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OAXACA, Oax. 26 de diciembre de 2013 (Quadratín).- El Nuevo Sistema de Justicia Penal beneficia al ciudadano involucrado en un problema legal porque será inocente hasta que se demuestre lo contrario; es decir, no estará en prisión por meros señalamientos, salvo en casos excepcionales, donde se ponga en riesgo la integridad de la víctima, su comunidad o la continuidad del proceso.
A esta acción se le conoce como la aplicación de “medidas cautelares” y consisten en aquellas que dicta el Juez de Garantías durante la audiencia de imposición de la medida cautelar, para asegurar que la persona acusada acuda al juicio el día y la hora señalada y pueda concluir el proceso de manera exitosa.
Ejemplos de ellas son: la asistencia periódica al juzgado, el uso de brazaletes electrónicos o la limitación geográfica de la libertad de tránsito.
Las medidas cautelares en el proceso penal afrontan la difícil tarea de conciliar la necesidad de proteger a la sociedad y, en especial, a la víctima u ofendido tras la comisión de un hecho considerado como delito, con la obligación del mismo Estado de Derecho, de respetar las garantías individuales de la persona sujeta a proceso penal.
Dependiendo del tipo de delito y el perfil del acusado, el Juez de Garantías dicta la medida cautelar, la cual puede ser restrictiva o privativa de la libertad. Sin embargo, a través del tiempo puede modificarla si, por ejemplo, el imputado incumplió las condiciones que se le impusieron para continuar su proceso en libertad.
Las medidas cautelares están dedicadas a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia, como medidas de resoluciones del órgano jurisdiccional, de modo que las partes dispongan de argumentos sólidos para solicitar la medida que consideren adecuada y el Juez tome una decisión informada conforme a derecho, contrario a la manera en que las autoridades judiciales toman decisiones en el sistema inquisitorio.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que estas medidas deben imponerse de manera excepcional, sin embargo, se debe garantizar que el cumplimiento sea adecuadamente supervisado.