Mosiés Molina / La X en la frente. Calderón, los Ministros, El Chapo y “El pelado”

CALDERÓN, LOS MINISTROS, EL CHAPO Y “EL PELADO”.
**“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad
caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden
improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la
disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo
disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley les señala”.
Benito Juárez**
El principio de la justa retribución de los trabajos personales consagrado en el Artículo 5 constitucional ha exhibido a últimas fechas sus matices.
Y es que otro artículo, el 127, ha puesto en el debate nacional la moralidad de los sueldos que perciben los servidores públicos.
El debate se reinició hace unos meses cuando los legisladores consensaron una regla general: que ningún servidor público podría ganar más que el Presidente de la República, cosa que parece de lo más razonable para el común de los mortales, pero no para los consejeros electorales del IFE, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los diputados del PAN.
Y es que en contraste con los 152 mil pesos que mensualmente recibe el Presidente, consejeros electorales y ministros podrían ganar más de 300 mil cada mes.
La semana que termina se inició en la Cámara de Senadores una reforma definitiva al 127 que ponga orden de una vez y para siempre.
Que se convalide la regla del salario máximo, fue el consenso “unánime” que los senadores entregaron a la Cámara de Diputados. Pero los legisladores panistas pareciera que no quieren que su correligionario presidente gane más que ministros y consejeros y no conformes quieren eximir del tope salarial a todos aquellos servidores públicos que no sean de elección popular, argumentando por voz de Cristián Castaño et al. la alta especialización que esos puestos que no tiene que pasar la prueba de las urnas, requieren.
¿Y donde están esos cargos? Pues en el Instituto Federal Electoral, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el Banco de México.
Y es que el intenso cabildeo de los ministros encabezados por su presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia ha sido el principal detonante de esta azulada oposición.
No es que se ponga en duda la división de poderes en México, una sola de las bancadas en San Lázaro no habla, desde luego, por todo el Poder Legilativo.
Pero la sospecha sí ronda al partido del Presidente, después de esa graciosa concesión que los ministros hicieran al PAN al permitirles montar su precampaña electoral sobre los programas sociales del gobierno de la república, con todo y que la publicidad oficial dice que “son ajenos a cualquier partido político”.
Parece que los ministros también quieren “vivir mejor” no importando si se tienen que buscar argucias legales para legitimar lo que a los ojos de la gente es ofensivo. De cualquier forma vivimos en un país de contradicciones.
Tenemos a más de la mitad de la población viviendo en pobreza, pero tenemos al tercer hombre más rico del mundo; el narco nos roba algo más que tranquilidad en nuestras ciudades, pero el narcotraficante más buscado de México aparece en Forbes y tiene la misma fortuna que el dueño de Televisa; nos escandalizamos de los altos sueldos de nuestros políticos contrastantes con su desempeño y vemos con normalidad que el técnico del Puebla gane lo mismo que un ministro y que Ramón “El pelado” Díaz se haya “robado” de México 300 mil DÓLARES cada mes del tiempo que estuvo dirigiendo al América. Son excesos que se deben revertir con el tiempo.
Todo ello es prueba de que en México si hay dinero y mucho, pero viene acompañado de iniquidades. Seguramente la reforma constitucional terminará por aprobarse. PRI y PRD han anunciado un pacto para votar en el sentido que ha propuesto el senado y al PAN no le quedará más remedio que hacer mutis y sufrir su mala decisión, porque de la resolución de la Suprema Corte que le favoreció, no solo ellos habrán de sacar provecho.
PRI y PRD tienen en los estados donde gobiernan, programas sociales de sus gobernadores en que montarse. Por verse está que el máximo tribunal abrace el mismo criterio. Con los nuevos parámetros de justicia, la “justa retribución” y la “honrada medianía” parecen cosas pasadas de moda.

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