Marco Polo López / Oportunidad de negocio

Marco Polo López Santos * / Quadratín
Oaxaca, Oax. 30 de enero de 2009 (Quadratín).- En esta ocasión, me propongo hacer una crítica a la iniciativa de ley, presentada al Congreso local el año pasado, por el ciudadano HÉCTOR SÁNCHEZ LÓPEZ, Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, acompañado del Ciudadano Cornelio Núñez Ordaz, Presidente del Consejo Estatal de Organizaciones de Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca, esperando aportar algunos elementos que contribuyan a enriquecer un debate amplio, que ciertamente todavía no se ha dado y en el que indudablemente, faltan muchas voces por escucharse.
Las Personas con Discapacidad (PCD), que hemos participado del movimiento que pugna por el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos, estamos ciertos de que en nuestro estado, se requiere –entre otras cosas–, revisar profundamente la legislación que existe actualmente en materia de discapacidad, con el fin de enriquecer y fortalecer el marco legal sobre este tema tan importante, considerando los preceptos establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Ciertamente, el contenido de la mencionada propuesta de ley que se presentó al congreso local, aborda temas de suma importancia, sin embargo, pese a que, tal iniciativa, intenta en apariencia, acogerse a los principios de la Convención, pronto fracasa en su intento, pues lejos de enarbolar aquellos, los contradice y se contradice a sí misma. Acudamos a la fuerza de los argumentos:
Lo primero que hay que decir, es que el cambio de paradigma que supuestamente enarbola la iniciativa de ley, aquel que en la convención está perfectamente definido, y que implica un cambio radical en la forma de conceptuar la discapacidad, al dejar de centrarse ésta en las deficiencias y limitaciones del individuo, y pasar a una visión en la que la discapacidad es el resultado de la interacción entre aquellas personas con alguna disminución, y la sociedad y el entorno que obstaculizan su desarrollo, queda reducido al plano discursivo, pues tal iniciativa, al hacer una clara distinción de aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual, se olvida del propósito superior de la Convención que es el de promover el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Analicemos el siguiente artículo de dicha propuesta:
En este sentido, la iniciativa de ley se aleja mucho de la visión del tratado internacional que desde el preámbulo hace un reconocimiento absoluto de los derechos humanos de las PCD, sin distinción de ningún tipo:
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
Lo anterior implica que el estado tendrá que aportar los apoyos necesarios para la toma de decisiones de quienes así lo requieran, pero nunca sustituirá a la Persona con Discapacidad.
De igual forma, la propuesta de ley no refrenda, ni hace la más mínima alusión al artículo 12 de la Convención, que otorga el derecho a la capacidad jurídica de las PCD en igualdad de condiciones con las demás, elemento que resulta trascendental en el tratado internacional.
Pero eso no es todo, el panorama poco a poco se va aclarando, aquella propuesta de ley esgrime el argumento de una “imperiosa necesidad de crear un Organismo Público Descentralizado, dependiente del Titular del Poder Ejecutivo; cuyo objetivo sea proponer, impulsar y vigilar las acciones de las dependencias de Gobierno Estatal en beneficio colectivo y defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.
Curiosamente, hay una insistencia notable en que dicho organismo, que sería el Instituto Estatal de Personas con Discapacidad, cuente con un jugoso presupuesto de acuerdo a su artículo 64.
Se trataría entonces, de un instituto de vanguardia, como no lo hay en ninguna parte del mundo, pues, además de ser un organismo del estado, que recibiría financiamiento público a través de un presupuesto anual, además de ello podría recibir donativos de todas partes, y recibiría un porcentaje de las multas que se cobren por violar la ley. Pero eso no es todo –aquí viene lo más interesante–, podría cobrar por venta de franquicias, concesiones o cualquier otro medio de financiamiento que el Ejecutivo del estado le autorice. Se trataría pues de un organismo público con actividad empresarial, una gran oportunidad de negocio, indudablemente.
Esto me obliga a repetir algo que ya he dicho antes, entiéndase bien, ¡no es la solución el crear más burocracia, ni corrupción!
Si la actual legislatura local en verdad está interesada en atender las necesidades del colectivo de PCD, lo cual es una deuda pendiente hasta ahora por parte de los tres poderes del estado, debe –por principio de cuentas– escuchar todas las voces que estén interesadas en opinar y proponer soluciones al respecto, debe buscar el contacto directo con las asociaciones civiles pro Personas con Discapacidad del interior del estado, y luego de ello, asumir su obligada responsabilidad de actuar en materia legislativa. A nosotros nos corresponde pedir que nuestra voz sea escuchada.
Se trata de atender los intereses colectivos de este sector de la población, y no los intereses económicos de un reducido grupo.
PD. ¿Cómo y cuándo se llevó a cabo esa participación amplia de los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña, de la que se habla en dicha propuesta para la elaboración de la nobel iniciativa de ley?

* Presidente de Trascendiendo la Discapacidad A.C.
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