Mónica Zárate / Desarrollo, democracia y fiscalización, un frente contra el narcotráfico

Oaxaca, Oax. 26 de octubre de 2009 (Quadratín).- El gobierno federal necesita definir con mayor responsabilidad una estrategia mejor dirigida y planteada en la lucha contra el “narco” y la delincuencia organizada, que exista mayor coordinación con los gobiernos estatales y municipales en su implementación, lo que incluye que realmente compartan una base de datos, que permita tener un margen de error mínimo a la hora de realizar las indagatorias y enfrentar con mejores resultados al crimen organizado.
Que se implementen en las Secretarías de Seguridad Públicas Estatales, Sistemas Estratégicos de Inteligencia en la investigación y prevención de los delitos; que se erradique de manera simultánea la pobreza, la desigualdad social y el analfabetismo.
El gobierno mexicano debe ampliar el intercambio de información -bases de datos- y de sistemas estratégicos de inteligencia con Estados Unidos para hacer más efectiva la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico.
Fortalecer la democracia, lo cual coadyuvará también en mitigar el financiamiento ilícito en las campañas y en mejorar los procedimientos y filtros para la selección de candidatos en los procesos electorales.
Robustecer la autonomía e infraestructura de los municipios e impulsar su recaudación tributaria para estimular el crecimiento económico y la inversión.
Incentivar en mayor medida la fiscalización y transparencia en el ejercicio del presupuesto destinado al combate de la delincuencia en el ámbito federal, estatal y municipal.
Que se ejerza con responsabilidad y ética el presupuesto destinado a mejorar la seguridad pública sobre todo en los estados y municipios.
Que el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, se reparta con mejores estándares en las entidades federativas y beneficie en mayor proporción a los municipios.
Que este presupuesto realmente se ejerza para evitar que regrese a la Federación por haber sido sub-ejercido o en su caso desviado hacia otros rubros o a los bolsillos de los funcionarios públicos y por lo tanto no cumpla su cometido: dotar de más infraestructura a las corporaciones policíacas para que el gobierno pueda cumplir su objetivo principal, garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Para este efecto es muy importante que se establezcan reglas de operación claras y transparentes que permitan el ejercicio oportuno y eficaz del recurso sobretodo en el caso de los ayuntamientos más necesitados.
Es necesario crear órganos autónomos de fiscalización de estos recursos que dependan legalmente del Secretario Técnico del Sistema de Seguridad Nacional, que tengan como objetivo primordial realizar visitas aleatorias en estados y municipios –reguladas en la normatividad-, donde a través de inspecciones físicas se verifique y supervise la forma en que se aplican los recursos destinados al ramo de seguridad pública.
Es importante hacer obligatorio y vigilar el cumplimiento del servicio de carrera en áreas sensibles de las Secretarías de Gobernación y Hacienda, como son el Instituto Nacional de Migración y la Administración General de Aduanas (que incluya no sólo al personal administrativo, también a la policía aduanal), para evitar la corrupción y frenar con eficacia el tráfico ilegal de indocumentados y mercancías ilegales.
La implementación de los centros de control de confianza en estados y municipios es básica para la selección del personal encargado de estar al frente de los cuerpos policíacos.
Acrecentar el nivel educativo de los oficiales de la policía, del ejército y marina es una necesidad imperante que no puede esperar. De la misma forma pugnemos por alcanzar un modelo de policía profesional, mejor capacitada.
Se debe promover una reforma fiscal que garantice una distribución equitativa de la riqueza y que impulse el desarrollo humano.
Reorientar la política de desarrollo social a efecto de que no sea asistencialista.
Asimismo, el gobierno federal para prevenir el delito debe incentivar la promoción de los valores cívicos; incitar la cultura de la denuncia y la transparencia en la sociedad para hacer un frente común a la corrupción e impunidad en los sistemas de procuración y administración de justicia; elevar el nivel educativo en la población en general.
Fomentar el deporte y la construcción de más áreas deportivas, así como la difusión de programas contra las adicciones en los niveles básicos, medios y superiores educativos, lo cual permitirá desacelerar el incremento y proliferación de las pandillas urbanas y bajar los niveles de consumo de las drogas; promover programas sociales que fomenten el empleo.
Apoyar con más presupuesto a los institutos de investigación y capacitación; incentivar en mayor medida programas en apoyo a las becas de estudios; para que los trabajadores tengan mejores oportunidades laborales, y alcancen su bienestar social.
La falta de recursos y oportunidades incide en forma determinante en una opción de vida equivocada, como es el dedicarse a delinquir. Debe evitarse al máximo seguir abriéndole más espacios al crimen organizado, ésta es una labor conjunta en la que también debe participar la ciudadanía, no sólo el gobierno en quien recae la mayor parte de la responsabilidad.