Juicio político contra URO sigue vigente: Juan Manuel Cruz

Oaxaca, Oax. 30 de agosto 2010 (Quadratín).- Para el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo, ex procurador de Justicia del Estado, el procedimiento de juicio político en contra el gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, está vigente, y las causales pueden ampliarse, además de las señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista para Quadratín, dijo que la solicitud presentada por el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, la cual fue desechada con ”chicanadas” jurídicas por la Comisión Instructora, y respaldar el supuesto dictamen de “exoneración” por la mayoría priista en el Congreso local, el pasado 10 de agosto, “fue una farsa que tenía como objetivo confundir a la opinión pública”.
Además, se buscaba evitar que más agraviados ingresaran nuevos recursos y pruebas que derivarán en el cese de Ruiz Ortiz, cuyo alcance tendría la privación de su libertad.
El abogado añadió que los diputados de oposición no han estado a la altura de las circunstanciasn para evitar que Ruiz Ortiz siga gozando de impunidad, tanto por sus accionesn como por sus omisiones previas, durante y posteriores a los acontecimientos registrados principalmente en esta capitaln durante el 2006.
“La supuesta exoneración de URO fue avalada directa o indirectamente, por ignorancia o complicidad de los diputados de oposición, quienes terminaron cayendo en el juego del PRI”, apuntó.
El también notario público, precisó que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto de la Responsabilidades de los Servidores Públicos, define en el Artículo 108, a los funcionarios que podrán ser sujetos del procedimiento de juicio político.
Mientras que en los artículos 109 y 110 de la Carta Magna se puntualizan las causales y las sanciones, indicó.
Sin embargo, el ex congresista recordó que la Comisión de Gobernación presidida por el ex gobernador oaxaqueño, Diódoro Carrasco Altamirano, de la VIX legislatura federal, -ahora presidida por el panista Javier Corral Jurado-, fue la instancia que inició el análisis para la procedencia del juicio político, en contra de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz.
“Cuando vieron que sí procedía, entonces, la fracción parlamentaria del PRI argumentó que dicha comisión no tenía facultades investigadoras, por lo que solicitó que el expediente fuera trasladado a la Corte”, comenta.
Apoyado en lo anterior, Cruz Acevedo afirmó que la Corte admitió la solicitud y después de un año de investigaciones, el máximo tribunal del país determinó que el gobernador de Oaxaca, entre otros servidores públicos de su administración, fueron responsables de violaciones a los derechos humanos en el año 2006, razón por la cual el Congreso federal tendría que haber iniciado el procedimiento de juicio político.
“La cámara de diputados federal debe retomar el caso, porque es propiamente de su competencia”, recalcó.
No obstante, indicó que lo procedente sería que se interpusieran las denuncias correspondientes ante las instancias de procuración de justicia, en este caso, la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República.
Lo anterior, porque la resolución de la Corte también configura la comisión de delitos graves por parte de URO y su ”camarilla”.
“Le pueden surgir responsabilidades de índole administrativo y de índole penal. Pero en cualquiera de los casos se tendría que partir de la integración de la Averiguación Previa correspondiente, y si se acredita la responsabilidad penal será la misma instancia la que solicite el desafuero para que pueda ser juzgado por esos delitos, en el caso de que estuviera en funciones”, aclara.