No hay paramilitares en los Chimalapa, aseguran observadores de Derechos Humanos

San Miguel Chimalapa, Oax., 17 de noviembre de 2011 (Quadratín).- Lejos de lo que reiteradamente señaló el gobierno de Chiapas y denunciado en comunicados emitidos por el presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario ejidal Gustavo Díaz Ordaz, en la zona de los Chimalapas, no existen grupos paramilitares, indicó en su informe final de la misión civil de observadores de Derechos Humanos y grupos ecologistas que visitaron la zona oriente el pasado fin de semana.
Sobre de esta situación, especificaron, que los mismos pobladores de ambos grupos confrontados negaron frente a la Misión que hubiera presencia de grupos armados.
De igual manera, los elementos del ejército acantonados en la zona, manifestaron no haber detectado la presencia de grupos armados ni de paramilitares.
Durante tres días (12, 13 y 14 de noviembre) estuvo en la zona oriente de los Chimalapas, una misión civil de observadores de derechos humanos y ecologistas para conocer la problemática agraria y social entre comuneros oaxaqueños (San Antonio y Benito Juárez) y ejidatarios chiapanecos (Gustavo Díaz Ordaz y Rudolfo Figueroa).
La misión civil de observadores de derechos humanos y grupos ecologistas, convocada y coordinada por el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDCCH) y conformada por veinte personas pertenecientes a organizaciones civiles y colectivos de observación de derechos humanos y ecologistas, se trasladaron desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta la porción oriente de la región de Los Chimalapas.
En el informe de la misión se especificó que el desarrollo de las actividades realizadas durante todo el recorrido, transcurrió sin que se presentara ningún tipo de altercado, provocación ni hostigamiento, pudiendo transitar libremente por toda la zona, pese al conflicto existente, además de que el Ejército mexicano ahí acantonado, los trató con respeto, acompañándolos y resguardándolos a lo largo de todo el recorrido, respetando cuando les solicitaban que no estuvieran presentes en momentos en que entrevistaban a las personas ó en momentos en que se reunían como Misión.
Se pudo detectar la masiva presencia de policía preventiva del estado de Chiapas en los dos poblados de origen chiapaneco (Rodulfo Figueroa y Díaz Ordáz), cuyos elementos mantuvieron ante la Misión Civil, una actitud recelosa y relativamente agresiva (sin llegar a transformar esta actitud en ningún tipo de conducta).
“Extrañamente, no constatamos la presencia de ningún elemento de la policía oaxaqueña, y sí, en cambio, de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) como parte de la Base de Operaciones Mixta (BOM) acantonada en San Antonio Chimalapa, misma que está a cargo del Capitán Segundo de Caballería del Ejército mexicano, Juan Pacheco Martínez.”
Por último especificaron que en el origen del conflicto y en el escalamiento de la tensión y violencia social existente en la zona oriente de Los Chimalapas, existe una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB.
“La primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender administrar el conflicto social, cuando desde hace meses se venía advirtiendo públicamente de la inminencia de enfrentamientos-; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.”
La misión consideró altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, el usar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres como verdaderos “escudos humanos”, orillándolos a una confrontación violenta, que sólo beneficia intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales y en detrimento de los derechos de la naturaleza.