Mónica Zárate / Crisis social o procuración de justicia a modo

Oaxaca, Oax. 17 de abril de 2010 (Quadratín).- Resulta indignante para la sociedad mexicana, el manejo político que se ha dado en el caso de la niña Paulette en el Estado de México.
El ejercicio de la acción penal no debe estar ceñido a privilegiar o proteger intereses políticos de ningún grupo o familia poderosa económica en este país, hoy por hoy, la autonomía del Ministerio Público es una urgente necesidad para salvaguardar y hacer efectiva la justicia, trátese de quien se trate.
Los delitos que se cometen en México no deben quedar impunes y más cuando las víctimas o los ofendidos son menores de edad e incapaces, violentados por sus victimarios que en muchas de las ocasiones resultan ser familiares o gente muy cercana a ellos; en este caso no sólo hablaríamos del delito de homicidio, sino también de otros ilícitos, como violación y abuso sexual que cometen los progenitores (padre o madre) y padrastos de muchos infantes.
Estos ilícitos calificados y agravados por la premeditación, alevosía, ventaja con que se llevan a cabo y porque los cometen los ascendientes (que se supone deben velar por la seguridad y bienestar de sus hijos en base a la relación de parentesco que existe) no deben quedar sin castigo. El estado no debe ser cómplice en la investigación y esclarecimiento en estas transgresiones de la ley que tanto impactan y laceran a la población en general.
De que sirven tantas leyes y reformas al sistema de justicia penal si en el momento de aplicar la ley no hay voluntad real, se comete fraude a la misma. Si el bien jurídico tutelado por excelencia no es la vida y más de nuestros infantes, entonces en que sociedad vivimos.
Habría que preguntar qué criterios siguen las procuradurías de muchos estados para hacer efectivo el ejercicio de la acción penal en caso de existir un delito y un probable responsable.
En qué momento el Estado piensa hacer efectivos los procedimientos administrativos y penales plasmados en las leyes mexicanas que sancionan la responsabilidad de los servidores públicos que no cumplen su cometido o que lo hacen de una manera deficiente. Acaso son letra muerte.
Los sistemas de procuración de justicia no deben ser omisos ni cómplices de nadie y menos prestarse a enturbiar una investigación intentando retardar el esclarecimiento de un delito y evitar señalar responsables de manera contundente, su tarea es aplicar la ley a los responsables, que no se equivoquen ni tergiversen el sentido para lo que fueron creados.
Es urgente transparentar el ejercicio de la acción penal y acabar con la corrupción que impera en tantas procuradurías de otra manera no podrá impedirse que en el futuro vuelvan a repetirse más casos como Paulette.
El Gobernador del Estado de México tiene una gran responsabilidad, consistente en hacer efectiva la aplicación de la ley en ese Estado, sobre todo por las aspiraciones políticas que tiene y porque el caso Paulette podrá ser un gran referente en qué clase de mandatario llegaría a ser, si las condiciones políticas lo favorecieran en el 2012.

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