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Aprueba comisión del CIT plan de trabajo propuesto por Nino Morales
MÉXICO, DF., 29 de enero de 2016.- El Partido Acción Nacional reprueba las declaraciones del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, quien “desacreditó a los ciudadanos y organizaciones que denunciaron la destrucción del manglar de Tajamar”, sostuvo el presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
Por ello, Acción Nacional exige a la propia Profepa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al gobierno de Quintana Roo rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones, y responder las siguientes preguntas:
1) Si las empresas dueñas de predios en Tajamar podían utilizar los permisos otorgados a Fonatur ¿por qué se solicitaron otras Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) por parte de algunos organismos privados para participar en dicho proyecto, como la relativa al proyecto “Conjunto Residencial Malecón Cancún”, ingresado el 20 de septiembre de 2012, y que obtuvo un resolutivo negativo el 11 de marzo de 2013
2) ¿Por qué no son públicos los documentos correspondientes a la prórroga de la MIA emitida en 2005, así como los permisos de cambio de uso de suelo y las prórrogas a los mismos a los que hace alusión Fonatur? ¿Cuándo se darán a conocer?
3) El resolutivo de la MIA otorgada en 2005 fue declarado en sentido “Afirmativo con condiciones”. Profepa, en la más reciente conferencia de prensa, dio a conocer únicamente el incumplimiento de Fonatur en el caso de 10 lotes del total de 44 que comprende el total del Malecón Tajamar. ¿Fonatur cumplió con todas las condiciones que estableció Semarnat para el total del predio? ¿Qué compensación forestal se pagó por el desmonte? ¿Quién la pagó y cuándo se pagó?
Durante la administración del Presidente Felipe Calderón, el 1 de febrero de 2007, se adicionó a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 Ter, con el que se brinda protección a los manglares. Mediante él, se han negado autorizaciones a proyectos que dañen este tipo de ecosistemas.
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