Exige Congreso al Ejecutivo atender problemática del agua en Juchitán
Huatulco, Oax. 12 de febrero de 2009 (Quadratín).- La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Laura Ernestina Aguilar Chagoya, confirmó la liberación de tres empleados de base y cinco inspectores de esa dependencia, así como de policías estatales y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que permanecieron retenidos durante mas de 24 horas por lugareños de Santa Cruz Bamba.
Los inspectores federales, apoyados por un elemento de la AFI y siete policías preventivos del estado, habían llegado a esta comunidad costera perteneciente al municipio de Tehuantepec con la intensión de efectuar una inspección a partir de una denuncia sobre la devastación de unas 25 hectáreas de selva baja caducifolia que efectuaba un grupo de aproximadamente 25 personas, dijo a su vez vía telefónica el subprocurador del Medio Ambiente de la Profepa, José Ramiro Rubio Ortiz.
Gracias a las gestiones del gobierno del estado se liberó a nuestro personal, de la preventiva y la AFI; están en buenas condiciones, cansados, picoteados, deshidratados pero en buenas condiciones, no sufrieron maltrato de parte de los pobladores, manifestó este miércoles Aguilar Chagoya en una entrevista efectuada la tarde de este miércoles en Huatulco.
La versión de Rubio Ortiz concuerda con lo señalado por Rodolfo Villavicencio López, subdelegado estatal de Recursos Naturales de la Profepa, quien además aseveró que los hechos se originaron a partir de una orden de inspección que derivó de una denuncia recibida por la dependencia federal por el derribo de arboles y cambio uso de suelo en el paraje denominado El Aguaje del Tío.
Según el funcionario, la tarea de los representantes de la Profepa, auxiliados por los uniformados, era verificar el daño ocasionado por la tala de más de 200 árboles frutales y endémicos, lo que no se pudo realizar porque un grupo de más de 25 lugareños que retuvieron a los visitantes.
Cristian Gerardo García Ramírez, Guillermo Nery Ojeda, Pedro Enríquez Ríos, José Alderete Villegas, Carlos Ventura Pacheco, Fuehenedy Enríquez López, Pablo Rodolfo Ramírez Ramírez y Manuel Alonso Zúñiga son los nombres de los ocho empleados adscritos a la Profepa.
Aguilar Chagoya dijo que el personal a su cargo y los policías no fueron maltratados aunque sí recibieron amenazas durante su retención ocurrida desde la tarde del martes.
Yo creo que no ha de ser fácil que te rodeen personas que tienen machetes, piedras y palos cuando tú solamente vas a cumplir una orden de inspección porque se esta cometiendo un ilícito con el desmonte de mas de 25 hectáreas, añadió.
Luego de hacer un llamado a la ciudadanía para que denunciar dónde se están cometiendo ilícitos de este tipo, aun de manera anónima, en esta ocasión la delegada estatal de la Profepa prefirió no revelar el nombre del quejoso para evitar represalias.
Los pobladores inconformes con la incursión decidieron liberar a los empleados de la Profepa y a los uniformados cerca de las tres de la tarde bajo condición de sentarse a negociar este jueves en la delegación de gobierno de Tehuantepec con funcionarios de los gobiernos estatal y federal, además de autoridades agrarias.
Con el respaldo del presidente del Comisariado Ejidal, Sergio Flores García, los lugareños señalaron como el causante de este problema a Juan Villavicencio, a quien acusaron de pretender apropiarse de unas 200 hectáreas de tierras ejidales en esa zona.
La delegada Aguilar Chagoya aseguró que mientras se dialoga con los pobladores se estableció el acuerdo entre las partes de que también se detendrá el desmonte que abarca hasta ahora unas 25 hectáreas
Escuche La Voz del Pacífico Sur por el 102.3 de FM