Nombramiento, antigüedad y puesto de empleados estatales y municipales: Información Pública de Oficio

Oaxaca, Oax., 1 de julio de 2010 (Quadratín).- En Sesión Pública de Resolución, el Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), integrado por los Comisionados, Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz, resolvió –por unanimidad de votos- ordenar a la Secretaría de Administración entregar información relativa a nombramiento, antigüedad y puesto de cinco servidores públicos del gobierno del Estado, debido a que tales datos son considerados por la Ley de Transparencia de Oaxaca, como Información Pública de Oficio.
La ponente del caso, Comisionada, Alicia Aguilar Castro expuso que dos solicitantes pidieron –por separado y sobre distintos funcionarios públicos- a la Secretaría de Administración, la confirmación de que cinco personas son empleadas de la administración pública, en qué dependencias del gobierno del Estado prestan sus servicios, qué tipo de nombramiento tienen, qué puesto desempeñan y desde cuándo son empleadas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
A esta solicitud de información, la Secretaría de Administración respondió negando los datos, argumentando que se trataba de información de carácter personal, y por tanto considerada confidencial, que sólo podría entregarse con la autorización de los titulares de estos datos personales.
En el análisis del Recurso de Revisión promovido por los solicitantes inconformes con la respuesta del Sujeto Obligado, se determinó que de acuerdo al Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, los datos antes mencionados están clasificados como Información Pública de Oficio, por lo que el órgano garante del Derecho a Saber en Oaxaca revocó la respuesta de la Secretaría de Administración y le ordenó entregar la información.
Cabe apuntar que la Leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales de Oaxaca consideran como información confidencial aquella que pondría en riesgo la integridad de las personas, porque se expondrían datos sensibles de su privacidad, como enfermedades, preferencias religiosas, sexuales y políticas, deudas, patrimonio; pero no así los datos que en función de su actividad pública deben estar al alcance de la población para la rendición de cuentas y transparencia de la gestión gubernamental.