Luis Antonio Ramírez/Reformas Estructurales como motor del desarrollo

OAXACA, Oax. 12 de septiembre de 2014 (Quadratín).- Para garantizar un crecimiento económico sostenido, generar empleos suficientes y bien remunerados, fomentar la productividad de los trabajadores, incorporar mayor valor agregado a los bienes y servicios y sentar las bases para disminuir la desigualdad social, es necesario tener leyes que propicien esta estabilidad.

El Gobierno de la República es el encargado de generar mejoras en la calidad de vida de los mexicanos y para esto, se han implementado reformas estructurales, que fueron aprobadas por la 62 Legislatura, como la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la laboral, la educativa, el código penal de procedimientos penales, la política–electoral, la ley de amparo

y la de transparencia. Dichas reformas están llamadas a sustentar un nuevo paradigma para el desarrollo económico y político del país en beneficio de la sociedad.

A través de nuestra historia han existido reformas que transformaron el rumbo de la nación, respondiendo a las necesidades de la sociedad y brindando dinamismo a la economía pero, como es natural, quedan desfasadas dentro del contexto nacional y posteriormente se tienen que modificar para que tengan la misma efectividad y cumplan con el propósito por el cual fueron creadas, es decir, el bienestar de la sociedad.

Por ejemplo, el Constituyente de 1917 fijó la visión de un Estado que auspiciaría el crecimiento económico, la justicia social y la democracia política, por lo que actualizó la Carta Magna, planteando las necesidades de bienestar y los derechos de una sociedad acorde con esa época.

En 1938 se nacionalizó la industria petrolera, en un proceso donde la coyuntura y las oportunidades eran idóneas para la puesta en marcha de un modelo que, en virtud del contexto internacional, sentara las bases para la confirmación de su soberanía nacional y una política de sustitución de importaciones. Para 1960, se nacionaliza la industria eléctrica, respondiendo nuevamente a necesidades y particularidades del momento histórico.

Debido a las condiciones cambiantes del contexto internacional, la estrategia implementada fue incapaz de seguir resolviendo las demandas de la sociedad, propiciando el ajuste necesario en las políticas establecidas.

La globalización trajo consigo una serie de cambios en el contexto internacional y México se tuvo que adaptar a la situación con reformas tendientes a modernizar la competitividad del país. Así, a principios de la década de 1990 se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con ello el Estado modifica la estrategia actualizándola a las nuevas necesidades de la sociedad, abriendo la economía y potenciando su crecimiento mediante el acceso a nuevos mercados de bienes y servicios.

En los últimos tres sexenios no existieron reformas que dieran respuesta a los reclamos de la sociedad. Es hasta la 62 Legislatura, con las reformas estructurales, que se actualizan los marcos normativos y se plantea un cambio de paradigma, para responder a las necesidades de la población.

Las reformas aprobadas plantean crecimiento económico y bienestar social, pero esto sólo es el primer paso. Ellas requieren de la participación de la sociedad, una gran alianza nacional donde las fuerzas políticas y los sectores productivos involucrados apoyen a cada una de las reformas, para que su implementación y los cambios previstos determinen un beneficio al país y a su sociedad en la nueva etapa de desarrollo de México en el siglo 21.