Juicios orales, incentivo para la criminalidad, opina especialista

Oaxaca, Oax. 22 de abril de 2010 (Quadratín).- Los juicios orales resultan ser un incentivo para la criminalidad, pues la facilidad con que quienes delinquen se libran de prisión permite estas condiciones consideró aquí Gabriel Regino García, director académico del Centro de Estudios para la Seguridad y la Justicia.
El integrante de este organismo civil que fue creado para el monitoreo de políticas públicas en materia de seguridad, consideró que con la instrumentación de juicios orales no se disminuye la criminalidad ni se contribuye a la prevención del crimen.
Regino García, quien estuvo en Oaxaca para revisar el proceso de los juicios orales, consideró que este sistema es una imposición a México por los tratados que se tienen con Estados Unidos.
“Estados Unidos no sólo quiere el dominio económico, sino pretende la homologación de su sistema judicial y por eso se está cambiando en México a este proceso, que abre la puerta de la corrupción y la criminalidad”, expuso.
En entrevista para Quadratín consideró que para la sociedad, esta imposición se percibe como impunidad, pues al obviar los procesos y dar prioridad a la conciliación, que en algunos casos es cuestionable, se fomenta la impunidad.
Mencionó que si bien en el Tribunal la idea que se tiene es que con este sistema se abate el rezago judicial y se evitan los juicios prolongados; en realidad no hay justicia, pues una negociación no siempre deja satisfechos a los afectados.
Citó casos como los de Chihuahua y Nuevo León, donde a un presunto responsable de 35 homicidios lo dejaron en libertad durante el proceso por considerar que no había pruebas o un homicida confeso que sólo obtuvo una condena de seis años y medio de prisión.
“La sociedad entiende esto como impunidad, es cierto que el Tribunal no tiene expresamente que ver con el combate a la criminalidad ni a la prevención, pero el proceso que sigue para atender estos delitos, genera condiciones de reincidencia y de incentivo a la conducta delictiva”.
El especialista mencionó que la propuesta que como Centro han hecho respecto de los juicios orales, es que el Estado desarrolle políticas públicas eficaces para disminuir los índices de criminalidad y la prevención del delito, pues también está carente de ello.
Se tiene que ver, consideró, el tema de la seguridad desde los aspectos económicos, sociales y revisar los indicadores alternos como desempleo, farmacodependencia, porque no son entes aislados sino derivan de un mismo conflicto.
También consideró que las entidades, como responsable de la atención de ciertos delitos que atenderán a través de juicios orales –como se considera al narcomenudeo–, deben contar con herramientas alternativas que no dejen en libertad a personas que afectan a la sociedad.