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OAXACA, Oax. 26 de marzo de 2015.- Los maestros oaxaqueños pretenden tomar las elecciones como moneda de cambio en una negociación con el gobierno federal sobre la aplicación de la reforma educativa, opinó Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su texto, publicado en El universal, considera que si lo consiguen, se sentaría un precedente muy peligroso para nuestra joven democracia.
Este es el escrito que denominó “Guerrero necesita elecciones”:
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos anunciaron que entregarán al INE un documento solicitando la cancelación de las próximas elecciones en Guerrero.
Respaldan así la campaña lanzada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que busca impedir la celebración de comicios en este estado.
La movilización del magisterio disidente contra la celebración de elecciones amenaza con extenderse al estado de Oaxaca.
En su pasada asamblea estatal, la Sección 22 del sindicato de maestros acordó la realización de acciones dirigidas a boicotear el proceso electoral.
Hay una diferencia sutil entre la posición de los maestros disidentes y la de los familiares de los normalistas desaparecidos.
Los primeros llaman a sus afiliados a la acción directa con el fin de boicotear las elecciones. Los segundos, sin condenar el uso de la fuerza y la intimidación para subvertir el proceso electoral por parte de la CETEG y los normalistas de Ayotzinapa, piden a la autoridad electoral cancelar los comicios del 7 de junio en el estado.
Los primeros sustentan el boicot electoral en el interés gremial, como una represalia contra los partidos que aprobaron la reforma educativa. Los segundos aluden al interés púbico; argumentan que en Guerrero no hay condiciones para celebrar elecciones por el clima de inseguridad y violencia, así como la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Por otra parte, condicionan la celebración de elecciones a la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.
Los maestros oaxaqueños pretenden tomar las elecciones como moneda de cambio en una negociación con el gobierno federal sobre la aplicación de la reforma educativa. Si lo consiguen se sentaría un precedente muy peligroso para nuestra joven democracia.
Boicotear una elección no es lo mismo que bloquear una calle como parte de una manifestación para formular una demanda al gobierno.
Al impedir los comicios se trastocaría la propia fuente de legitimidad de la autoridad para luego seguirla presionando.
Por esta misma razón, el argumento de los familiares de los normalistas desaparecidos tampoco se sostiene. Las elecciones no se pueden cancelar. Ninguna autoridad tiene atribuciones para suspender los derechos políticos de la ciudadanía. El INE además tiene la obligación constitucional de garantizar su ejercicio.
Pero las elecciones se pueden anular. La ley prevé causales para revertir el resultado de una elección cuando no se logra instalar un porcentaje significativo de casillas. Si esto ocurriera, sin embargo, las condiciones de Guerrero muy probablemente empeorarían en vez de mejorar. Si las elecciones de gobernador y diputados locales se anularan, el Senado tendría que declarar la desaparición de poderes y nombrar un gobernador provisional a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República.
Un gobierno provisional, nombrado con el fin de mantener el estado de cosas mientras se celebran elecciones, difícilmente tendría la fuerza y la autoridad para combatir las causas de la violencia y desarticular a las bandas del crimen organizado.
Sería un gobierno débil, sin un mandato del electorado, que actuaría necesariamente con una visión de muy corto plazo. En suma, anular las elecciones acentuaría las condiciones que llevan ahora a pedir que se cancelen.