Los focos rojos del 2015

OAXACA, Oax., 28 de mayo de 2016.- “Seis casillas de más de 5 mil convierten a Oaxaca en un foco rojo? ¡por supuesto que  no”. Esto acaba de declarar el delegado del INE, Eder Humberto Arias. Es el mismo optimismo, o cortina de humo, que en las elecciones federales de 2015 expresaron las autoridades del INE y del gobierno del estado frente al boicot magisterial.

Solo para documentar una parte de  este episodio y, por supuesto, para poner en duda que en las elecciones concurrentes de este 5 de junio todo transcurrirá en santa paz, transcribo a continuación una parte del ensayo de mi autoría ‘Oaxaca 2015: elecciones bajo fuego’,  presentado como ponencia en el 16 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales:

“No  obstante que ya desde la última semana de marzo de 2015, es decir por lo menos una semana antes del inicio del proceso electoral, la sección 22 del SNTE estaba enviando señales claras que el boicot a las elecciones federales era ya parte de un acuerdo de su asamblea estatal en tanto el gobierno federal no resolviera sus demandas gremiales y políticas, hasta la  segunda semana del mes de mayo el Consejo General del INE no había incluido en su mapa de riesgos al estado de Oaxaca, como sí lo estaban otros estados con problemas políticos y sociales derivados de la fuerte presencia del crimen organizado, prioritariamente Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Al parecer los consejeros del INE, y la propia autoridad electoral en Oaxaca, estaban demasiados confiados que la Secretaría de Gobernación desactivaría en cualquier momento lo que se juzgaba solamente como un amago del magisterio oaxaqueño para  impedir el desarrollo de las elecciones en Oaxaca y otros estados. De ahí que se resistieran a instrumentar con suficiente anticipación un plan B que les permitiera asegurar la reubicación de 1,183 de un total inicial de 5 mil 228 casillas programas para instalarse en todo el estado y de las propias sedes del consejo local y los consejos distritales y, sobre todo, el traslado y entrega oportuna de la paquetería electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Todo lo anterior, además, previsto en la propia legislación electoral.

Por ejemplo, en declaraciones a un medio local, el Vocal Ejecutivo y presidente del Consejo local del INE, Roberto Heycher, dijo a mediados de abril que no había necesidad de diseñar un plan de reubicación de casillas “dado que el proceso electoral avanza con tranquilidad”. Y  una semana antes de la jornada electoral todavía tuvo la osadía de  manifestar que “los profesores de la sección 22 del SNTE siempre han sido aliados históricos del órgano electoral”.

Sin embargo, las  señales de riesgo enviadas con el acuerdo del boicot en la última semana de marzo no se disiparon ni en abril ni en mayo pues no obstante que la Secretaría de Gobernación mantenía sus puertas abiertas para dialogar y negociar con las dirigencias de la sección 22 del SNTE y de la CNTE, resultó imposible pactar acuerdos que no incluyeran la abrogación de la reforma educativa. Y bajo ese escenario, el magisterio disidente no bajó la guardia y durante el primer mes de las campañas fueron insistentes en destruir, por lo menos en tres fechas diferentes, la propaganda electoral de candidatos de los partidos políticos, pero fundamentalmente del PRI, PRD y PAN, así como bloquear y grafitear sus oficinas, haciendo lo mismo con las oficinas del consejo local y de los consejos distritales del INE.

Pero tampoco los partidos políticos fueron lo suficientemente pro activos para obligar a la autoridad electoral a tomar medidas preventivas. Parecieron estar conformes con hacer exhortos públicos al magisterio para no boicotear las elecciones esperando que el gobierno federal tomara el control de la situación.

Los primeros acuerdos para  aplicar un Plan B se empezarían a tomar hasta después del 17 de mayo cuando la asamblea estatal de la sección 22 del SNTE acordó iniciar un paro indefinido de actividades a partir del 1 de junio, reafirmando su determinación de boicotear las elecciones federales en Oaxaca.

El acuerdo del magisterio incluía, además del paro, movilizaciones en el Distrito Federal y Oaxaca, toma de gasolineras en todo el estado y el bloqueo a las instalaciones de la refinería de PEMEX en  la ciudad porteña de Salina Cruz.

Un día después el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, anunció que no se instalarían casillas en escuelas públicas .

Pero a pesar de que lo expresado por  el Secretario Ejecutivo del INE se empezaría a instrumentar en diversos momentos por los consejos distritales, otra era la postura pública  del presidente del Consejo Local, Roberto Heycher, quien no solamente señaló que el INE esperaría “hasta el último momento” para reubicar casillas y oficinas distritales sino que aclaró que la autoridad electoral no había solicitado la intervención de la policía federal y del ejército para resguardar la jornada electoral.

“El INE evaluará las acciones del magisterio conforme vayan sucediendo”, dijo el mismo funcionario cuando la zozobra empezaba a ser visible entre los electores y la población en general ante los anuncios del magisterio de cerrar gasolineras y apostarle al caos para impedir la celebración de los comicios.

Pero esta percepción todavía optimista, o no alarmista si así se quiere interpretar, también la compartió el gobernador del estado, Gabino Cué, quien una semana antes del día de la jornada expresó a los medios de información que no había focos rojos en Oaxaca, asegurando que las elecciones del 7 de junio “se desarrollarán en paz”.

Nada mas lejano a la realidad pues entre el primero y seis de junio,  el magisterio, apoyado por grupos de encapuchados y activistas de una organización fraterna denominada Frente Popular Revolucionario, se movilizaron en los once distritos para ocupar y causar destrozos en las sedes del Consejo Local , de los consejos distritales del INE y, todavía, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca,  bloquear gasolineras, ocupar la refinería de Pemex en Salina Cruz y tomar el Aeropuerto Internacional, entre sus acciones mas contundentes.

Se trató de una operación estratégicamente diseñada para colapsar la ciudad capital y puntos neurálgicos de la entidad  dirigido a impedir a toda costa que se celebraran los comicios, que si bien no tuvo el respaldo de la mayoría del gremio magisterial, toda vez que el paro indefinido y el boicot solo lo había aprobado una tercera parte de los 78 mil maestros y trabajadores de la educación, si impactó fuertemente en la estabilidad política de la entidad y detuvo los trabajos previos a la jornada  que ya con contratiempos venía realizando el INE y sus consejos local y distritales.

En más de tres décadas de movilizaciones y tomas de edificios públicos  nunca los  grupos radicales de la sección 22 del SNTE  se habían atrevido a llegar al extremo de  provocar  y humillar a elementos del ejército como ahora lo hicieron al desalojarlos de las sedes  de los consejos distritales de Oaxaca, Huajuapan, Santa Lucía del Camino, Tlacolula y Miahuatlán,  entre otros. Primero los retuvieron y luego fueron obligados, con sus armas en ristre, a abandonar los inmuebles.

Indignado, a través de  su cuenta de twitter el ex presidente, Felipe Calderón, escribió: Es inadmisible intentar humillar a soldados por parte de la CNTE. Si no los van a respaldar y dejar actuar ya no les encarguen esas tareas”.

Sin embargo, pretendiendo reducir a su mínima expresión el agravio, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, declaró a los medios de información que la decisión para retirar a los elementos del ejército de las sedes distritales había sido tomada entre “un alto mando del ejército” y el INE . Luego precisó que esto se hizo “en los lugares en donde no había material electoral que resguardar”. En interpretación Córdova el ejército y la marina tienen el mandato legal de custodiar la papelería electoral y no de resguardar las instalaciones del INE.

Pero la realidad es que, por lo menos en dos distritos electorales, sí había material y documentación electoral almacenado que debió ser entregado por lo menos con 7 días de anticipación, de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley o mucho antes por la crisis que se enfrentaba, a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

El desabasto de gasolina provocó malestar e irritación de todos los sectores sociales, lo mismo en contra de los protagonistas del boicot que en contra del gobernador Gabino Cué. A través de las redes sociales las protestas e insultos se multiplicaron ante la inacción gubernamental.

Obligado por las circunstancias, el gobernador cambió su discurso y exigió al magisterio “respeto a las instituciones” exhortándolos a conducirse por las vías de la legalidad.

Pero los disturbios continuaron y todavía tres días antes de la fecha de la jornada electoral en algunos distritos se registraron agresiones a personal del INE, saqueos y destrucción de paquetería electoral y el incendio de por lo menos tres inmuebles que ocupaban los consejos distritales.

Fue hasta entonces que Lorenzo Córdova, presidente del INE, reconoció que la elección estaba en riesgo ante la toma de todos sus consejos distritales y del consejo local, y que ante los hechos de violencia que se venían registrando  consideraba  necesario la intervención  a las autoridades del gobierno federal  para asegurar el desarrollo de la jornada.

Para entonces la Secretaría de Gobernación prácticamente había suspendido negociaciones con la sección 22 y la CNTE.”