Ley HB 56 de Alabama, xenofóbica y racista: Max Vargas

San Juan Bautista, Coixtlahuaca, Oax., 2 de octubre de 2011 (Quadratín).- “La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, el respeto universal a los derechos humanos y a libertades fundamentales, indudablemente están dentro de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena, por ello la implementación, en el Estado de Alabama, de la Ley HB 56, es una medida de corte racista y xenofóbica”, subrayó el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura del Estado, Max Vargas Betanzos.
Al reiterar su preocupación por la integridad de los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense, el parlamentario se pronunció por el respeto pleno a los derechos y libertades que todo ciudadano de cualquier parte del mundo debe gozar, condenando la ola de temores y las redadas por parte de las autoridades estadounidenses que han motivado la detención, en tan sólo unos días, de al menos 3 mil inmigrantes, de acuerdo, dijo, a cifras proporcionadas por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) y cuyos arrestos fueron ejecutados en el marco de la operación “Cross Check” (Verificación).
Indiscutiblemente, a los estados de la Unión Americana se les reconoce su derecho soberano así como sus procesos de legislación, pero deben basar sus principios en los derechos humanos, porque con la Ley HB 56 se está criminalizando la inmigración. Ante estas medidas, hizo un respetuoso pero enérgico exhorto a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación así como volvió a convocar a los congresos estatales para emitir fundamentos enérgicos y legales en contra de tales disposiciones y hagan uso de las vías diplomática y judicial para detener la aplicación de las disposiciones legales que contienen, insistió, un ánimo de odio racial y no toman en cuenta aspectos socioeconómicos.
Precisó que la migración es un fenómeno mundial permanente y sobre todo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en tanto que México, es un país de emigrantes tanto a nivel interno como externo. En el caso concreto de de Alabama, los legisladores de éste estado, ignoraron, o quisieron ignorar, las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad, así como la importancia que México tiene como cuarto mercado para sus exportaciones.
Respecto a la Unión Americana, añadió, ha requerido de mano de obra la cual ha sido proporcionada de manera legal, por los mexicanos conocidos como “braceros”, y de manera ilegal, por quienes atraviesan la frontera sin autorización, por lo que en ambas modalidades siempre ha sido útil la mano de obra de los latinoamericanos.
Vargas Betanzos lamentó que producto de la equivocada, insuficiente e inequitativa política del gobierno federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), México se encuentra en una endeble economía que obliga a las personas, mayores y menores de edad, a buscar alternativas de subsistencia y desarrollo fuera de nuestras fronteras, por lo cual en el caso específico de Oaxaca, es una de las entidades con mayor índice de población migratoria y dentro de ésta, buena parte es indígena.
En el caso particular de la LXI Legislatura del Estado, con disposición y compromiso del gobernador Gabino Cué Monteagudo, en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y el Gobierno de México como miembro de las Naciones Unidas, estamos por la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Por ello, desde el pasado mes de enero, en apego a los artículos 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó el establecimiento de una Fiscalía Especial Itinerante en atención de delitos en contra de las personas migrantes.
“Las medidas adoptadas tanto en Alabama (en cuya entidad la normativa entró en vigencia el 1 de septiembre del presente año y es una de las más estrictas), en tanto que en Arizona, Utah, Indiana y Georgia, se mantiene suspendida su instrumentación, pero que sin duda alguna, criminalizan la migración, al convertir en delito el albergar a un emigrante, aunque se trate de un familiar, entre otras causales.
El parlamentario oaxaqueño destacó la actitud asumida por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles California y Alabama (CHIRLA), el Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Alabama para los Intereses Hispanos (HICA), la cual agrupa a 39 organizaciones hispanas y de derechos civiles, la Federación de Agricultores de Alabama (ALFA).
Las asociaciones de Productores de Aves y Huevo de Alabama; de Constructores y Contratistas de Alabama; de la Educación de Alabama (AEA), e incluso exaltó el trabajo editorial de los tres principales periódicos de Alabama, “The Birmingham News” “The Huntsville Times” y el “Mobile Press-Register”, quienes criticaron la legislación antiinmigrante al calificarla de “mal intencionada” y “extrema”, así como otras más que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos al condenar y protestar por la política de deportaciones del Gobierno de Barack Hussein Obama por la deportación de familias inmigrantes considerándolas como criminales.