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Oaxaca, Oax. 19 de junio de 2013 (Quadratín).- La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es un órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado facultada para recibir, atender y realizar la investigación de presuntos delitos electorales, en coordinación con el Ministerio Público del Fuero Común, la cual se mantiene atenta para recibir las denuncias de los ciudadanos que vean transgredidos sus derechos o sean testigos de la comisión de algún delito electoral, informó la fiscal Claudia Romo Rodríguez, titular de esta dependencia.
En entrevista, la funcionaria precisó que un delito electoral es toda aquella conducta que lesione o transgreda los derechos políticos de los ciudadanos, así como la normatividad que regula el proceso electoral 2013, en el que se elegirán a través del voto directo, libre y secreto a los diputados que integrarán la LXII Legislatura del Congreso del Estado y las autoridades de 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos.
Las sanciones que contempla el Código Penal van desde la aplicación de una multa que puede ser de 50 hasta 500 días de salario mínimo vigente o una pena privativa de libertad que de acuerdo a las leyes en la materia pueden ser de uno a cinco años de prisión. En el caso de que el infractor sea un servidor público, la ley prevé su inhabilitación en la administración pública.
La titular de la FEPADE precisó que la Fiscalía puede actuar ante la denuncia que presente un ciudadano sobre el caso que se trate, a través de manera escrita o por comparecencia para derivar en una averiguación previa, aunque dijo- se puede instrumentar la investigación cuando en algún medio de comunicación, difusión o redes sociales aporten elementos sólidos que presuman la comisión de algún acto que transgreda la ley.
Romo Rodríguez detalló que durante el proceso electoral del 2012, la Fiscalía levantó 13 averiguaciones previas y nueve actas circunstanciadas, en tanto, a lo largo del 2013 se han iniciado once averiguaciones previas y siete actas circunstanciadas.
La fiscal expuso que se configura un delito electoral cuando un ciudadano común se apodera y destruye ilegalmente propaganda o documentación relativa a un partido político, solicita votos por paga, ofrece dádivas, promesas de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral, entre otros.
También los funcionarios electorales pueden quebrantar la ley cuando obstruyen el desarrollo normal de la votación, sin mediar causa justificada o alteran los resultados electorales, sustraen, destruyen boletas, documentos, o materiales electorales.
Refirió que la FEPADE realiza acciones preventivas y supervisión de la actuación de los servidores públicos, a efecto de impedir la comisión de delitos electorales, cuando los mandos medios y superiores coacciones a sus subordinados a votar a favor de un partido político o candidato, por condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas para obligar a votar a favor de un partido político y destinan recursos públicos y activos en beneficio de alguna causa partidista.
También los ministros de culto religioso pueden ser sancionados cuando en el ejercicio de sus actividades religiosas induzcan de manera expresa a votar a favor o contra de un partido político o candidato o también a abstenerse a votar.
La fiscal para la Atención de Delitos Electorales indicó que cualquier persona que sea testigo o afectada en la comisión de algún delito electoral puede acudir directamente a las instalaciones de este órgano que se ubica en el Edificio Álvaro Carrillo en la Ciudad Judicial, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.
También con servicio durante las 24 horas puede denunciar el ilícito en el correo electrónico [email protected] o ingresar al link http://www.pgjoaxaca.gob.mx/fade/ y llenar el formulario. Asimismo se pone al servicio el teléfono sin costo 01 800 007 76 28.
La ciudadanía que se ubica en el interior del estado puede acudir ante cualquier Agente del Ministerio Público o Fiscal de Juicio Oral del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca para levantar su denuncia.