La calidad de vida es la base del desarrollo urbano: Ramírez Marín

México, DF. 24 de marzo de 2013 (Quadratín).- La calidad de vida es la base del desarrollo urbano, afirmó el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, al clausurar la mesa de trabajo “Ordenamiento Territorial” que se llevó a cabo para integrar las propuestas del sector en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El encuentro, organizado por el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas Monroy, se realizó por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, para recabar opiniones de ciudadanos, académicos, expertos, urbanistas, desarrolladores y autoridades, entre otros.
Ramírez Marín aseguró que el diálogo será permanente con los actores sociales y políticos del país, ya que el objetivo del PND es que el Gobierno Federal garantice la calidad de vida de los mexicanos y así enfrentar en mejores condiciones el reto que impone el futuro.
Comentó que el Plan Nacional de Desarrollo derivará en un Programa Nacional de Desarrollo Urbano, de ahí la convocatoria a autoridades municipales y estatales para hablar de vivienda, movilidad e infraestructura.
Destacó que el crecimiento desmedido en 59 metrópolis del país, ha dado como resultado ciudadanos comprimidos entre la regulación que imponen los gobiernos y los espacios que crea el mercado con menor disponibilidad de servicios.
Por su parte, el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas Monroy, expuso que la SEDATU aprovechará los conocimientos de los especialistas en desarrollo metropolitano y ordenamiento territorial.
En los trabajos de la mesa de Ordenamiento Territorial participaron autoridades de la Procuraduría Agraria (PA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y moderada por el Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Jesús Alcántara Núñez, además de académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como arquitectos e ingenieros, y por el Poder Legislativo asistió la presidenta de la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano del Senado de la República, Ana Lilia Herrera.
En opinión del Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, los ejidos y las comunidades agrarias son la célula básica del desarrollo territorial, por lo que existe la necesidad de regularizar más de seis millones de hectáreas en el país.
En el pasado, dijo, las organizaciones campesinas fueron instrumento del reparto agrario, pero la justicia no fue equitativa y en la actualidad la deuda sigue pendiente, por lo que es importante otorgar el patrimonio de las tierras a quienes por años han sido propietarios.
El Director del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, (FIFONAFE), Ricardo López Pescador, insistió en la urgencia de asegurar la paz en el campo, lo que significa atender con una visión integral los retos sociales, demográficos, productivos, educativos y de seguridad pública, “de los 12 millones de indígenas de 62 etnias que habitan en territorio nacional” y del total de los 25 millones de mexicanos que viven en zonas rurales.
La meta es mover a México, lo que implica mover al campo, inyectarle más presupuesto con orden en el territorio para producir más alimentos con valor agregado.
El ex legislador Humberto Roque Villanueva propuso instrumentar programas de conservación de tierras y aguas en ejidos y comunidades, además de administrar mejor los terrenos baldíos y nacionales para un aprovechamiento óptimo.
También recomendó que haya provisiones y reservas territoriales, además de apoyar programas de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.
La magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara, mencionó que 26 millones de mexicanos habitan en el campo y aportan el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es aquí donde la pobreza tiene su peor rostro.
Consideró que con las nuevas reglas del juego, donde destaca la participación de las organizaciones campesinas, se podrá pasar de la legalidad a la legitimidad en la toma de decisiones. Para combatir la pobreza y generar riqueza se requiere certeza jurídica en la propiedad, subrayó.
Por la academia las propuestas fueron expuestas por Sergio Flores Piña, Roberto Eibenschutz Hartman, Francisco Covarrubias Gaytán y Clemente Poon Hung, este último presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, quienes coincidieron en que las políticas de desarrollo deben basarse en dos premisas: la sustentabilidad y la cohesión social.
Pidieron adecuar el marco jurídico y expedir normas nacionales en materia de vivienda y desarrollo urbano, además de considerar el construir viviendas dentro de las ciudades y no fuera ellas como actualmente ocurre; aplicar tarifas para las grandes metrópolis en el pago de los servicios, y atender la escasez de agua.