Mario Mendoza Flores / La Reforma del Estado

Oaxaca, Oax. 21 de marzo 2011 (Quadratín).-Respondiendo a una de sus propuestas de campaña, la cual adicional se vio enriquecida con diversos foros ciudadanos realizados en las ocho regiones del estado, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, recientemente reconoció ante coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, Convergencia y PT la necesidad de una reforma política y social en el estado. Congruente con su espíritu democrático sostuvo: “Los nuevos tiempos que vive Oaxaca demandan un arreglo institucional que responda a los intereses de la sociedad, que sea la base firme sobre la que se sustenten los pilares de nuestra vida democrática”.
El gobernador se refería así a la iniciativa de reformas constitucionales presentadas en diciembre pasado, cuyo propósito es allanar el camino para el tránsito hacia un régimen democrático.
Estas reformas buscan establecer una relación de respeto entre los tres Poderes del Estado, de modo que éstos no estén sujetos al capricho del gobernante en turno, como anteriormente ocurría. Habremos de recordar que precisamente una de las demandas principales que motivó a los oaxaqueños a promover un cambio en la forma de ejercer el gobierno, se encuentra fundamentado en su determinación por establecer mecanismos claros y precisos que le permitan al ciudadano intervenir en el rumbo del estado cuando éste perciba que las decisiones no están siendo las adecuadas, o mejor aún, previo a que estas se ejecuten. Ante tal demanda, ha sido el propio Gabino quien ha catalogado como inminente la creación de leyes que impidan que el abuso, la soberbia, la ineficacia y la corrupción se arraiguen en Oaxaca. “Porque la gente está cansada de la corrupción, de los malos manejos de los recursos públicos, la gente quiere paz, quiere ver resultados”, ha afirmado.
Hoy, cuando existe la voluntad política del gobierno estatal, la participación decidida y comprometida de la ciudadanía, así como la anuencia de algunos partidos políticos, es viable pensar en la construcción de un sistema democrático por tantos años acariciado por los oaxaqueños. A nadie a quien se le pregunte si está de acuerdo con el perfeccionamiento de los mecanismos del poder, dará como respuesta un “no”.
Es claro, cómo olvidar aquéllos días de excesos de poder, en donde la ciudadanía buscaba por todos lados cómo hacer valer el precepto constitucional de que “el poder originariamente radica en el pueblo”. No sólo hay propuestas de los Institutos Políticos al respecto, sino principalmente hay iniciativas surgidas de la sociedad civil, perfectamente sustentadas y con alcances democráticos incuestionables.
No se trata de aprobar leyes con destinatarios específicos, cuando es el pueblo quien demanda herramientas a su alcance que le permitan –no sólo intervenir sino– acotar los excesos del poder. Lejos de intereses particulares o de partido, lo que debe prevalecer en dicha reforma del estado es la auténtica voluntad para que la ciudadanía pueda intervenir en forma sencilla y expedita en los asuntos que considere son de su incumbencia y que a su vez impulse al gobierno a ser más eficiente.
Es tiempo de acabar con el déficit en la capacidad de respuesta a las necesidades de los gobernados. El fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y públicas en Oaxaca es una prioridad y esto supone que los poderes públicos realicen de mejor forma sus tareas, que el gobierno esté donde se le requiere y cuando se le necesita y que los cambios en las estructuras institucionales respondan a problemas y situaciones reales. Se trata de saber qué cambiar, qué mejorar y qué debe permanecer. Un proceso de transición se agota en la sustitución mecánica del poder público, del mismo modo que lo hace al realizar cambios que no responden a una lógica y a un proyecto definido. Ese es el riesgo, de ese tamaño es el reto. De ese tamaño la posibilidad de otorgarle un reconocimiento a la sociedad civil organizada que por años ha luchado por leyes incluyentes y de participación ciudadana sobresaliente.
La reforma del estado consiste en limitar y definir con toda claridad los alcances y las acciones del gobierno; así como el promover y alentar una relación sólida e institucional entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Permitir la creación de leyes que transparenten, limiten y alienten el ejercicio de la autoridad en forma responsable siempre pensando en el bienestar común de las mayorías. El establecimiento de mecanismos precisos y sencillos que permitan evaluar los resultados de los planes y programas de gobierno; así como hacer efectiva la demanda de transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos. En pocas palabras, la reforma del estado es la certeza para los oaxaqueños de que nunca más una historia tan dolorosa como la del año 2006 se volverá a escribir en nuestras páginas. Es ahora cuando debemos traer a nuestra memoria aquéllos momentos en que se buscaba un límite a los excesos del poder y el argumento recurrente como respuesta era “no está en la ley”.
Debo ser claro, no porque considere que los vaya a haber, sino porque fue el principal motor de cambio que nos unió a miles en un solo proyecto que encabeza el gobernador Gabino Cué.
Es por ello que los ciudadanos estamos atentos al trabajo del Congreso Estatal, quienes tienen en sus manos la gran responsabilidad de obsequiarle a los oaxaqueños una reforma del estado acorde a la enorme ilusión de miles de ciudadanos que por décadas habíamos esperado éste momento para ser tomados en cuenta.
Es por ello que no escondo el temor o la desconfianza de algunas personas en el sentido de que sean los acuerdos políticos o las presiones de grupo las que prevalezcan sobre el ánimo de cientos de oaxaqueños que ya a través de sus partidos políticos, o ya por medio de foros independientes realizados recientemente, fueron recopilando el sentir del pueblo.
Que entiendan que es el momento de romper inercias y de poner el gobierno al servicio de la sociedad; tal como lo desea Gabino Cué.
Indubitablemente el cambio que los oaxaqueños anhelamos pasa por una Reforma del Estado que sirva a los ciudadanos, y no que se aproveche por los partidos para acotar facultades con el objetivo de tener elementos de negociación y de presión; o peor aún, para negociar posiciones en órganos gubernamentales o en organismos como el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo.
Eso no quiere la gente.