Mario Mendoza* / La lucha magisterial

Oaxaca, Oax. 30 de mayo de 2009 (Quadratín).- A la crisis económica, de seguridad y de empleo que sufrimos la mayoría de los oaxaqueños, ahora hay que sumarle la crisis social que provoca la lucha magisterial; lo que en suma deriva en una crisis de gobernabilidad consecuencia de la incapacidad gubernamental para afrontar y solucionar tales problemas. En forma particular escribiré el día de hoy sobre la lucha magisterial, la que tantos deliberadamente han estigmatizado como “violenta” e improcedente.
Y si me lo permiten, quisiera comenzar éste análisis con un cuestionamiento que un joven estudiante de la Universidad “Vasconcelos” me hiciera en días recientes; esta fue la siguiente: “Cómo puede decir que apoya al movimiento magisterial, si a mi me consta que los maestros son unos flojos, que trabajan menos de 50 días al año y cobran más de 365. Además yo he visto, al menos a dos de ellos que tienen sus “casotas” (sic) y que viven mejor que muchos de nosotros”.
Para dar respuesta a su interrogante, le solicité al joven me permitiera abordarla desde tres vertientes: 1.- La perspectiva política, 2.- el aspecto económico y 3.-sus efectos sociales. Pero antes le informé que casi toda mi vida escolar, a excepción del bachillerato, la había desarrollado en escuelas oficiales, razón por la que a los maestros sólo les podía guardar gratitud y respeto; y en consecuencia, mi apoyo.
Enseguida le ofrecí los argumentos acordados: La perspectiva política: Quizá por su edad, el joven estudioso no recuerda cuando se llevó a cabo la desincorporación –al menos administrativa– del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) de la federación –o sea de la Secretaría de Educación Pública (SEP)– hacia los estados. Dada la afinidad, en ese entonces, entre uno de los sindicatos más grandes de América Latina con el partido en el poder, léase con el PRI, dicho traslado fue visto como una gran oportunidad de alimentar el corporativismo estatal que ese partido político sostiene como parte de su estrategia electoral. Fue ahí cuando se comenzaron a otorgar sin chistar todas las demandas que el sindicato año tras año presentaba; incluso, en el afán de asegurar votos a favor hacia su partido, el estado terminó por entregarles el control del Instituto que regula la relación entre el “patrón” y el trabajador. Fue el mismo estado quien alentó una relación basada en los intereses mutuos, que posteriormente resultaron insostenibles para quienes las habían propiciado, y que años después se les salió de control. Hoy la Sección XXII del Magisterio opera más como un sindicato “independiente”; lejos de control de Elba Esther Gordillo y más lejos aún del Partido que durante años lo explotó y al que hoy se le rebelan con toda determinación ante la falta de respuestas a sus demandas.
El aspecto económico: Menos del 10 % de las escuelas oficiales se encuentran ubicadas en la zona urbana de la capital, o sea que el 90 % de los profesores imparten sus clases en las zonas rurales, lugares donde además del acceso accidentado a las mismas, se cuenta con aulas en condiciones deprimentes y con alumnos faltos de la alimentación básica indispensable para un buen aprendizaje, de ahí su demanda permanente para atender dichos rezagos. Por lo que partir del supuesto de que todos los maestros viven mejor que los funcionarios del gabinete ulisista, es una vil mentira. Habrá quien tenga un ingreso decoroso proveniente de tres aspectos: capacitación, antigüedad y quizá por trabajar turno doble, pero son los menos. Si fuera un trabajo fácil como algunos medios lo manejan, con toda seguridad el gobierno del estado ya lo hubiera acaparado para sus familiares, amigos e incondicionales, pero como no es así, lo mejor es estigmatizarlos como flojos y bien pagados.
Pero además siendo Oaxaca un estado que vive del turismo, de las remesas y del gasto corriente del estado, un medio eficaz para que el circulante monetario fluya por todo el territorio, sin duda alguna que lo son los maestros. De ahí que considerar invertir en educación, más en tiempo de crisis económica como la que estamos atravesando, sería sin duda, de gran ayuda para todo el pueblo oaxaqueño. Incluso, hasta aquéllos empresarios que hoy descalifican la forma de manifestarse de la Sección XXII, se verían beneficiados con un magisterio mejor pagado.
Sus efectos sociales: Habremos de preguntarnos, ¿A quién le favorece una población con una educación deficiente?, ¿A quién le beneficia la falta de concientización ciudadana? ¿Quién gana con una oferta de mano de obra barata? Sin duda que las respuestas que usted obtenga le ayudarán a entender el por qué la falta de atención oportuna por parte del gobierno a las demandas del magisterio. Su incapacidad y su desinterés por solucionar sus demandas antes de que estas lleguen a las calles tienen su fin y su objetivo. Resulta evidente que la ciudadanía –que nada tiene que ver en la relación obrero-patronal que hoy analizamos– no tiene por que sufrir las consecuencias del desinterés gubernamental, de la falta de diálogo entre ambos y de sus diferencias ideológicas y políticas; y sin embargo es el pagano de todas ellas. Pero además se trata de una estrategia deliberada y perversa, pues es el mismo estado el encargado de alentar esa inconformidad acentuándola con su falta de intervención para detener a grupos enquistados “no identificados” que se dedican a dañar el patrimonio no sólo de las grandes empresas, sino también de las familias oaxaqueñas, que con sobrada razón se manifiestan irritadas contra los que ellos ubican como los verdaderos autores.
Se le apuesta pues a la polarización, a la afectación ciudadana, a la no intervención del estado y en conjunto a la estigmatización de una lucha que en estricto sentido no debería salir de las mesas de negociación, que el gobierno de Ulises Ruiz debiera establecer si es que efectivamente tiene la autoridad moral y la disponibilidad para ello. Pero como no les beneficia electoralmente, pues que mejor recurrir a los medios afines para tergiversar el origen del problema; que no es más que la incapacidad y el desinterés gubernamental para atender una demanda cíclica anual y financieramente viable.

(*) Presidente del C.D.E de Convergencia en el estado de Oaxaca