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Mantiene SSPO activo el Plan de Apoyo a la Población en el Istmo
Juchitán, Oax. 25 de septiembre de 2011 (Quadratín).- La Procuraduría de Justicia de Oaxaca y el Ejército Mexicano rescató este domingo seis pipas que ocho trabajadores del Grupo Corporativo UNE tenían retenidas como medida de presión para exigir mayores beneficios.
Por este hecho fueron trasladados en calidad de presentados cuatro personas, que estaban bajo resguardo de esta plantilla de vehículos de propiedad privada.
El grupo de trabajadores liderados por el perredista Héctor Sánchez López, dirigente de una de las fracciones de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) se había posesionado ilegalmente de los vehículos de esta empresa.
En su exigencia al Grupo Corporativo UNE especialista en distribución de hidrocarburos, está la liquidación de estos trabajadores y el pago de algunos viajes, todo azuzado por el ex alcalde juchiteco, Sánchez López, quien ordenó el resguardo de los vehículos en la colonia La Gloria.
Al medio día de este domingo, los ex presidentes municipales Alberto Reyna y Sánchez López, realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, para denunciar lo que ellos llaman hostigamiento en contra de los líderes de la COCEI.
Durante su protesta, se quejaron de que existen órdenes de aprehensión en su contra y señalaron presuntos atropellos por parte de personal del Ejército Mexicano.
Consideraron que esta actitud es una especie de traición a los ejes centrales de transparencia y diálogo promovido por el gobierno de Gabino Cué por la supuesta persecución de que son objeto.
Reyna Figueroa dijo que mientras mantenían una mesa de negociación en la Secretaría General de Gobierno, el Ejército ingresó a sus oficinas en Juchitán el pasado 16 de septiembre y al no encontrar nada, sólo le dijeron perdone usted.
Las órdenes de aprehensión son en su mayoría por invasión de predios privados. Razón por la que fue detenido hace unos meses su hermano, Enrique Reyna Figueroa, quien estaba acusado de invasión de tierras.
En tanto el grupo de Roberto López Rosado, subsecretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, protestó por lo que ellos llaman persecución de la justicia, luego de librarse la orden de aprehensión por el despojo que hicieron en contra de una anciana zapoteca.