Día 23. Por oportunismo, crisis en Ciencias Políticas de la UNAM
LA CORTE, GABINO Y LA APPO
El próximo martes 13 la Suprema Corte iniciará con sus ministros en pleno, el tratamiento del ya tristemente célebre caso Oaxaca. Después del análisis del proyecto que encargaron a Mariano Azuela emitirán sus opiniones y votos particulares. Y es que derivado de las famosas facultades investigativas de la Corte, este trámite representa, para el alto tribunal, más un escollo que un procedimiento digno de sus ocupaciones.
De sobra sabido es que el fallo que, en esta ocasión, la Corte emita no tendrá efectos vinculatorios pero sí una gran trascendencia en términos políticos.
En la antesala del proceso electoral oaxaqueño, los actores políticos se muestran expectantes. El fallo será motivo de argumentación electoral que se hará llegar a los ciudadanos, a través de los medios masivos de comunicación, como factor de decisión para la definición de su voto.
Quienes impulsaron la investigación, appistas en aquellos aciagos días, coalicionistas hoy, esperan duros señalamientos contra Ulises; una especie de responsabilidad moral para hacer de ella su argumento de discurso inmediato. Sin embargo no es ese el sentido del proyecto que el Ministro Mariano Azuela Güitrón, presentó en días pasados a sus homólogos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicho proyecto inaugura la recta final de la solución jurídica definitiva del famoso caso Oaxaca. Seguramente el máximo tribunal pondrá a cada quien es su lugar y cuanto escuchemos en lo sucesivo respecto del tema podrá tener connotaciones solamente políticas y mediáticas, ya nunca jurídicas.
Las reacciones de los appistas no se hicieron esperar y esa será su cantaleta: la injusticia del más alto tribunal de la nación que exonera moralmente a un represor. Ulises Ruiz y Vicente Fox no tienen responsabilidad en las violaciones graves a las garantías individuales infringidas a ciudadanos oaxaqueños, entre los meses de mayo de 2006 y julio de 2007; en estos términos está el proyecto y en ellos estará seguramente la sentencia. Pero independientemente de connotaciones políticas, era un paso que como requisito indispensable necesitábamos los oaxaqueños para fortalecer nuestro proceso de concordia.
Los ciudadanos seguíamos esperando el pronunciamiento fundado y motivado de nuestra Suprema Corte como institución garante y vigía de nuestro sistema jurídico, incluidas nuestras garantías individuales. Que si hubo violaciones graves a los derechos públicos subjetivos, las hubo, pero los responsables fueron mandos policiales. A los cuerpos de seguridad se circunscribe la responsabilidad. Es una cuestión de estructuras de mando operativo, no político ni administrativo.
Es, a todas luces lamentable, el uso político que a esa inexplicable facultad investigativa de la corte, llamada a desaparecer se le da. Ello no demuestra más que la urgencia por ganar argumentos en pos de un solo e indivisible objetivo: la obtención de poder por el poder mismo.
En adelante tendremos a Gabino Cué y compañía generando cuanto sea posible para obtener un triunfo electoral basado más en la denostación que en el aporte de soluciones para los oaxaqueños.
Su reciente carta abierta a los ministros de la SCJN y la reunión pública que el senador lopezobradorista sostuvo el pasado viernes con Flavio Sosa y prominentes miembros de la APPO, es un botón de muestra.
Días peores están por venir. No quiere una segunda derrota y seguramente hará lo imposible por no tenerla. Sabe que en su obsesión por la silla gubernamental le va la vida.
Consciente está que el PAN no le ve con buenos ojos y no le queda más que recurrir a los de casa, a los incendiarios, barricaderos y destructores de nuestro patrimonio y fuentes de trabajo en 2006.