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Presenta FGEO ante el MP a 9 personas aseguradas en el Istmo
OAXACA, Oax. 13 de septiembre de 2015.- El 2 de octubre de 2006, la ráfaga de una AK-47 dejó huérfanos a 7 menores de edad y viuda a una mujer que todavía resiente el daño psicológico.
La muerte de Arcadio Hernández Santiago tuvo consecuencias funestas. Sus hijos dejaron de asistir a la escuela y su esposa, ahora viuda, debe trabajar una jornada extenuante para contar con lo elemental.
Arcadio es una de las víctimas del conflicto de 2006 en Oaxaca. Su familia también.
Es el primer caso que la Comisión de la Verdad consignó como ejecución extrajudicial y documentó para tratar de que el Estado repare el daño, no solo en cuanto a lo judicial, sino al patrimonio familiar que se vio afectado ante la falta del padre, principal sostén de la familia Hernández.
QUIÉN ERA ARCADIO
Cuando lo asesinaron, Arcadio cumplía las funciones de topil, asignada por la asamblea comunitaria de San Antonino Castillo Velasco quien desconoció a la autoridad electa y tomó el control de la población.
La comunidad, integrada a la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), había pedido la revocación del mandato de la autoridad municipal en turno, solicitud que no fue atendida.
Arcadio era uno de los nombrados guardias comunitarios, resguardo que hacía sin armas. Su actividad primaria era la de campesino mediero, es decir que sembraba, pero no era dueño de la tierra.
Una biografía de la víctima que obtuvo la Comisión de la Verdad durante la investigación del caso menciona que tres veces por semana acudía a la Central de Abasto para vender su cosecha y obtener recursos.
La gente lo recuerda como un hombre «buena gente», al que le gustaba trabajar, «no era grosero, quería mucho a sus hijos, hacía todo porque no les faltara nada y no tenía problemas».
Aunque no tenía ningún estudio, su trabajo le permitía el sostén de su familia, para la cual rentaba una casa en San Antonino Castillo Velasco.
Según el documento, el finado representó en vida para la esposa y la familia la fuerza y el conocimiento que sostenía la estructura familiar, pues proveía de dinero, afecto, saberes y soluciones a los problemas de la familia.
Sus hijos estudiaban y durante sus tiempos libres apoyaban con el trabajo de campo.
EL IMPACTO DE SU MUERTE
Tristeza, apatía, anhedonia, abulia, llanto fácil, pérdida ponderal, insomnio, preocupaciones recurrentes y ganas de irse, son parte de las consecuencias psicológicas en la esposa de Arcadio.
Nunca tuvo un diagnóstico formal ni la atención médica o psicológica apropiada como víctima. Uno de sus hijos, que tenía 10 años al momento del homicidio, presentó los mismos síntomas y concluyó en la deserción escolar.
Además de la pena por la pérdida, tuvo que enfrentar los gastos del funeral y el cambio de residencia al quedarse sin la tierra para cultivar del cual obtenían el ingreso.
Los hijos abandonaron los estudios y al igual que la esposa debieron trabajar.
La viuda tiene 4 trabajos: 3 como vendedora y 1 como empleada doméstica. Sus horarios laborales son de 8 de la mañana a 7 de la noche, aunque hay días en que entra a las 10 de la mañana y termina a las 12 o 1 de la madrugada.
Aún así, sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades. En ninguno de ellos tiene seguridad social ni prestaciones. Tampoco sus hijos tienen un trabajo estable. El impacto de la muerte de Arcadio, además de la tristeza, es la pobreza.
SOLO HUBO UN ÚNICO APOYO
Dos años después del homicidio de Arcadio, los 8 integrantes de su familia recibieron un apoyo económico por parte del Estado.
A través del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006, recibieron 200 mil pesos el 20 de agosto de 2008.
Fue el único recurso. En 2013, cuando se creó el Fideicomiso Especial de Reparación del gobierno de Gabino Cué, ni la viuda ni sus siete hijos recibieron algún apoyo.
De los 200 mil pesos que recibieron en 2008, compraron un terreno en San Antonino Castillo Velasco, pero la vivienda que poseen es de lámina y con carencias notorias.
En la vivienda no cuentan con un baño, ni con drenaje y alumbrado público.
Para la Comisión de la Verdad, este esfuerzo de reparación fue incompleto:
«No estuvo acompañado de otras medidas, más allá de lo monetario, como el acceso a la justicia, a la verdad sobre los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial del señor Arcadio Hernández, el apoyo en salud mental, con programas de asistencia social y medidas simbólicas y de satisfacción relacionadas con el caso».
SE AFECTÓ SU DERECHO A LA VIDA
La investigación de la Comisión de la Verdad concluye que en el caso de Arcadio se afectó su derecho a la vida por el acto de muerte violenta.
A su familia, sus derechos como víctimas por la negativa de las autoridades a investigar diligentemente el caso, negligencia para identificar a los probables responsables y la negativa, restricción u obstaculizaron par que puedan conocer la verdad sobre el hecho investigado.
Además, la pérdida de ingresos que ha sido suplida con el abandono de los estudios de los hijos y su empleo en diversas actividades, al igual que la esposa.
LA REPARACIÓN QUE PROPONEN
Además de solicitar la detención de 7 presuntos responsables del homicidio, la Comisión de la Verdad requirió la indemnización para la viuda y sus 7 hijos, atención médica y psicológica para la familia, así como servicios legales y sociales que ayuden a la víctima a readaptarse a la sociedad.
Además de una disculpa pública por parte del Estado que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, entre otras medidas.