Juan Díaz Carranza / Herida abierta

Oaxaca, Oax., 24 de octubre de 2011 (Quadratín).- En cuanto se publique esta columna estaremos atestiguando la mega marcha de protesta anunciada de los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y del Partido Unidad Popular (PUP), en demanda del avance de las investigaciones del asesinato de su líder Heriberto Pazos Ortiz y otros militantes. El desafío es claro: priorizar las respuestas sobre las iniciativas plausibles y los cambios cosméticos.
No se puede soslayar el contexto en el que arribó esta administración, en medio del dolor, la incertidumbre y del desastre heredado. Se relevó a un régimen de abusos y atrocidades perpetradas desde el poder; dirigentes de gobierno que descendieron el nivel de la actividad política y utilizaron el macabro método de la tortura y la desaparición de sus críticos y opositores; instituciones quebradas porque abusaron de la fuerza para procurar la justicia; una sociedad en duelo, lastimada, ofendida y defraudada. Sin duda, a eso obedece que la reconstrucción del tejido social haya sido el principal compromiso de campaña.
Ante ese amplio catalogo de arbitrariedades ocurridas, el 9 de marzo pasado el mandatario estatal asumió la responsabilidad de esclarecer los hechos de alto impacto sucedidos en la administración anterior que causaron una grave afectación a muchas familias oaxaqueñas. En atención a esas víctimas se creó la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social -organismo dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado-, misma que fue diseñada para coordinarse y acompañarse de una comisión ciudadana que la vigilaría. Al frente de esta fiscalía quedó el abogado Guadalupe Lucas López Figueroa, quien fue dotado de facultades semejantes a las de un ministerio público para conocer de las investigaciones, integrar averiguaciones previas y en su caso ejercer la acción penal correspondiente. Este órgano arrancó con 412 casos de averiguaciones previas relacionados con delitos de trascendencia social entre los que destacan: la serie de brutalidades acontecidas durante el conflicto del 2006, la desaparición de los dos integrantes del EPR, ejecuciones a ex jefes policíacos, los asesinatos a líderes sociales como el citado, entre otros.
MEMORIA HISTÓRICA. Napoleón Bonaparte decía que “cuando no quería que un problema se resolviera lo encomendaba a una comisión”. El emperador francés sostenía que la mejor evasiva de un gobernante ante el reclamo social era administrar el problema montando escenas para satisfacer a los inconformes. No es cuestión de pesimismo, pero nuestros antecedentes y las coincidencias históricas se imponen ante el ánimo optimista.
Esta fórmula napoleónica es perfectamente aplicable a la realidad actual, porque ha sido, y sigue siendo, un artilugio para simular, engañar y empantanar los asuntos espinosos. No tenemos antecedentes exitosos de estas comisiones porque han sido utilizadas como la salida fácil ante la ausencia de voluntad política; basta recordar el fracaso en los tiempos de la alternancia foxista cuando en la euforia del cambio se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que fue creada en 2002 y extinguida en 2007, años en los que no consiguió ninguna sentencia condenatoria por los delitos cometidos en el pasado. Fox le dio la espalda al pasado y con ello a cabo por distanciarse de la ciudadanía al convalidar las tropelías cometidas por sus antecesores. A la vez que dio carpetazo al movimiento del 68, a la violencia de Estado del 71, a las múltiples desapariciones a líderes sociales y opositores al gobierno en los 90´s, a la masacre de Chenalhó, y a la matanza de Aguas Blancas, por citar algunas. Aquella fiscalía costo más de 300 mdp. y su mayor logro fue conseguir una orden de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría, asunto que no prosperó. ¿Nuestra fiscalía podrá al menos librar alguna orden de aprehensión? o ¿Solo será una acción más del manual de comportamiento de los gobiernos de alternancia?
RECONCILIACIÓN. Si bien, tenemos una débil tradición en estos ejercicios reivindicatorios no podemos obviar los motivos: exclusión de las voces de los familiares de las victimas así como de los sobrevivientes, falta de plena autonomía y la ausencia de voluntad gubernamental.
A efecto de ilustrar la propuesta, vale la pena voltear a las comisiones de la verdad que si han funcionado garantizando los elementos anteriores: la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica mediante la que investigaron 34 años de apartheid; o la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Perú que denunció las 65 mil muertes en dos décadas de combate a la guerrilla. No es recomendable aislarnos de la verdad ni reducir los mecanismos que fortalecen la alternancia al tradicional gatopardismo, es momento de rectificar.
En Oaxaca las heridas no han logrado cicatrizar ante la nulidad de los avances en las investigaciones, la dilación aviva y profundiza los agravios. Mientras prevalezca la impunidad; el clima de violencia, la incertidumbre y el desazón terminará por restarle oportunidades a la transición anhelada.

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Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.