Juan Díaz Carranza / ¿Y ellos?

Oaxaca, Oax. 9 de abril del 2012 (Quadratín).- Después del puente vacacional de la semana santa, enfrentaremos 80 días intensos de ofrecimientos políticos. Las campañas políticas son momentos propicios para precisar posturas respecto a la agenda de las prioridades nacionales, siempre y cuando, seamos capaces de quitarnos la venda de los ojos para observar la realidad. Llego la hora de dejar a un lado el párrafo cómodo, la declaración evasiva, y la promesa sin sustento, para dar lugar a reubicar el centro del debate político en torno a los más necesitados. En este caso, dedico estas líneas a los jornaleros agrícolas de nuestro país, que bien podrían representar la brújula de las propuestas políticas en este trance electoral.
Detrás de esa bonanza y del orgullo de los exitosos campos agrícolas del norte y de algunos famosos agroempresarios que exportan granos, frutas y hortalizas se encuentra la denigrante situación que padecen 2.5 millones y medio de compatriotas. Son los jornaleros agrícolas, incluidos los 700 mil migrantes internos provenientes de los estados más marginados de la república, entre ellos Oaxaca (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – ENOE). Que año con año son reclutados como en la época colonial: a través del sistema de “enganche”. Un sistema inhumano que funciona con métodos maquillados de la esclavitud, disfrazado por deudas, por pagos adelantados para asegurar la permanencia del peón, como en las antiguas haciendas donde los capataces se encargaban de disciplinar a los trabajadores que se esfuerzan al máximo y que son retribuidos a destajo. Atrás de las presuntuosas estadísticas de la exportación están los hombres, mujeres, jóvenes y niños que trabajan de 10 a 15 horas diarias, los 7 días de la semana, en condiciones de alto riesgo y sin la protección de la Secretaria de Trabajo ni de los Servicios de Salud. Ante ello, el gobierno mexicano desde hace más de tres décadas viene administrando este fenómeno lacerante, ha optado por sostener este circulo perverso que legítima la injusticia frente a los más pobres. Antes el gobierno se justificaba con la implementación de políticas asistencialistas con un matiz de paliativo; pero hoy, el descaro y la irresponsabilidad de las últimas administraciones panistas han llegado a niveles extremos, quedado nuestras instituciones subordinadas a los intereses de los grandes empresarios agrícolas y las trasnacionales. El gobierno renuncia a su obligación de defender los derechos laborales de los trabajadores y se muestra insensible ante estos actos atroces expresados en la explotación infantil, las extenuantes jornadas laborales, el hacinamiento de los albergues receptores y la exposición a sustancias tóxicas, entre otros.
PAISANOS. A efecto de comprender mejor las circunstancias por las que atraviesan los migrantes jornaleros oaxaqueños –en su mayoría indígenas- tenemos que evaluarlo desde una perspectiva multifactorial: son habitantes de comunidades con los índices más bajos de desarrollo humano en donde no hay oportunidades de empleo, sitiados por nuestra baja producción agrícola, en medio de conflictos agrarios que en ocasiones se expresa con la violencia comunitaria y agravado por la debilidad institucional de nuestros gobiernos locales. Lo anterior, se compone como un elemento que detona ante la fuerte demanda de los contratistas y grandes productores que requieren de trabajadores temporales, pero eso sí, sin regulación laboral de por medio. Estas condiciones que viven miles de paisanos lo experimentan en compañía de sus numerosas familias con las que viajan, abandonando sus comunidades de origen, en su mayoría por periodos de 6 meses en los estados del norte que se caracterizan por su agricultura de exportación. Desafortunadamente la inexistencia de políticas públicas en materia de desarrollo social acrecientan las malas condiciones de nuestros paisanos que no cuentan con educación, seguridad social, ni regulación laboral.
CRUELDADES. La precarización laboral esta ligada a la explotación del trabajo infantil en la agricultura. A lo que el Estado mexicano ha sido omiso e irresponsable al esquivar su responsabilidad y convalidar los abusos de algunos empleadores, quienes para eludir su responsabilidad argumentan que ellos sólo se adaptan a los usos y costumbres de los propios jornaleros que exigen la contratación de sus hijos. Esta argucia es una verdad hipócrita, porque la verdadera solución para los infantes jornaleros estaría en pagar un salario digno y suficiente que permita jefe de familia, alimentar, vestir y otorgar educación a sus hijos. Pero esta brutalidad es convenida porque la familia agrícola sobrevive también, apoyados con el salario que recibe el menor.
Los niños migrantes mexicanos no pueden ni siquiera recibir la educación básica porque no se han trazado los aspectos técnicos que permitan que nuestro sistema educativo sea el que siga al estudiante migrante, y no al revés. Sino se erradica el trabajo infantil estaremos legitimando la violación a los derechos de nuestros niños, condenando a que nuestra población viva en condiciones de miseria y pauperización de manera permanente.
Por lo antes expuesto, pienso que es momento de reevaluar las prioridades nacionales. La responsabilidad de los que plantean un México equilibrado tienen que estar orientadas en el diseño de políticas públicas con un enfoque de justicia y de derechos, y no más acciones asistencialistas que sólo prolongan esta terrible realidad.
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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y maestrante en periodismo.