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Oaxaca, Oax., 01 de septiembre de 2011 (Quadratín).- Con el propósito de salvaguardar el interés supremo de las niñas y los niños oaxaqueños, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó adiciones a diversas disposiciones de los códigos Penal y de Procedimientos Penales de nuestra entidad, relacionado con la sustracción de menores o incapaces, por lo que ahora, esta acción está considerada en Oaxaca como un delito grave.
Así lo dio a conocer la diputada local, Mercedes Rojas Saldaña, quien presentó la Iniciativa por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como la adición de un párrafo al artículo 23 bis A del Código de Procedimientos Penales de nuestro estado.
En entrevista, la legisladora por el Distrito VII con cabecera en Miahuatlán, señaló que esta figura delictiva no se encontraba prevista dentro de la legislación penal del estado, y ahora, en caso de que llegue a configurarse, se estaría lesionando el sano desarrollo físico y mental del menor o incapaz, y por ende, se convierte en un delito grave que será castigado con cárcel y una multa económica.
Por tratarse de un asunto que conlleva salvaguardar en todo momento el interés supremo del menor, garantizando su sano desarrollo psicoemocional, puesto que de una niñez sana depende la formación de mejores ciudadanos, el pleno del Congreso aprobó dicha iniciativa el pasado 10 de agosto del presente año, recalcó la diputada de la fracción parlamentaria del PRI.
Explicó que la reforma propone que se sancione al pariente que, sin limitación de grado, y que ejerce la patria potestad, sustraiga de esta a un menor de dieciocho años o persona incapaz, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente.
También se sancionará a un tercero que sin tener las cualidades específicas del primero y por sus instrucciones, realice la conducta típica que prevé la disposición. Esta legislación prevé una disminución de la penalidad si el sujeto activo devuelve al menor o incapaz dentro de los siete días naturales siguientes a la comisión del delito, señala Rojas Saldaña.
De igual forma, se establece el supuesto para el caso de encontrarse en proceso de divorcio o disuelto el matrimonio, y alguno de los progenitores salga fuera del estado o de país trasladando consigo a los menores hijos o incapaces, sin contar con la autorización expresa de la otra parte o sin orden de autoridad competente, incurre en delito, que será castigado con pena de prisión y multa.
De igual forma se prevé el supuesto para el progenitor que cambie el domicilio señalado para la guarda y custodia de hijos menores fuera del estado o del país, sin que exista consentimiento expreso o por escrito de la otra parte o sin orden de autoridad competente, concluyó Rojas Saldaña.