ONU y Poder Judicial evalúan los avances obtenidos en Acuerdo de Colaboración

Oaxaca, Oax. 7 de junio 2012 (Quadratín).-En días pasados, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia, sostuvo una reunión de trabajo con el representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH), Javier Hernández Valencia, con la finalidad de valorar los avances del Acuerdo de Colaboración para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, mediante el cual se establecen, entre otros puntos, dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en esta materia contenidas en el ordenamiento jurídico, incluyendo el internacional.
Lagunas Rivera, señaló que el Poder Judicial hoy más que nunca está comprometido con el desarrollo de programas y acciones para el mejoramiento de la gestión judicial, en lo cual ya trabajan, así como en el establecimiento de políticas públicas en materia de formación con perspectiva en estos derechos.
Ante la directora de Derechos Humanos del Poder Judicial, Marina Santiago Cuevas y la Oficial de Derechos Humanos de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la OACNUDH, Aída Marín Acuapan, se destacaron las actividades que ha realizado dicho Poder para identificar los principales problemas y obstáculos que impiden a la sociedad el goce efectivo de sus garantías.
Cabe señalar que, a lo largo de este año, dicho órgano judicial ha participado en cinco reuniones con las instituciones y organizaciones que celebraron el Acuerdo de Colaboración, estableciendo el objetivo del diagnóstico por grupos de población, tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, en situación de discriminación por sus preferencias sexuales o afectivas y defensores de derechos humanos.
Correspondiéndole al Poder Judicial las acciones adecuadas sobre la temática de niños, niñas y jóvenes. Es importante mencionar que a través de este acuerdo y con base en el marco normativo del derecho internacional, nacional, regional y local, se generarán políticas públicas y programas de protección a las garantías de las personas.