Los derechos humanos no se votan, se respetan: especialista

Oaxaca, Oax., 23 de febrero de 2012 (Quadratín).-Los derechos humanos no se votan, se fundamentan, por lo que su reconocimiento, protección, promoción y respeto es totalmente independiente del consenso o acuerdo social, afirmó el Doctor en Derecho por la UNAM, José Antonio Sánchez Barroso.
En el marco del Foro Derechos Humanos y Familia organizado por grupos de la sociedad civil, la Universidad Anáhuac y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, entre otros, Sánchez Barroso estableció que los derechos humanos deben ser reconocidos por el Estado, por lo que la validez de estas realidades jurídicas no descansa en la voluntad de quienes tienen la facultad de definir el contenido del derecho positivo.
Ante legisladores como la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Oaxaca, Ivonne Galleros, la diputada Clara Rivera, la candidata a diputada Liza Acosta y funcionarios públicos, como Felipe Heredia síndico primero; la directora general del DIF- Oaxaca, María de Fátima García León; Francisco Martínez Neri, presidente de la Mesa Directiva del Congreso y Juan Mendoza Reyes, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el doctor en Derecho dejó claro que la regla de oro en materia de derechos humanos es respetarlos siempre.
Es por ello, agregó, que la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio del año pasado, en este momento exige que autoridades federales, locales y municipales diseñen y planeen políticas públicas encaminadas a la promoción y respeto de los mismos. En suma, agregó “las políticas públicas que otorguen mayor y mejor protección a los derechos humanos, nunca serán excesivas”.
En su oportunidad, la abogada constitucionalista Ingrid Tapia, urgió a los legisladores a profesionalizar la labor legislativa y proteger más a los sectores vulnerables como los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad, con leyes correctamente hechas.
Citó como caso el del matrimonio exprés que disuelve el vínculo matrimonial en aproximadamente 40 días y deja a las partes en posibilidad de contraer nuevas nupcias; sin embargo no resuelve los problemas más importantes y somete a las madres y a los hijos a juicios por la vía judicial que tardan en resolverse meses o varios años como la patria potestad, guarda y custodia de los menores, derecho de visita, pensión alimenticia y partición de bienes.
En consecuencia, dijo Ingrid Tapia, la reforma al Código Civil para el Distrito Federal agrava esta problemática porque permite que un cónyuge se divorcie de manera exprés y pueda adquirir con posterioridad uno o más negocios, inmuebles o autos y ocultarlos a su pareja para que no los afecten con la pensión alimenticia o la partición de bienes, lo cual es “una vergüenza” pues el Estado claudica y deja a su suerte a esposas e hijos.
Reveló que de de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los 12 mil divorcios que se tramitaron en el año 2011, 10 mil siguen en litigio por los bienes y por los hijos.
Además, abundó Ingrid Tapia, en la Ciudad de México 9 de cada 10 litigios de divorcio fueron de mujeres demandando pensión alimenticia. Un estudio efectuado por el Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre Mujeres en el año 2004 señala que entre los principales temores que padece una mujer antes de efectuar el divorcio, la principal preocupación son los hijos con un 62 por ciento seguido de la situación económica por 43 por ciento.
Por ello, propuso fijar el monto de los alimentos tomando en consideración los medios de prueba para comprobar los egresos del deudos y/o el modo de vida que daba a su familia en los últimos años, además de que cuando no se pueda establecer el monto de la pensión alimenticia con base en los ingresos del deudor, se establecerá con base en los egresos del mismo.