Misión civil “El agua es vida, defendamos su existencia” reconoce el trabajo de la CPUDA

Oaxaca, Oax. 20 de agosto 2010 (Quadratín).- Durante los días 16, 17 y 18 de agosto, organizaciones civiles promotoras y defensoras de derechos humanos e indígenas, nacionales e internacionales realizaron una misión civil de observación denominada “El agua es vida, defendamos su existencia”, en El Porvenir, San Pedro Mártir, San
Pedro Apóstol, La Barda Paso de Piedra, San Felipe Apóstol y San Antonino Castillo Velasco, comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua.
A través de la observación y documentación realizada, se constataron los graves problemas como es la escasez de agua, contaminación de ríos, arroyos, pozos de agua potable; terrenos de cultivo y la sobreexplotación del agua por parte de empresas transnacionales, problemas que ocasionan la violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades campesinas e indígenas de los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.
También se pudo comprobar la ausencia de atención de autoridades federales, estatales, la falta de recursos económicos destinados a atender estas problemáticas en la región que ayuden a disminuir y resolver la contaminación y escasez del agua.
La mayoría de las comunidades no cuenta con recursos económicos específicos encaminados a desarrollar acciones que contribuyan a resolver los problemas ambientales, la falta de apoyos se agrava con las comunidades que tienen la categoría de Agencia de Policía o Agencia Municipal, ya que no reciben ningún recurso económico que vaya dirigido a impulsar estas iniciativas, sin embargo, cabe destacar que esto no ha impedido el desarrollo de iniciativas comunitarias que buscan incidir en el fortalecimiento de los mantos freáticos, lo que es de reconocerse.
La escasez del agua ha generado de manera directa la disminución de la producción agrícola, y de manera indirecta la migración de los campesinos al norte del país y a los Estados Unidos. Todo esto ha provocando que la población vaya envejeciendo de manera considerable; existen comunidades sin población preescolar, así como la ausencia de población joven. Lo que antes era una fuente de supervivencia, hoy en día está en crisis la vida de los campesinos, por la falta de atención y abandono por parte de las autoridades estatales y federales.
Los problemas de contaminación del ambiente, la escasez de agua, la migración, la falta de proyectos adecuados y de recursos económicos; es consecuencia de la ausencia de políticas públicas idóneas por parte de las autoridades federales y estatales, en el presente caso de manera directa se ha documentado como autoridades involucradas a la Comisión Nacional del
Agua (CNA), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes no han mostrado sensibilidad frente a esta problemática, y han privilegiado trámites engorrosos y burocráticos que en nada benefician a los campesinos del Valle de Ocotlán y Zimatlán.
En cambio, existe una política del gobierno federal de beneficiar a las grandes empresas trasnacionales, otorgándoles concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, citando como ejemplo el otorgamiento de concesión para la explotación de oro y plata por parte de la empresa Cuzcatlán, de origen canadiense. Otro ejemplo es la construcción de supercarreteras, que no beneficiaran de manera directa a los pequeños productores, es decir, el desarrollo es para las grandes empresas extranjeras y no para los productores que sólo cuenta con pequeñas parcelas de surcos o melgas.
Frente a estos grandes problemas, las comunidades indígenas, no se han quedado con los brazos cruzados; durante la misión civil de observación “El agua es vida, defendamos su existencia”, se logró constatar que las comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la
Defensa del Agua están desarrollando acciones determinantes para recargar los mantos acuíferos; construyendo pozos de infiltración, bordos de captación, ollas de filtración, represas, limpieza de los caminos, arroyos, ríos; además, se pudo conocer el manejo adecuado de desechos a través de la clasificación y reciclado de la basura, tecnificación en el campo, reforestación, campañas de captación y cuidado del agua.
Todas estas acciones han significado resultados tangibles que han permitido la recarga de agua al subsuelo, lo que ha significado que los niveles del agua en los pozos suba a gran escala.
Los trabajos que han desarrollado las campesinas y campesinos productores, tienen un gran valor y significado ya que se busca cuidar el agua para las futuras generaciones, ellos afirman que “nosotros de alguna manera ya estamos más para allá que acá”, es decir, la conciencia y relación del cuidado y respeto al medio ambiente, ya que para ellos el agua es vida, sin agua no hay vida.
La Misión Civil, también se percató de la existencia de una serie de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos e indígenas de las comunidades, desde la aplicación de normas y leyes que no contempla ninguna garantía y reconocimiento de los trabajos ambientales que están realizando; una violación flagrante a los derechos colectivos, ya que se han aplicado proyectos sin realizar una consulta previa, libre e informada, así como el no reconocimiento a los derechos como pueblo originario, la imposición de un desarrollo, el cual únicamente beneficia a las grandes empresas y utilizan a las comunidades indígenas para lograr sus fines. Así como la falta de tratamiento del afluente del río Atoyac, que conduce las aguas negras de la ciudad de Oaxaca, que actualmente es un foco de contaminación para todas las comunidades que viven por todo el trayecto del Río.
La ausencia de voluntad política de atender y modificar el Decreto de Veda del año de 1967, para el alumbramiento del agua del subsuelo, impide y limita el reconocimiento y trato diferenciado para las comunidades que están realizando este tipo de obras que de manera directa e indirecta fortalecen el acuífero de los Valles Centrales.
La implementación de proyectos de supuesto desarrollo ajenos a las comunidades ha significado la violación a sus derechos. La imposición de proyectos como el de la minera Cuzcatlán, inclusive han acarreado la represión por parte del Gobierno del estado de Oaxaca frente a las justas demandas de los campesinos indígenas que protestan por el foco de contaminación que significan los trabajos de la minera.
Frente a esta situación las organizaciones participantes en coordinación con las 12 comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, exigen:
-El respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.
-El reconocimiento del trabajo de cuidado integral del ambiente y del fortalecimiento del acuífero que realizan las comunidades indígenas del Valle e Ocotlán y Zimatlán.
-El reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos naturales, tierra y territorio; como depositarios y guardianes de los recursos naturales.
-La inmediata implementación de un proyecto de saneamiento del río Atoyac.
-El reconocimiento y estricto respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, la libre determinación, que tienen las y los campesinos de Valles Centrales de Oaxaca.
-La inmediata modificación del decreto de veda de fecha 14 de julio de 1967, que ha sido planteado por las comunidades integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la defensa del Agua.