Juan Díaz Carranza / En ciernes

Oaxaca, Oax. 19 de septiembre de 2011 (Quadratín).- Oaxaca vive una crisis de legitimidad y reconocimiento de sus instituciones. Venimos de un régimen de agravios cometidos desde el ejercicio del poder: crónicas de corrupción, malversación de los fondos públicos, improvisación en las tareas de la gestión pública y la entronización de la impunidad.
No podemos negar que dentro de las bondades inerciales que trajo la alternancia al país están los notables cambios institucionales que hemos experimentado. Se han promulgado 60 reformas legislativas a favor de la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad hacendaria; se han creado instituciones para fiscalizar el gasto público (la Auditoria Superior de la Federación y sus semejantes en las entidades federativas); contamos con organismos encargados de evaluar las políticas públicas, también se introdujo en el texto constitucional el diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación en base a los resultados otorgados; y obviamente una ciudadanía más activa, hoy contamos con organizaciones civiles que le dan seguimiento a quiénes informan y denuncian las deformaciones en el gasto público. Sin embargo, estos esfuerzos se han quedado como políticas aisladas. La razón: carecemos de un sistema integral de rendición de cuentas, la estructura que el gobierno diseñó para la ejecución de sus tareas es enredado y no permite conocer en lo particular el quehacer gubernamental, mucho menos fiscalizarlo.
Un claro ejemplo es lo que sucede en nuestro estado, si bien contamos con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información promulgada en el 2008 -vigente hasta hoy-, que innova en aspectos de transparencia, e incluye elementos de control y medición de los resultados en la gestión gubernamental; este alcance normativo ha jugado un papel testimonial en el comportamiento de la vida pública de Oaxaca. Los diagnósticos hechos desde órganos de fiscalización del gobierno federal, las universidades y la ciudadanía, demuestran que no tenemos un sistema verdadero de rendición de cuentas y menos aún, vamos en el camino correcto. Acá tres razones principales:
UNO. Los alcances conceptuales en la materia se contraponen con acciones retrogradas. No se ha logrado construir una gestión pública alejada de la impunidad, desterrar ese fantasma que aun ronda es tarea primordial de un gobierno de alternancia. Se conserva la idea de que la corrupción y el desvío de los recursos públicos son algo característico de nuestra clase gobernante, nos conformamos con las argumentaciones cuando la incapacidad administrativa para ejercer el erario es notoria. La administración de la entidad no debe descansar en la improvisación, se requiere de un diseño adecuado en las políticas públicas a implementar.
DOS. Somos una sociedad con poca costumbre de respeto a la legalidad y hemos hecho piel para tolerar el uso discrecional del dinero público con fines políticos. La ley en cuestión, no incluye a los partidos políticos como sujetos obligados. La degeneración de la política queda de manifiesto al revisar que la actuación de los institutos políticos es poco honesta, no hay uno que se salve de actos de despilfarro y falta de transparencia. Tradicionalmente se han conducido con absoluta opacidad y cercanos a los esquemas clientelares, la premisa es: dinero a cambio de apoyo político. Ejemplos sobran, ahí está el caso de Antorcha Campesina relacionado con el PRI, o el Frente Popular Francisco Villa con vínculos en el PRD, o la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) ligada al PAN, por citar algunas. Estas organizaciones no se ocupan en transparentar los donativos que reciben, ni declaran reportes financieros de los recursos que le son gestionados, nacieron con el sistema patrimonialista y se resisten a los cambios.
TRES. Esta ley no solo se contrapone a las resistencias políticas y burocráticas de la entidad, sino que le falta incluir aspectos fundamentales de confianza y credibilidad. Es necesario reunir esfuerzos y crear un órgano garante de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información; en el que los comisionados sean ciudadanos para afianzar la independencia en su actuación.
Es una obligación de esta nueva administración impregnarle sentido democrático a la administración pública. El Plan de Austeridad que propuso el Ejecutivo del Estado hace casi un año pareció ser más un catalogo de buenas intenciones que una estrategia con objetivos bien definidos. Lo anterior, porque éste no derivó de un análisis serio respecto a las necesidades de ahorro que requería la administración estatal. No emanó de los excesos en el gasto cometidos por la administración Ulisista, tampoco incluía los rubros de los cuales se podían obtener economías y en que se emplearían los mismos. La ausencia de esa metodología hace que los reportes oficiales de austeridad carezcan de veracidad y abonen a la desconfianza ciudadana. Sin transparencia y rendición de cuentas la oportunidad histórica de la transición a la democracia se nos puede ir de las manos.

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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.