María de los Ángeles Nivón. Primera línea. Periodistas

FEDERALIZAR DELITOS CONTRA PERIODISTAS
Las múltiples agresiones que a lo largo de más de una década han sufrido los periodistas en México y que tan sólo este año suman 95 atentados en contra de profesionales de la pluma y de la libertad de expresión, es una muestra fehaciente del estado de impunidad en que vivimos y de la nula actuación de la justicia mexicana.
Esta preocupante situación de indefensión en que nos encontramos los periodistas en México ha llevado a un grupo de profesionales de la comunicación como es el Club de Periodistas de México A. C., a proponer ante el Congreso de la Unión la federalización de delitos contra periodistas.
Esto sería el primer paso para que se legisle a favor del gremio periodístico, puesto que el clima de agresión a los comunicadores son elementos para generar inseguridad en el ejercicio periodístico, la autocensura y la impunidad, y Oaxaca no escapa a esta situación de atentados a la libertad de expresión.
De acuerdo al primer balance de agresiones en este año presentado por el grupo de comunicadores, se señala un registro de 95 agresiones a periodistas, casi el doble de los agravios registrados en el mismo periodo del 2007, entre los que destacan las agresiones físicas, amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, cateos y “levantotes”.
Los organizadores del encuentro Balbina Flores, Rogelio Hernández López, Carlos Padilla, José Reveles, Rogaciano Méndez, Marco Lara y Alberto Witvrun denunciaron que hay una creciente inseguridad para el gremio, debido a que las autoridades de procuración de justicia en el país no han podido frenar las agresiones, ni mucho menos los crímenes y desapariciones.
Por ello emplazaron al Congreso de la Unión a legislar en la materia, puesto que la autocensura de medios y sus trabajadores, especialmente de los profesionales de la información, ha sido uno de los impactos inmediatos de la violencia.
Y en ese ambiente sigue creciendo la impunidad para lastimar más el libre flujo de la información, al periodismo y a sus públicos.
Ante este panorama, la abogada Perla Gómez de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, advirtió que es la autoridad quien debe demostrar quién es o no periodista, no la parte agredida, porque no es posible que los periodistas, además de ser agredidos en el ejercicio de su trabajo, también tengan que demostrar su profesión.
Por tanto, la definición de periodista debe ser abierta, descriptiva y no limitativa, puesto que la carga de la prueba es responsabilidad de la autoridad, no del o la periodista.
Por ello propuso que la federalización por sí sola no basta, sino que se debe adicionar al Código Penal y reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se establezca que todo Ministerios Públicos están obligados a investigar, situación que hasta la fecha no ocurre.
Por el contrario, en muchos casos se establece desde un principio líneas que tienden a la vida personal del comunicador.
Los periodistas demandaron que las iniciativas y proyectos a discutirse próximamente en la Cámara de Diputados Federal para federalizar los delitos cometidos en contra de periodistas, sean la base mínima para que sin precipitaciones, pero a la brevedad posible, los legisladores aprueben una Ley que castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y desapariciones de comunicadores y frene una de sus consecuencias más funestas: la impunidad.
En el encuentro celebrado en la ciudad de México, los comunicadores destacaron que si bien es cierto, es fundamental contar con una legislación que aplique sanciones ejemplares a quienes agravian a los periodistas, es necesario, al mismo tiempo, establecer ordenamientos y mecanismos claros que ayuden a prevenir los crímenes y desapariciones de informadores, así como concretar avances significativos en materia de impartición de justicia.

LA IMPUNIDAD EN OAXACA
Y hablando de agresiones e impunidades, conocimos el caso del compañero del Diario El Sol del Istmo, Alfredo Luís Ruiz, quien el pasado 13 de septiembre fuera agredido verbal y físicamente por elementos de la Policía Municipal del Puerto de Salina Cruz, a quien le fracturaron una costilla y lo amenazaron de muerte.
Por eso decíamos al principio de este espacio que Oaxaca no escapa a esta situación de impunidad nefasta que ejercen los diversos cuerpos de seguridad en la entidad, puesto que este atentado que sufriera nuestro compañero Alfredo Luis Ruiz no debe quedarse como uno más en la larga lista de agravios en contra de los comunicadores.
Según el relato que nos hizo llegar nuestro compañero del Istmo de Tehuantepec, fueron seis elementos de la Policía Municipal de Salina Cruz al mando del comandante Lidien Macías Santiago quienes lo “levantaron” cuando caminaba por la Avenida Ferrocarril en el centro de esa ciudad porteña.
“Luego de someterme a golpes, me subieron a la batea de la patrulla y me trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal, donde me quitaron la camisa, una playera, mis botas, el pantalón, mi cartera con mil 800 pesos, tarjetas, así como una grabadora reporteril marca Panasónic, una libreta de taquigrafía y plumas”, establece la denuncia del comunicador.
Los elementos policíacos le reiteraron una y otra vez que el “levantón” había sido por instrucciones del director de la Policía Municipal de Salina Cruz, Cristóbal Gallegos, debido a diversas notas periodísticas que ha publicado sobre hechos de corrupción que cometen los policías en contra de ciudadanos de ese puerto y sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Fue al siguiente día cuando el director del semanario Nuevo Milenio, medio para el que también colabora, Guillermo Soto Bejarano llegó hasta la Comandancia de la Policía Municipal para solicitar que lo dejaran en libertad, no sin antes pagar una multa de 400 pesos por supuestas “faltas administrativas”.
Ante estos hechos, el compañero solicitó la intervención de la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Ibáñez para que inicien una investigación en contra del cuerpo general de la Policía Municipal, porque se estima que los policías están infiltrados con el crimen organizado y además son adictos a las drogas.

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