Mario Arturo Mendoza * / Un gobierno violento

Oaxaca, Oax. 13 de abril de 2009 (Quadratín).- Nos dice el diccionario de la Real Academia Española que la violencia (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado; que provoca, o puede provocar daños físicos o psíquicos a otros seres; y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión que también puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas.
Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas.
Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien le pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.
Existen varios tipos de violencia y sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo y el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas.
He comenzado deliberadamente el presente artículo con la definición de la palabra “violencia”. Lo anterior con la única finalidad de contar con los elementos mínimos necesarios que nos permitan concluir si a los oaxaqueños nos ha tocado convivir con un gobierno violento o no.
Resulta que ante la serie de hechos sangrientos registrados durante los últimos cinco años a lo largo y ancho del territorio estatal y que ha tenido su último referente en la persona de la estimada líder social costeña Beatriz López Leyva, hay quienes se atreven a sostener, que los violentos son los que recurren a todos los medios posibles a su alcance –incluido los órganos procuradores de justicia– con la única demanda de exigir castigo al o a los responsables. Más cuando hechos similares anteriores han sido cubiertos con el manto insensible de la impunidad. Para esos “analistas”, violencia no es dejar en la orfandad a menores de edad, cortar de tajo los sueños y las esperanzas de la persona asesinada, o dejar sin guía moral a toda una comunidad, o provocar un dolor de por vida a los inconsolables padres; no. Para ellos violencia es que se le demande a su jefe que cumpla con la promesa que un día juró cumplir y hacer cumplir, que no es más que apegar sus actos a la Constitución Federal y a la Estatal.
Violencia e impunidad van de la mano; eso lo saben quienes nos gobiernan. A mayor impunidad, mayor violencia; más si esta se ve alentada o es protegida por los funcionarios públicos o por las instituciones del gobierno. Para quien no lo quiera ver, ha sido esa violencia y esa impunidad lo que más han caracterizado a la presente administración. Cuando la agresión se vuelve un recurso político y se premia a sus ejecutores con puestos públicos o de elección popular, la violencia se vuelve institucional. Cuando la violencia se vuelve institucional, los caminos para demandar y esperar justicia se reducen drásticamente, dejando la acusación pública como una alternativa para exigir que el estado cumpla con su función. (Abro un paréntesis). Si me equivoco y se me informa que por cada ciudadano asesinado cuya línea de investigación haya pasado por lo político o por lo social, existe un responsable que está pagando una condena en la cárcel; seré el primero en difundirlo en este mismo espacio y en reconocer que no tenemos un gobierno violento. Pero mientras no sea así, lo seguiré sosteniendo; a pesar de lo evidentemente riesgoso que implica el hacerlo de frente, ante un estado cuyo forma de acallar a sus opositores es a balazos.
Por supuesto que la violencia institucional es algo político; pero no lo es porque sean generalmente los opositores al régimen los que pasen a engrosar la lista de esos crímenes sin castigo; como tampoco lo es porque sus Institutos Políticos u Organizaciones No Gubernamentales demanden el esclarecimiento de los hechos, no. Lo es, porque es la responsabilidad y la obligación de quienes tienen bajo sus órdenes a las policías investigadoras y a los órganos impartidores de justicia el presentar a los responsables. La omisión también es un delito, aunque el nivel de complicidad al que ha llegado el estado, termine por señalar violaciones, irregularidades, delitos, omisiones y más; pero ni por error, el nombre o los nombres de los responsables de tales señalamientos. Como si los ejecutores de dichas acciones se mandaran solos o no tuvieran mandos superiores. De ahí que gobiernos violentos actuén con total libertad, pues se saben amparados por sus mismas instituciones.
La violencia patrocinada desde el gobierno genera entre quienes la reciben irritación, indignación, enojo, decepción y sí; la violencia termina por generar más violencia. De ahí que resulte imperante que el estado cumpla con su función de garantizar la vida y la libertad de sus ciudadanos, incluida la de aquéllos quienes no piensan igual o que se niegan a ser cómplices de lo que observan. Mientras que los crímenes sin castigo pertenezcan a los opositores al gobierno, de nada servirán las estrategias mediáticas para tratar de confundir a la población en el sentido de que los violentos son los que han pasado a mejor vida. Si les irrita tanto que la violencia institucional se politice, en sus manos está la solución: terminen con ella. Actuén apegados a derecho, sin importar si el responsable de un delito pertenece o no a su partido político; sin importar si es o no funcionario público, sin distinguir si ha prestado o no servicios personales a quienes nos gobiernan. Acaben con la violencia que ustedes mismos han patrocinado y terminen con esa impunidad que amenaza en convertirse en su sello de distinción transexenal.
Un gobierno violento como el que nos ha tocado vivir, no es la mejor opción para un pueblo que demanda trabajar en paz y en concordia.
(*) Presidente del C.D.E de Convergencia en el estado de Oaxaca.