La posverdad judicial
OAXACA, Oax., 20 de mayo de 2016.- Uno de los tres ejes temáticos que este viernes 20 formará parte de la agenda del segundo “debate” entre los candidatos a la gubernatura es el tema educativo.
Por la coyuntura de la movilización magisterial, y su impacto en la gobernabilidad de la entidad y en el aprovechamiento escolar, se esperaría que alguno o algunos de los candidatos definan con claridad las salidas que proponen para superar la conflictividad magisterial y las políticas que aplicarían desde el gobierno del estado para garantizar la aplicación de la reforma educativa o, en su caso, revisar la viabilidad de la que ahora está vigente mediante un amplio proceso de diálogo e interacción con el magisterio, padres de familia, académicos y sociedad en general.
En cualquier caso, lo que importa es que en el próximo gobierno se reabran las puertas del diálogo y la negociación con el magisterio disidente sobre la base de que ninguna reforma educativa impuesta por la fuerza del Estado tendrá viabilidad en el corto y mediano plazo.
Lo que hasta ahora hemos atestiguado es que ni la represión administrativa, ni el encarcelamiento de líderes magisteriales y mucho menos los amagos de un despido masivo han rendido los frutos esperados por los gobiernos federal y estatal.
Es cierto que el movimiento magisterial está debilitado y que insistir en sus viejos métodos de lucha como la suspensión de labores genera mas rechazos que apoyos de la sociedad.
El problema de fondo es que frente al endurecimiento del Estado, el magisterio y sus dirigencias están obligados a ser mas prudentes y responsables para no precipitar una salida represiva .
Después de más de tres décadas de movilizaciones magisteriales, y con los más bajos indicadores en educación básica, ya es hora de desenredar los fuertes nudos que siguen atando a Oaxaca al subdesarrollo y la ingobernabilidad.
Pero nuestro problema educativo no inicia ni se agota con la educación básica y la conflictividad magisterial, pues en educación superior también se tienen asignaturas pendientes.
Hoy mismo la UABJO es foco de un conflicto postelectoral que, como cada cuatro años, se pretende dirimir mediante la presión política y acciones de hecho ante la ausencia de reglas claras y suficientes e instituciones ad hoc que atiendan y resuelvan las inconformidades de quien o quienes se sienten agraviados con el desarrollo y resultados de la reciente elección de rector y que, se esperaría, pudiera ser la última mediante el voto directo y universal.
Hoy, como ayer, la fuente de buena parte de los conflictos electorales en la UABJO es su anacrónico y antidemocrático sistema electoral y toda la mapachería, que supera con creces a la que practican los partidos políticos, instaurada por grupos porriles, autoridades universitarias y las dirigencias de los dos sindicatos de trabajadores académicos.
Para tener una nueva Universidad con programas académicos de calidad como lo propone el nuevo rectorado, relanzar la investigación, eliminar la opacidad y comprometerse con la transparencia, acotar la nociva influencia del porrismo, así como la prepoderancia de los sindicatos, etcétera, es necesario e indispensable refundar a la UABJO promoviendo una nueva Ley Orgánica.
Debe ser el principio. Y para ello se requiere revalorar la autonomía universitaria; fomentar la autocrítica; promover la voluntad de cambio de los universitarios y sus autoridades, y una decidida colaboración y coordinación con los gobiernos federal y estatal.
Se dirá que si queremos calidad académica en educación superior ya contamos con las universidades del SUNEO, sin embargo, con todo y sus problemas sindicales, políticos y su crisis académica la UABJO es y sigue siendo la única universidad pública en el estado de Oaxaca y es obligación del Estado rescatarla y devolverle su estatus de Máxima Casa de Estudios.
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