudes, corrupción… y “tumores malignos”.
Pero todo eso no sucederá por arte de magia, ni de un día para otro.
Primero, el negocio energético será financiero lo que resta del año y el siguiente. Las nuevas condiciones y las promesas a los grandes capitales, atraerán gran cantidad de recursos a la Bolsa Valores. Los preparativos del nuevo auge petrolero mexicano podrían cuadruplicar el tamaño de nuestro mercado financiero.
Según Goldman Sachs las inversiones mayúsculas harán crecer el Producto Interno Bruto (PIB), es decir la riqueza nacional, hasta en un punto y medio por ciento, hacia 2018 o 2020.
ALTO AL SECUESTRO: Isabel Miranda de Wallace denuncia, como cada mes: “en la presente administración se han cometido cuatro mil 609 secuestros de los cuales cuatro mil 092 fueron registrados en una averiguación previa, los 517 restantes, no”. La activista menciona que sólo en junio hubo 224, 2 por ciento más que en mayo.
En el primer semestre de este año el secuestro se ha incrementado en 56 por ciento comparando el primer semestre de 2013, 72 por ciento del total se cometen en siete entidades: Estado de México (889), Tamaulipas (431), Morelos (419), Guerrero (404), Distrito Federal (305), sin olvidar Veracruz y Michoacán. O sea, que vamos de mal en peor.
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