Nuevo Sistema Penal Acusatorio, llamado a ser guardián de la paz social

MÉXICO, DF, 18 de junio de 2015.- El consejero de la Judicatura Federal (CJF), Alfonso Pérez Daza dijo que el derecho penal está llamado a erigirse en el guardián de la paz social que México demanda.

El país se encuentra en una nueva era en la que todos los operadores del sistema penal acusatorio deben asumir el reto de lograr su legitimidad, frente a las aspiraciones del ciudadano de contar con una justicia pronta, justa y expedita se informa en un comunicado.

La correcta aplicación del derecho penal, precisó, permitirá a los mexicanos vivir en armonía y prosperidad, dando plena vigencia a los principios constitucionales que exige un país libre y un Estado de derecho robusto.

Al participar en el ‘Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Experiencias Comparadas’, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores SER), enfatizó que «la legitimidad del nuevo sistema, como parte de las políticas públicas, también implica un reto en cuanto al costo económico que representa y la necesidad de justificar de manera transparente el uso de recursos públicos en su implementación».

Dijo que ante los riesgos de reincidencia, debe analizarse el encarcelamiento a la luz de lo que realmente funciona. «Eso nos invita a reflexionar sobre la necesidad de enfocarnos en la prevención del delito y el uso de los medios alternativos de solución de conflictos».

Explicó que la reforma penal de 2008, busca la transformación de las instituciones de administración y procuración de justicia penal a efecto de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

Especialmente, subrayó, tiene por objetivo proteger al inocente, garantizar la reparación del daño a la víctima y que el culpable no quede impune, lo cual permite a su vez cumplir con los compromisos internacionales del Estado Mexicano.

El también presidente de la Comisión de Disciplina de este cuerpo colegiado, advirtió sobre la importancia de contar a la brevedad posible con la legislación secundaria en materia de ejecución de penas, para que los jueces que conocerán de esta función jurisdiccional, cuenten con el marco normativo indispensable para resolver una controversia y logren la óptima aplicación del derecho y del nuevo régimen.

Destacó que una de las trasformaciones del nuevo sistema penal es que ya no será el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el que conozca y dé seguimiento a la ejecución de las penas, sino ahora esa responsabilidad recaerá en el Poder Judicial de la Federación.

Por ello, añadió, «la justicia mexicana vive el comienzo de una gran etapa, en donde para la aplicación sustantiva y adjetiva del sistema acusatorio a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere esencialmente de la capacitación y actualización de sus operadores, ante el gran reto que significa pasar de un sistema de justicia penal mixto, predominantemente inquisitorio a uno acusatorio».

Pérez Daza, en su calidad de representante del CJF para la Implementación de la Reforma Penal, señaló que los operadores del nuevo sistema, es decir magistrados, jueces, secretarios, actuarios, ministerios públicos, investigadores, peritos, policías y demás funcionarios que laboran en las instituciones de impartición y procuración de justicia, deben contar con los conocimientos y el compromiso para responder a la expectativa social que existe.

Explicó que el sistema acusatorio en nuestro país se encuentra en vías de consolidación y que actualmente están en funcionamiento los Centros de Justicia Penal Federales en los Estados de Puebla, Durango, Yucatán y Zacatecas.