Libertad de Magdalena García Soto, condicionada a una circunstancia electoral

Oaxaca, Oax. 8 de junio de 2009 (Quadratín).- Convencida de la inocencia de la profesora Magdalena García Soto y de los otros inculpados en la denuncia que por pederastia presentó Leticia Valdés Martell, Yolanda León Ramírez, directora y dueña del Instituto San Felipe, cuestiona la aplicación de la justicia en Oaxaca y “la actitud tibia” del gobernador Ulises Ruiz.
Dispuesta a responder cada uno de los agravios hechos por la demandante, León Ramírez, quien es además esposa de Hugo Gabriel Constantino García –uno de los supuestos agresores–, señala al Juez que dictó la resolución como “parcial”.
En su hipótesis, la sentencia dictada a la profesora Magdalena García Soto, “es producto de la situación política, al Gobernador no le conviene una sentencia en contrario aún cuando las pruebas refutan los hechos que se reclaman, pues esto iría en contra de su partido”.
Yolanda León asegura no haber cruzado palabra alguna con el gobernador Ulises Ruiz ni tener su protección –como se ha señalado–; sin embargo, le solicita “que no cometa una injusticia en aras de conservar la imagen de su partido”, pues su gobierno, dice, “estará más cuestionado al aplicar la justicia a modo”.
Considera que el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, “omitió la revisión puntual de las conclusiones que presentó la defensa y donde se asienta claramente que lo dicho por la señora Leticia Valdés Martell es inverosímil”.
Apoyada en un legajo de 81 cuartillas, presentado por sus abogados José Luis Nassar Naw y Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, al Juez Tercero de lo penal, dice que la sentencia dictada a la profesora Rufina Magdalena García Soto “no se tomó con base en criterios jurídicos, sino políticos”.
Y plantea: “Están próximas las elecciones, una sentencia justa perjudicaría al partido del Gobernador porque la señora Valdés lo ha politizado tanto, apoyándose en actores políticos opositores a este gobierno, que teme actuar con base en la legalidad, considero que esto es incorrecto”.
En entrevista con Quadratín, Yolanda León Ramírez reitera que la sentencia será apelada por la defensa y “agotaremos todas las instancias para que la profesora obtenga su libertad”, pues insiste en que es víctima de una falsa acusación y de la circunstancia política por la que atraviesa la entidad.
De acuerdo con las conclusiones de la defensa para la causa penal 133/2007, y recibida el 30 de abril de 2009 a las 14:50 horas, con el sello del Juzgado Tercero de los Penal, los abogados argumentan que “está demostrado que el delito nunca existió, que el hecho es falso”.
Su dicho lo sustentan, entre otros planteamientos, en que “las supuestas declaraciones del menor fueron hechas ante el Ministerio Público, sin la presencia de la defensa y sin la presencia de un órgano imparcial como lo es un juez, lo que transgrede el principio de acusación y contradicción que debe regir a cualquier sistema jurídico penal democrático”.
Además, que las declaraciones “no fueron desahogadas ante el juez bajo los principios de acusación, oralidad, contradicción, igualdad procesal, inmediación, concentración y publicidad”.
Concluyen que antes de que el menor declarara “su contenido estaba pensado por la madre y por la Institución ministerial para fabricar culpables y dañar la libertad y la dignidad de varias personas, además de que el dicho del menor contiene expresiones no usuales para una persona de su edad y la supuesta espontaneidad de sus dicho no dejan sino dudar de la veracidad de lo que en las constancias procesales se plasmó”.
Los abogados de Magdalena García Soto, aseguran que la denuncia de fecha 23 de mayo de 2007 en contra de Gabriel Hugo Constantino García, Adán Salvador Pérez Ramírez y Magdalena García Soto, “está plagada de mentiras y contradicciones, y desvirtuada con múltiples elementos de prueba”.
Entre ellas menciona que “el padre de la denunciante es médico, y esto genera la presunción de la relación de amistad o profesional que les facilita que los médicos les expidan el tipo de constancias referidas, cuando ha quedado claro son dudosas y muy cuestionables en sus metodologías”.
También, que la muestra del presunto líquido seminal que presentó Leticia Valdés como prueba de la supuesta violación, no contó con los requerimientos clínicos de custodia, pues “del momento en que supuestamente se puso en papel sanitario al momento del análisis pasaron cuando menos 14 horas”, y si la muestra viene fuera de un papel sanitario y es suficiente, puede durar sólo dos o tres horas.
La defensa argumenta que la supuesta violación “no se encuentra sustentada con elementos objetivos de prueba” y que “abundan más los elementos subjetivos que son narraciones hechas por los ofendidos”.
Advierten que entre las declaraciones que presuntamente falseó Leticia Valdés, está el hecho de que su hijo ya no asistió a la institución después del 7 de noviembre (cuando ocurrió la presunta violación); cuando en listas certificadas notarialmente, el menor acudió los días 8, 9, 10, 14 y 17 de noviembre de 2006.
Cuestionan también el dictamen de las psicólogas Erika Santos Navarrete y Sandra Mónica Gutiérrez Quintana, ya que desde su perspectiva “carecen de sustento metodológico y técnico para llegar a la conclusión de trastorno de estrés postraumático ya que los instrumentos empleados no son suficientes y los datos reportados omiten las siguientes áreas escolar, área conductual y dinámica familiar”.
“A lo largo de estas conclusiones se razonó que en el proceso quedó claro que el supuesto líquido seminal encontrado en el menor no era líquido seminal, y que la supuesta escoriación perianal no tiene correspondencia con un acto de coito o penetración anal”, establece en la hoja número 80 del expediente.
Para Yolanda León Ramírez “queda claro la parcialidad del juzgador, pues dictó sentencia en tres días, cuando para autorizar unas copias, tardaba en ocasiones mes y medio”.
La denuncia que presentó Leticia Valdés Martell fue por la presunta violación de su hijo Luis Felipe González Valdés, cometida presuntamente por Gabriel Hugo Constantino García y su maestro de computación, Adán Salvador Pérez Ramírez, apoyados por Magdalena García Soto, ésta última quien fue sentenciada a diez años de prisión por supuesta participación.
Yolanda León advierte que la primera ocasión que se ventiló el caso públicamente, el 23 de septiembre de 2007, Leticia Valdés solicitó seis millones de pesos para omitir la denuncia penal; sin embargo, no cedió a esta situación “porque la consideré una extorsión”.
La misma postura la mantiene ahora, dice, cuando le solicita una pensión vitalicia para el menor y reitera que no cesará en su lucha por que las instancias de justicia reconozcan que su determinación es injusta y no fue apegada a derecho.