La conducta de los juzgadores debe ser digna al ejercer sus facultades

MÉXICO, DF. 28 de marzo de 2014 (Quadratín).- Al inaugurar el edificio anexo que albergará juzgados, tribunales y la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Toluca, Estado de México, el ministro Juan Silva Meza refrendó el compromiso indeclinable del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de hacer de cada nueva obra de infraestructura jurisdiccional una inversión de largo alcance en favor de los justiciables y del Estado de derecho en México, «permitiendo a todos un más eficiente ejercicio de nuestros derechos».

Afirmó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) el ejercicio de los recursos públicos en favor de la sociedad se rige por los más altos estándares de racionalidad, eficiencia, eficacia y rendiciones de cuentas.

Al encabezar la ceremonia de inauguración, el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este órgano colegiado, habló de los estrictos controles que en materia de planeación, supervisión y desarrollo de los trabajos lleva a cabo el CJF, mismos que se traducen en edificaciones con alto sentido de servicio.

Se trata de una construcción de vanguardia que cuenta con los sistemas necesarios para generar un ambiente de trabajo productivo y eficiente, reduciendo los costos de supervisión, control, operación, mantenimiento y consumo de energía.

Con esta nueva obra, en el Consejo de la Judicatura Federal refrendamos el compromiso con la obligación invariable de lograr un equilibrio entre los recursos físicos e inmobiliarios con que cuenta el PJF y el desempeño profesional, intachable y objetivo que la sociedad espera de la judicatura federal.

«Los espacios para juzgar y ser juzgados deben estar dignos, como la conducta de los juzgadores al ejercer sus facultades», dijo.

Llamó a los juzgadores y personal de los órganos jurisdiccionales presentes en la ceremonia a no olvidar que los juzgados y tribunales federales son espacios eminentemente públicos que deben tener, entre otras características, la de la hospitalidad para todas las personas que cotidianamente acuden a ellos.

En su oportunidad, el consejero Daniel Cabeza de Vaca reconoció el compromiso asumido por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal en la adopción de políticas públicas de largo alcance para hacer frente a los retos que las reformas constitucionales en materia penal, de juicio de amparo y derechos humanos imponen al PJF.

Esas importantísimas reformas, indicó, que consolidan al Estado de derecho y democrático, al ampliar y fortalecer las prerrogativas a favor del gobernado, suponen un reto mayúsculo para el sistema de justicia mexicano, ya que implican un cambio normativo, organizacional y cultural indispensables para su exitosa implementación.

Así, explicó el consejero Cabeza de Vaca, la política de expansión, fortalecimiento y optimización de la infraestructura física permite al Consejo de la Judicatura contribuir a que la justicia federal sea una realidad accesible, cercana, oportuna, tangible y transparente como lo demanda y merece la sociedad mexicana.

El también presidente de la Comisión de Administración del CJF informó que a fin de cumplir con la reforma penal, en lo relativo a la adquisición de infraestructura, en 2014 el Consejo autorizó 2,077.4 millones de pesos, recursos que se destinarán a la instalación y equipamiento de 44 Centros de Justicia Penal Federal y que deberán estar funcionando en su totalidad a mediados de 2016.

Esos centros concentrarán los órganos jurisdiccionales del Sistema Procesal Penal Acusatorio, es decir  a los juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Penas, así como a los Tribunales de alzada, señaló.

Para cumplir con la reforma en materia de juicio de amparo se acordó la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y aprobó la constitución de 35 salas para que éstos sesionen con infraestructura, mobiliario y equipo de vanguardia.

Cabeza de Vaca enumeró diversas acciones que realiza el CJF en todo el país, entre las que destacan la instalación de las salas de juicios orales mercantiles en Zapopan, Jalisco; los trabajos de mantenimiento en el Palacio de Justicia de San Lázaro; así como en Monterrey, Nuevo León, además de los relativos a la construcción de 80 nuevos órganos jurisdiccionales, entre otras.

Adicionalmente, indicó que la actual administración ha impulsado la gestión integral, moderna, innovadora y transparente en todos los procesos administrativos y jurisdiccionales del PJF, lo que ha traído como resultado la mejora regulatoria y la automatización de procesos, así como la incorporación de medidas de racionalidad, austeridad institucional y rendición de cuentas.

El CJF continuará apoyando de manera decisiva a los juzgadores en el cumplimiento de su misión como garantes de los derechos fundamentales, conscientes en todo momento de que sus resoluciones generan orden, tranquilidad, estabilidad y paz social, concluyó.

Por su parte, la magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza, Coordinadora General de Magistrados del Segundo Circuito con residencia en esta ciudad, subrayó la importancia de que el nuevo edificio concentre en un sólo lugar  todos los Juzgados de Distritoy Tribunales de Circuito de Toluca, lo que sin duda representa un beneficio para los justiciables.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes también los ministros de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, así como los consejeros César Esquinca Muñoa, Manuel Ernesto Saloma Vera, José Guadalupe Tafoya Hernández. Además de jueces y magistrados del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México.

El edifico anexo alberga un Tribunal Unitario de nueva creación, un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, cinco Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales, así como a la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Abarca una superficie de 23 mil metros cuadrados, se compone de seis niveles de oficinas, planta baja y tres sótanos, construido con apego a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como con sistemas que reducen los costos de operación, mantenimiento, consumo de energía, control y supervisión.