Mónica Zárate / Política, narco y secuestros

Oaxaca, Oax. 18 de mayo de 2010 (Quadratín).- El secuestro del abogado y ex senador Diego Fernández de Cevallos, perpetrado el quince de mayo del presente mes, quien fuera candidato a la presidencia de la República en 1994 por el Partido Acción Nacional (PAN) ha estado rodeado de muchas interrogantes y sucesos trascendentales en la vida nacional que ocurrieron cercanos a este lamentable evento.
Hay que recordar que días antes fue victimado Luis Mario Guajardo Varela, candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas; extraditado a la Unión Americana, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; detenida la esposa de Joaquín Guzmán Loaera (Jefe del Cártel del Pacífico) en Culiacán, Sinaloa, quien fuera puesta en libertad bajo las reservas de ley, horas después tras rendir su declaración ministerial.
La privación de la libertad de este renombrado panista puede dar lugar para abrir varias líneas de investigación que abarcan aspectos de tipo personal, profesional, político y del ámbito de la delincuencia organizada, puede interpretarse como un golpe frontal al gobierno federal ante esta lucha encarnizada para combatir y suprimir la hegemonía de las células criminales del narcotráfico en México, máxime que el EPR ya se deslindó.
Hay que recordar la secuela de acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, después de la captura y muerte de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, durante el operativo implementado por miembros de la infantería de marina el 16 de diciembre de 2009.
El 22 de diciembre de 2009, casi una semana después de haber fallecido el líder de este cártel, ejecutaron al Secretario de Turismo en Sinaloa, Antonio Ibarra Salgado.
Generalmente cuando las autoridades federales asestan duros golpes al narcotráfico, las respuestas por parte de los cárteles, no se hacen esperar, son muy violentas y desafiantes hacia el Estado Mexicano.
Por último sería conveniente no olvidar que se hicieron muchos señalamientos sobre que El Jefe Diego pudo estar involucrado en la negociación y entrega de los videos de Carlos Ahumada al gobierno panista de Fox, que involucraban en la venta de favores (licitaciones otorgadas en forma dudosa) a muchos miembros de los gabinetes de los ex jefes del gobierno en el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles.
La Procuraduría General de la República conjuntamente con la del estado de Querétaro tendrán una gran tarea en el pronto esclarecimiento de este delito y señalamiento puntual de los responsables; hecho socialmente reprobable desde cualquier óptica que se analice.
La libertad y la vida son los bienes jurídicos por excelencia que deben protegerse y privilegiarse en un estado de derecho sobre cualquier situación. Será importante no caer en el amarillismo ni las especulaciones.
El gobierno federal y los estatales deberán hacer todo lo posible por salvaguardar de manera efectiva la vida e integridad de los candidatos y porque prevalezca en el país un ambiente de orden y seguridad el próximo 4 de julio, hay que evitar al máximo que la violencia sea una constante y empañe este proceso electoral.

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