Los mártires de la izquierda

OAXACA, Oax. 20 de febrero de 2015.- Son demasiados, aún con los parámetros más holgados, los hombres y mujeres de izquierda que han sido eliminados por la vía violenta en el estado de Oaxaca. En los últimos 5 años han sido asesinados y los crímenes no han sido esclarecidos: Beatriz López Leyva, dirigente perredista asesinada brutalmente en su domicilio, el lunes 6 abril de 2009 en San Pedro Jicayán; Nicolás Estrada Merino, quien fuera presidente del Séptimo Consejo Estatal del PRD en Oaxaca; el diputado local del PRD por el distrito Putla de Guerrero y presidente municipal electo de San Andrés Cabecera Nueva, Everardo Hugo Hernández Guzmán; así como de dirigentes sociales, Catarino Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana; Renato Cruz Morales, dirigente de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), militante del PRD y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); Ángel Jara Gallegos, dirigente regional del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Arturo Eutiquio Pimentel Salas, originario de Juxtlahuaca, del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), quien también fue fundador del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional; también de Ignacio García y Emmanuel López y los colaboradores de Flavio Sosa Villavicencio; y el día de ayer martes 17 alrededor de la 23:00 horas cobardemente fueron emboscados, nuestros compañeros Carlos Martínez Villavicencio, candidato, exdiputado local por el Distrito 21 con cabecera en Santiago Juxtlahuaca y alcalde de ese municipio de 2009-2011, Ernesto Fidel López Nelio, ex vocero del PRD en Oaxaca, y Bernardo Bautista, colaborador del candidato.

La lista de nombres se extiende hasta 18 según lo expresado por Carol Antonio Altamirano, presidente estatal del PRD en Oaxaca, quién ha revelado la desconfianza que en la izquierda política tenemos respecto de la eficacia de la Procuraduría Estatal en esta materia, al solicitar que el caso sea atraído por la PGR, de quién al menos yo, también presento, por este medio, mis propias reservas.

No es coincidencia -como dijo Alan García, ilustre expresidente de Perú: “nada en política lo es”-, que tantos dirigentes políticos y sociales hayan sido víctimas de asesinatos violentos, por ello es bueno que el gobernador Gabino Cué haya descartado el asalto como móvil del crimen y ordenado a la Procuraduría no descartar la política como línea de investigación. Desde mi punto de vista siempre es la única válida para esclarecer el asesinato de un político opositor al régimen.

Un notable crimen impune.

Los antecedentes de la región Mixteca Alta, indican que los crímenes quedan impunes, situación en la que prevalece la inmensa mayoría de los asesinatos selectivos de dirigentes sociales y políticos de los últimos cuarenta años en nuestra entidad. Javier Santiago Ojeda en 1987 es ejemplo de ello. Comunista de toda la vida, habiendo sido en 1980 el primer candidato a Gobernador de un Partido Comunista legalizado, logró en 1986 que su movimiento comunitario: la Unión Democrática y Revolucionaria de Yosondúa, ganara el ayuntamiento de su municipio natal Santiago Yosondúa, Juxtlahuaca. Pero los caciques de la región, señaladamente vinculados al narcotráfico no iban a permitir que la izquierda ejerciera el poder municipal y obstaculizara sus negocios. El profesor fue asesinado arteramente en su propia casa de aquella población, por un sicario contratado presuntamente por los dirigentes y la candidata derrotados, integrantes del entonces partido oficial: el PRI. Luego de que el PSUM y la CIOAC se movilizaran activamente por todo el país para exigir justicia, la Procuraduría del Estado simuló una investigación, en la que -a su pesar- se probó que había marcados indicios para consignar a los presuntos responsables. Sorpresivamente pocos días antes de que se dictara la sentencia condenatoria, por consigna de Gobernación, según se nos informó -¿Quién era su titular entonces?- los jueces federales aplicaron a modo la Ley de Amparo y les concedieron la libertad, dejando impune el asesinato, que no se volvió a investigar. Meses después, uno de los principales inculpados fue promovido a la condición de diputado federal por su partido por ese mismo Distrito, sin que valieran los señalamientos que la izquierda hizo, tanto de su relación con las bandas criminales, como con el crimen del profesor Javier Santiago Ojeda. Sin embargo la sangre de este mártir fue fecunda, no gratuitamente, 6 años después, en 1994 Andrés Bolaños candidato del PRD ganaba el distrito de Tlaxiaco, en lo que constituyó uno de los pocos triunfos que la izquierda tuvo en el país en ese año.

Asesinato cobarde que sale contraproducente.

En la demarcación que abarca ese sexto Distrito Electoral Federal, durante la campaña electoral local de 2001, también fue asesinado el candidato perredista a diputado local Fidel Bautista Mejía, cuando se encontraba cenando en un establecimiento en Putla de Guerrero. Los intereses que se encontraban detrás, tenían que ver con el tráfico ilegal de madera de la zona. La derecha ultramontana defendiendo a balazos sus cotos contra una izquierda que avanza impulsando los derechos de los pueblos. La cobardía del artero crimen generó tal descontento en la región, que el PRD arrasó y la candidata sustituta Otilia Galindo ganó ampliamente la diputación del distrito. El asesinato resultó un método contraproducente para evitar el triunfo de la izquierda. No obstante, aparentemente los cacicazgos de la zona persisten en el salvaje método de la eliminación del contendiente, en lugar de buscar la vía democrática para impulsar sus intereses.

El PRD se ha fortalecido en toda esa zona y es un partido competitivo y visto con simpatía por amplios sectores de la población. Ha gobernado los principales municipios de la región de Juxtlahuaca, no obstante, el poder de los grupos delincuenciales y la fractura de los pueblos triquis, originan la violencia que prevalece, como el principal obstáculo que limita el progreso y enrarece permanentemente el ambiente.

El ominoso antecedente.

El municipio de Santiago Juxtlahuaca -lugar de los hechos- integra la agencia municipal de San Juan Copala. En el origen de la violencia contemporánea se encuentra un suceso de cruentas consecuencias en la región. El bombardeo que el Ejercito Mexicano realizó de las comunidades triquis en 1956, para combatir una presunta acumulación de armas -¿Donde he oído eso Mr. Bush?-. Paralelamente la intervención del PRI con sus prácticas clientelares, para garantizar el control político, todo lo cual fracturó las bases de la comunalidad en los pueblos triquis y al combinarse con el tráfico de armas que un sector corrupto del ejército auspició o protegió, pronto se enfrentaban unos grupos triquis contra otros por el poder local. Así llegamos al siglo 21, con un MULT, cuyo fundador Heriberto Pazos fue asesinado como corolario del cuestionado gobierno de Ulises Ruiz, un MULTI que es una escisión del anterior y un UBISORT fundada por el PRI en 1994, los enfrentamientos entre estas organizaciones y sus expresiones partidarias han generado distintos escenarios de tensión que mantienen a Juxtlahuaca y sobre todo a Copala como una ínsula donde el siglo XXI, con su pluralismo, métodos democráticos y el respeto a los derechos humanos, no acaba de arribar y en ocasiones los sucesos que allí se observan tienen que ver más con un México colonial, en el que la discriminación y la dominación imponen una lucha de clases descarnada.

La cuchara de los globalifílicos.

Intervención militar, tráfico de armas y drogas, y prevalencia de poderes fácticos en la región se cruzan con el interés de los globalifílicos neoliberales que hoy gobiernan el país. Desde la lógica de sectores muy conocidos, desmantelar a la izquierda en Oaxaca, abrirá el camino directamente a las transnacionales para que puedan explotar a satisfacción los recursos naturales principalmente la minería. El siguiente párrafo de Andrés Barreda es ilustrativo del tema:

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan 11 yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala. Andrés Barreda. Avaricia Minera: trasfondo en San juan Copala.

¿Quien se beneficia de este crimen?

Pronto será presentado el candidato a diputado del PRI y la lectura de su perfil será un indicador de quien o quienes se benefician con el asesinato de Carlos Martínez, aunque tampoco hay que descartar la hipótesis del asesinato por venganza, debido a que Carlos Martínez, luego de ser presidente municipal de Juxtlahuaca por el PUP, se postuló por el PRI en 2010 a diputado local y ganó, abandonando ese partido al poco tiempo para integrarse al PRD. Tal movilidad debe haber irritado a más de uno, lo cual lo hizo vulnerable frente a un poder fáctico capaz de matar a la gente de izquierda para favorecer sus fines. A éste es al que hay que encontrar y procesar por estos asesinatos.

El pueblo sabio de la Mixteca Alta sabrá con su voto dar una nueva lección a los criminales que frenaron de esta manera una carrera política promisoria.

Siendo dolorosas las tres muertes, la de Fidel López Nelio resulta aún más insoportable. Su presencia en la comitiva obedecía al acto solidario de ayudar a ganar a un compañero con el que se comparte la visión de país y con ello ver más cerca el logro de los anhelos de su padre: Daniel López Nelio, legendario líder campesino de la COCEI. Fidel heredó de Daniel su tenacidad y entrega al activismo como la forma más alta del quehacer político. Ello lo llevó a aquella latitud poco explorada por él, en la búsqueda de seguir forjando su fortaleza militante. Inconforme con el escritorio, en el que, con toda facilidad pudo haberse refugiado porque tenía las relaciones y el talento para ocupar un cargo en la administración pública estatal, prefirió los caminos de la construcción del Partido de izquierda en el que su padre lo dejó, como la ruta de transformación de nuestro país. Quizá -lo cual es muy válido- buscando los gritos de batalla de su padre en las consignas de las movilizaciones regionales que organizaría o la sonrisa de Daniel en la de aquellos niños a los que seguramente ayudaría. Encontró sin embargo, la muerte en manos desconocidas, pero identificables para quienes saben leer en los acontecimientos y encontrar las manos del poder en los hechos. No vivirá la sociedad transformada, justa que su padre soñó y luchó para dejarle.

Bernardo cumplía con su deber, pero su vida era tan valiosa como la de los otros compañeros. Por ello el esclarecimiento de su asesinato, como el de los demás hombres y mujeres de izquierda asesinado del 2009 para acá, es indispensable para restablecer la convivencia entre los oaxaqueños. La impunidad sólo ayuda al incremento de la violencia.

La Procuraduría está obligada a presentarnos a los culpables, quienes deberán pagar su delito; aunque éstos pasando toda su vida en la cárcel, no puedan pagar lo que vale la vida de un revolucionario demócrata.

Eloí Vázquez López es consejero nacional del PRD desde su fundación.

Twitter: @eloivazquez.