José Cárdenas / Monje Loco. México indignado

MÉXICO, DF, 7 de octubre de 2014.- Reiteramos: “En Guerrero es un soplo la vida…” La frase no ha sido arrancada de un tango; aplica a la marcha fúnebre que acompaña otra danza de cadáveres.

Aterra el macabro hallazgo en las seis fosas del paraje Las Parotas en la comunidad de Pueblo Viejo.

El estado mexicano no puede ignorar semejante tragedia. A través de la Procuraduría General de la República toma el control para buscar la verdad… y castigar a quien lo merezca. No habrá impunidad, se promete.

Mientras se cumple el rigor de los protocolos judiciales para confirmar lo que se da por hecho, el destino de los 43 normalistas desaparecidos quedó sellado por la barbarie irrefrenable.

La Procuraduría de Guerrero se lava las manos con la sangre de los muertos. Iñaki Blanco Cabrera confirma hechos; revela detalles; avala la denuncia de Uriel Alonso, compañero de los desaparecidos, quien acusó la forma en que policías secuestraron a los normalistas de Ayotzinapa la noche triste del 26 de septiembre. “Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueran los del crimen organizado, nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado”, alega.

Según la verdad oficial, los estudiantes fueron capturados por instrucción del Director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y habrían sido ejecutados por orden de El Chuky, jefe de la banda de los Guerreros Unidos. Los uniformados, no hay duda, respondían a dos amos, el oficial y el oficioso… el “legal” y el criminal.

Siete de los 30 “guerreros” detenidos, señalan a tres decenas de municipales cómplices. Dos de ellos, Martín Alejandro Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, confesaron haber participado en la matanza de 17 normalistas.

Sin duda, el hilo se rompe por lo más delgado.

El gobernador Ángel Aguirre se defiende; dice tener las manos limpias; le carga los muertos al podrido gobierno municipal de Iguala, pero no atina a explicar la lentitud e ineptitud de sus propios subordinados. José Luis Abarca, el alcalde bailador es un prófugo con fuero; apenas se solicitó el juicio de procedencia en su contra; la autoridad estatal le permitió escapar aún cuando todo apuntaba en su contra desde hace diez días.

La masacre de Iguala sólo es comparable en brutalidad a las ocurridas contra migrantes centroamericanos en San Fernando Tamaulipas –2010 y 2011–. De ese tamaño.

Ahora, lo más importante es responder ¿por qué otra vez el crimen impone su ley de fuego?… pregunta simplista en la superficie del fango.

¿Cuál es el interés de acabar así con la vida de casi medio centenar de jóvenes (49, contando a los seis muertos de la noche triste)

¿Qué cuentas pendientes pudiese tener un puñado de estudiantes con el cártel criminal?

Familiares y compañeros de los desparecidos descreen la versión que sólo acredita la matanza a la delincuencia organizada.

No vemos a quién podría beneficiar el salvajismo, salvo que encuadremos los hechos en una perversa venganza política contra el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, justo en vísperas del proceso electoral.

El misterio deberá develarse. Empeñada está la palabra del Presidente de la República. Tarde o temprano sabremos la verdad; el Procurador Jesús Murillo Karam no suele andar por las ramas.

Quedará pendiente, sin embargo, la recomposición del estado de Guerrero aunque nadie quiera aceptar el desmoronamiento de las instituciones… la podredumbre del tejido político.

BORREGAZO: Guerrero duele; hay emergencia. La danza de más cadáveres y la violenta inseguridad endémica obligan a la PGR a ocupar el territorio de ese otro estado fallido. El prestigio del régimen vuelve a estar en juego; las condenas internacionales, lo apremian.

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